El uso de billeteras virtuales se ha vuelto cada vez más común entre los usuarios que eligen el mundo digital para realizar pagos, transferencias y ahorrar. En respuesta a esta nueva realidad, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó medidas para controlar ciertas operaciones.
Según fuentes del organismo, la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no solo se enfocará en el valor individual de las transferencias, sino en la frecuencia, el total acumulado y las circunstancias que rodearon cada operación.
Es importante destacar que se activarán alertas si se detectan movimientos de más de $600.000 sin la documentación que respalde el origen del dinero. Además, si el total de las transacciones mensuales supera el millón de pesos, ARCA podría llevar a cabo una revisión, incluso en casos donde las transferencias se realizaron entre cuentas pertenecientes a una misma persona.
En caso de que se detecten movimientos financieros sospechosos, la ex AFIP puede solicitar al titular de las cuentas documentación que demuestre la procedencia del dinero. Entre los respaldos más comunes se encuentran facturas por servicios o productos vendidos, ingresos registrados bajo el régimen de monotributo, recibos de sueldo o informes contables certificados.
Además, también se aceptan documentos que evidencien la venta de bienes como vehículos o propiedades, así como la liquidación de activos financieros, incluyendo bonos, acciones o criptomonedas. La presentación de estos comprobantes resulta fundamental para demostrar que el origen de los fondos fue debidamente declarado y que las operaciones se ajustan a la legalidad.
ARCA dio de baja a más de 400 mil monotributistas
Más de 400.000 monotributistas quedaron fuera del régimen de ARCA debido a un reempadronamiento realizado en octubre de 2024. Esta medida representa el 60 por ciento de los inscriptos en el régimen y generó un ajuste en el empleo registrado, con una disminución del 3,1% en comparación con el año pasado.
Durante este procedimiento, una gran parte de los inscriptos, alrededor del 60%, no completó su reinscripción, lo que llevó a su exclusión del régimen fiscal. Esto se da en el marco de la crisis económica que generó el gobierno, que también repercutió en el empleo en relación de dependencia. El trabajo asalariado en el sector privado mostró apenas repunte del 0,1 por ciento.
La ex AFIP comunicó que aquellos contribuyentes que se mantienen dentro del sistema ahora deben asumir el 50 por ciento del aporte a la obra social. Esta medida afecta al monotributo social, destinado a personas en situación de vulnerabilidad o desempleo que participaron en programas de asistencia social. Este régimen les permitió formalizar su actividad económica, emitir facturas y tener cobertura de salud para ellos y sus familiares, además de aportar a un fondo para la jubilación.
Según la Resolución 630/2024 del Ministerio de Capital Humano, aquellos que decidan seguir en el monotributo social deberán pagar el 50 por ciento del costo de la obra social, equivalente alrededor de $8.358,16 por cada integrante del grupo familiar. Esta medida tiene como objetivo ordenar y actualizar el padrón de contribuyentes.
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