Mientras la superestructura de los políticos discute lugares en las listas para las elecciones, un grupo de economistas del peronismo está trabajando en una propuesta sobre qué hacer con el préstamo del FMI. La presidenta del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner, está en conocimiento de los vertiginosos intercambios de ideas, que hoy se encuentran incorporados en una décima versión del borrador, al que tuvo acceso exclusivo El Destape.
En el reportaje en C5N con Gustavo Sylvestre, CFK había afirmado: “Una de las puntas a explorar en una futura negociación con el FMI, que no pasa por decir que no vamos a pagar, sino por renegociar y recibir lo que le corresponde a la Argentina por su cuota en el Fondo Monetario”.
Lo dijo a partir del contenido del documento, que sigue en elaboración en la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. Es una estrategia relevante porque existe consenso de que una política económica alternativa, a la del ajuste permanente y destrucción del entramado productivo de Milei, exigirá la renegociación global de la deuda, y en particular la del FMI, que se ha convertido en el principal acreedor individual por monto y por ser privilegiado, además de ser el interlocutor un equipo de tecnócratas representantes de funcionarios de las potencias económicas.
Este debate es crucial, más aún, cuando el Fondo Monetario Internacional está interviniendo en forma activa en la vida política doméstica, y, cuando se defina un texto definitivo, este será informado por el PJ nacional para dejar en claro cuál será la posición ante el FMI de un eventual gobierno de otro signo político.
Otro papelón del FMI con Argentina.
Se trata de una discusión que excede las elecciones de medio término, en octubre próximo, y resulta fundamental después del comunicado del FMI de esta semana. El plan económico de Javier Milei no alcanzó la meta trimestral de acumulación de reservas y no ha accedido al financiamiento voluntario en el mercado internacional de capitales. Pese a estas falencias, el FMI ni siquiera consideró otorgar un perdón (waiver) por ese incumplimiento y asegura que Argentina “ha vuelto a ingresar a los mercados internacionales de capitales antes de lo previsto”.
Si algo faltaba para hundir hasta el peor de los niveles la reputación de la tecnoburocracia de Washington, fue haber ignorado una meta cuantitativa del acuerdo y, además, mentir sobre emisiones inexistentes de deuda pública en el exterior.
Este nuevo papelón del staff técnico del Fondo confirma que Estados Unidos hace y deshace lo que quiere en este organismo multilateral. La vergonzosa aprobación de la primera revisión del acuerdo con la administración liberal-libertaria habilita el giro de 2000 millones de dólares, en otro aporte del FMI al financiamiento de la campaña electoral de Milei.
En la próxima semana, cuando el directorio ejecutivo del FMI termine de avalar el informe de evaluación de los técnicos, el carácter político del crédito millonario tendrá otra renovada ratificación.
¿Qué dice el documento de economistas del PJ?
La primera parte del informe de economistas justicialistas detalla que Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional una deuda que supera por más de tres veces la cuota que le corresponde como país miembro. Al 30 de junio de 2025, la deuda en concepto de capital asciende a 54.597 millones de dólares, resultado del crédito stand-by de 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, la reestructuración firmada en 2022 y el nuevo préstamo contraído por el gobierno de Javier Milei en abril de 2025, por otros 20.000 millones, de los cuales ya se desembolsaron 12.000. En pocas semanas, se sumarán otros 2000 millones.
Explica que, según las normas del FMI, el acceso acumulado normal a financiamiento no debe superar el 435 % de la cuota del país, lo que en el caso argentino equivale a 19.400 millones de dólares. Sin embargo, hoy Argentina debe el 1363 % de su cuota, ubicándose muy por encima de los límites ordinarios.
La excepción que viola la regla.
Los economistas del PJ ilustran que el FMI tiene una política específica para los casos denominados de “acceso excepcional”, que exige el cumplimiento de cuatro criterios estrictos:
- Sostenibilidad de la deuda.
- Acceso o perspectiva de acceso a los mercados internacionales.
- Un programa económico sólido.
- Capacidad de repago de la deuda con el Fondo.
En el caso argentino con Macri, el organismo no respetó estos parámetros; y lo mismo va en camino con Milei. El propio Fondo, cuando entregó el préstamo a Milei, calificó la deuda argentina como “sustentable, pero con baja probabilidad”. Otro de los supuestos es que el país recuperaría el acceso al financiamiento internacional. Pero el riesgo país no baja, sino que, por el contrario, sube.
Para eludir esta evidente inconsistencia, la tecnoburocracia del organismo miente en el último reporte, afirmando que el país regresó al mercado internacional (¿los directores del FMI se dejarán engañar o serán cómplices de esta falsedad?).
La responsabilidad del FMI en la entrega de préstamos políticos.
El último borrador del documento dice que el caso argentino es un ejemplo paradigmático de corresponsabilidad entre prestatario y prestamista, un principio reconocido en el derecho financiero internacional. “Cuando el FMI viola sus propias normas y otorga créditos que exceden los límites institucionales, sin condiciones realistas de repago, la deuda resultante puede ser objeto de revisión y reestructuración”, afirma.
Se plantea que la magnitud del endeudamiento abre una ventana política y legal para discutir la legitimidad de la deuda. No se trata sólo de lo que debe el país, sino también de cómo y por qué se contrajo.
La resolución 69/319 de la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobada en 2015, fija principios básicos que deberían regir cualquier proceso de endeudamiento y reestructuración soberana. En el caso argentino, estos principios fueron ignorados.
Uno de ellos es el principio de sostenibilidad, que establece que todo préstamo debe promover un perfil de deuda estable y contribuir a un crecimiento económico sostenido. Los acuerdos entre Argentina y el FMI hicieron exactamente lo contrario: profundizaron la recesión y deterioraron el bienestar social, sin garantizar estabilidad ni resultados duraderos.
¿Cuál es la propuesta de los economistas justicialistas?
El informe del PJ dice que el Fondo Monetario Internacional no puede limitarse a actuar como un prestamista privado. “Sus decisiones tienen consecuencias políticas, sociales y económicas que impactan de lleno en la soberanía de los países deudores”, sostiene.
Recuerda que Argentina ha sido un deudor cumplidor con el FMI incluso en condiciones adversas. En 2006, el gobierno de Néstor Kirchner canceló la totalidad de la deuda con el FMI —unos 9530 millones de dólares—, lo que equivalía a un 350% de la cuota, es decir, dentro de los márgenes ordinarios. Aquel pago, financiado con reservas internacionales, permitió recuperar grados de soberanía macroeconómica. Hoy el panorama es el opuesto.
Uno de los economistas que planteó inicialmente debatir en términos políticos el préstamo del FMI, antes con Macri y ahora con Milei, es Daniel Kostzer. Indica que existen antecedentes internacionales que avalan la revisión de deudas excesivas cuando se verifican condiciones de ilegitimidad, ausencia de beneficio para el país deudor o violaciones a los procedimientos institucionales. Por ello, la idea es avanzar en la siguiente propuesta:
- Reconocer la obligación de pago sólo hasta el 435 % de la cuota.
- Suspender los pagos sobre los tramos excedentes.
- Solicitar formalmente la revisión del acuerdo al FMI.
- Crear una auditoría independiente para evaluar la legalidad y el destino del endeudamiento desde 2018.
- Plantear el caso ante foros multilaterales, bajo una agenda de corresponsabilidad institucional.
"Limitar los pagos al umbral del 435% de la cuota (unos 19.400 millones de dólares) permitiría honrar compromisos razonables, sin dinamitar el tejido económico y social", es el presupuesto político de la negociación, al expresar voluntad de pago.
Los muertos no pagan.
Los economistas del PJ sentencian que el “excedente político” de deuda no debe ser naturalizado, para aclarar que no se trata de desconocer las obligaciones, sino de restablecer un principio elemental: los compromisos financieros no pueden estar por encima del interés público, la estabilidad macroeconómica y la soberanía democrática.
Los desembolsos del FMI fueron por decisión política, no técnica, lo que compromete la legitimidad del acuerdo y habilita su revisión.
Este uso geopolítico del crédito no es un detalle menor. Expone al FMI no solo como corresponsable de la crisis, sino como un actor político activo, dispuesto a favorecer gobiernos aliados aunque esto implique socavar la credibilidad institucional del propio organismo.
El Club de París, una opción para la negociación política.
El nuevo acuerdo firmado por el gobierno de Javier Milei se sumó a este mismo patrón. El informe postula que no se trata sólo de revisar cifras técnicas. El primer paso sería limitar cualquier negociación futura con el FMI al monto que hubiera correspondido por su cuota, y no validar préstamos otorgados bajo presión geopolítica o en violación del estatuto del Fondo.
Como se sabe, el FMI no cuenta con ninguna instancia externa e independiente de apelación: la última palabra la tienen los mismos países que dominan el directorio ejecutivo. No hay Corte Internacional ni panel arbitral al que un país deudor pueda recurrir frente a un incumplimiento por parte del Fondo.
El economista Daniel Kostzer propone incorporar al Club de París como espacio para discutir la reestructuración de la deuda contraída por encima de los límites estatutarios del FMI. Este organismo, que agrupa a los principales acreedores públicos, ha servido históricamente para encauzar reestructuraciones de deuda soberana con criterios de corresponsabilidad y gradualismo, y puede jugar un papel clave en un rediseño del marco de pagos.
El Club de París, según la descripción de su página web es “…un grupo informal de prestamistas oficiales cuyo rol es encontrar coordinadamente y de manera sustentable soluciones para las dificultades de pago experimentadas por los países deudores.” y agrega que “…provee un tratamiento de deuda a los países deudores en la forma de reprogramación, que es alivio de deuda a partir de posponer, o en el caso de las reprogramaciones concesionales, reducción de los servicios de deuda durante un periodo definido (tratamiento de flujo) o como ´set date´ (tratamiento de stock)” .
El Club de París se formó en 1956 cuando Argentina pidió reunirse con sus acreedores públicos. Tiene 22 miembros permanentes y algunos ad-hoc, y lleva reprogramada la deuda de 101 países por un total de 612.000 millones de dólares en 477 acuerdos.
Quienes mandan en el FMI son los mismos que manejan el Club de París.
Los países que integran el Club de París son los más poderosos, y los 22 miembros permanentes contabilizan el 62,85% de paquete accionario del Fondo Monetario Internacional, y las sillas que ocupan (varios de ellos como titulares) alcanzan al 70% de la capacidad de voz y voto en el directorio de la organización.
Para cambiar las condiciones de negociación el FMI requiere la aprobación con mayorías especiales de la Asamblea de Gobernadores. No lo puede hacer el Directorio unilateralmente, aunque se han observado excepciones si vienen dictadas desde la Casa Blanca.
En el Club de París no hay restricciones en términos de plazos, se puede reestructurar la deuda, reprogramar los pagos, y conseguir condiciones claramente tan políticas como las que los llevaron a promover y aprobar el préstamo del FMI. En la práctica, la negociación apuntaría a extender el plazo de pago a más de 10 años -límite máximo de los acuerdos con el FMI-, al lapso de 20 a 30 años, y con una tasa interés igual o más baja porque se eliminaría los sobrecargos que aplica hoy el Fondo.
Kostzer dice: “Pienso que se debe revertir la marcha, de mostrar vocación de pago, pero también de que los responsables externos se hagan cargo de la parte que les corresponde y que quede claro, no solo para los sectores afines al gobierno, que fue un salvavidas político para evitar que el país vuele por el aire en 2018 y en 2024, financiando la fuga de capitales, el atraso cambiario y al costo de políticas antipopulares”.
En definitiva, además de ser una propuesta técnica, la inevitable futura renegociación del préstamo del FMI es una disputa política sobre soberanía, legalidad y sostenibilidad.
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