En los primeros siete meses del año, la administración Milei redujo el gasto primario en torno a los 3,6 puntos porcentuales en relación al promedio ejecutado durante el período 2015-2023 por menores erogaciones de prestaciones sociales y subsidios económicos
La matriz constitutiva de La Libertad Avanza es el ajuste sobre la población. También cierto dibujo de sus cuentas fiscales. Si bien el Poder Ejecutivo volverá a festejar (a lo Pirro) un superávit primario durante el séptimo mes del año, el pago de los intereses de la deuda en moneda extranjera ya generó el primer déficit financiero de este 2025 electoral.
Estas fueron las principales conclusiones de un informe elaborado por la consultora PxQ. Hacia adelante, el Gobierno deberá enfrentar dos nuevas licitaciones donde el principal desafío será garantizar el rollover de los vencimientos en pesos –para evitar un salto al dólar- previo a las elecciones de septiembre y octubre.
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Ojos que no ven, prestaciones que se van
La administración Milei pisó el gasto público, principalmente en el rubro prestaciones sociales y transferencias hacia el sector privado. Solo a partir de este artilugio – que afectó a los beneficiarios de las jubilaciones o pensiones-, La Libertad Avanza consiguió su tan mentado superávit.
De acuerdo a un informe de la consultora PxQ, las prestaciones sociales registraron una variación positiva del 3,4% durante los primeros siete meses del año, cuando durante el mismo período de 2020 habían registrado una variación del 5,3% (plena pandemia); durante el macrismo también hubo un mejor comportamiento del gasto en prestaciones sociales que el registrado en la actualidad. Por caso, en los primeros siete meses de 2017 habían avanzado un 5,2%.
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Los resultados de julio no alcanzaron para revertir la tendencia. Durante el séptimo mes del año se consiguió un nuevo superávit primario, aunque el pago de los intereses en moneda extranjera generó el primer déficit financiero de este 2025.
De acuerdo al informe de PxQ, en la comparación anual, los ingresos reales tuvieron un alza de 2,8% (impulsados por Bienes Personales y una mayor liquidación de la soja), mientras que el gasto mostró una contracción de 1,3%. El ajuste, ante todo.
En el ranking de recortes, la consultora que lidera el economista Emmanuel Álvarez Agis, enumeró la situación de los salarios del sector público, con una merma del 10%, seguido por infraestructura (-28%), subsidios energéticos (-28%), subsidios al transporte (-13%) y transferencia a las universidades (-8%).
De seguir en la misma senda fiscal, la administración Milei podrá exhibirle al FMI el cumplimiento de una de las metas establecidas con el organismo – según la apreciación de PxQ- pero a costa del ajuste social y económico que recae sobre gran parte de la población.
¿Las elecciones de septiembre y octubre funcionarán como un termómetro del humor social de los afectados por el torniquete presupuestario del mileismo? No hay nada más incierto que predecir un comportamiento electoral en estos tiempos de algoritmos fácilmente manipulables. Pero si existiese algo cierto, eso serían los vencimientos de deuda en pesos que el Gobierno deberá afrontar antes de las elecciones.
“En los próximos meses, el Tesoro afrontará dos licitaciones donde el principal desafío será garantizar el rollover de los vencimientos, dada la elevada concentración de deuda de corto plazo en instrumentos de tasa fija con vencimientos el 29 de agosto y el 12 de septiembre”, concluye el informe de PxQ.
La cara de la crueldad
En la ejecución presupuestaria acumulada del año queda expuesta la crueldad de la administración Milei. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) realiza un sistemático análisis del gasto devengado por la administración nacional. Según su último informe, las erogaciones por salarios para los trabajadores públicos registraron una merma acumulada del 9,6% “como resultado de paritarias por debajo de la inflación y de la disminución en la cantidad de cargos ocupados en la planta permanente”, una suerte de eufemismo para sindicar la cantidad de despidos decididos por el Poder Ejecutivo.
La merma en los programas sociales fue del 17% en términos reales. Dentro de esta categoría, el programa Volver al Trabajo y Acompañamiento Social tuvieron una caída del 40%, explicado por el congelamiento del valor de la prestación desde diciembre de 2023. “El poder de compra se ha deteriorado en un 61%”, destacó la OPC.
En el caso de las políticas alimentarias, la caída en la ejecución presupuestaria fue del 16,6%. Tal decisión incluyó recortes en la Prestación Alimentar, con un descenso del 18%. El monto de esta asignación no tuvo incrementos desde julio de 2024; su poder adquisitivo se derrumbó en un 23,8% promedio en siete meses.
Por último (pero no menos importante), los tan promocionado vouchers educativos tuvieron un recorte presupuestario del 17%, sumado a la falta de ejecución del Programa Acompañar.
Antes de privatizar, desfinanciar
En el rubro gastos de capital, el recorte fue del 33,5% en términos reales, explicado por las menores transferencias hacia fondos fiduciarios y empresas públicas como Aysa, con un cartel de venta en su hall de entrada. El desfinanciamiento de la empresa nacional de agua fue total, con un recorte de los gastos de capital (inversión) del 97%.
La obra pública y los programas nacionales de vivienda también fueron desactivados. Las transferencias de capital vinculados a estos rubros tuvieron un ajuste del 63,3 por ciento. “Se verifican siete meses consecutivos de recortes principalmente por la nula ejecución de transferencias a fondos fiduciarios, especialmente el Procrear y el Fondo para la Vivienda social, disueltos por los decretos 1018/2024 y 6/25”, puede leerse en el informe de la OPC.
La empresa nacional de energía, ENARSA, también sufrió la motosierra, con un recorte del 75,7%. Esto se relaciona con los tijeretazos en los subsidios, con un ajuste acumulado del 58,7% interanual por la menor compra de gas importado, a pesar de que hubo que cerrarles el grifo a varias industrias durante algunos días por las bajas temperaturas sufridas en el país.
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