El reciente decreto de necesidad y urgencia que firmó el Gobierno provocó revuelo al limitar severamente el derecho a huelga en el país. La norma, que amplió la lista de actividades consideradas esenciales, dejó a casi todos los sectores laborales bajo la mira, reduciendo las posibilidades de protesta. Esto desafió las normativas internacionales y reavivó tensiones con la CGT, que ya anticipó que llevarán la cuestión a la Justicia. ¿Qué pasará con el derecho a huelga en Argentina?
El DNU 340/25, que se relacionó con la marina mercante, introdujo una reforma histórica. No solo declaró esta actividad como servicio esencial, sino que también amplió esa categoría a un enorme rango de rubros que, en su interpretación más amplia, se vieron afectados por esta normativa. Entre los sectores que enfrentaron restricciones a los paros se encontraron el transporte, la educación, la salud y los servicios públicos, así como la producción industrial y los medios de comunicación.
Qué es un servicio esencial y por qué se limita el derecho a huelga
A lo largo de la historia, la calificación de servicios esenciales buscó restringir el derecho a huelga en áreas donde una interrupción podría poner en riesgo la vida o seguridad de las personas. Hasta hace muy poco, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aceptaron en esta categoría actividades como atención médica urgente, suministro de agua y energía eléctrica. Aunque el DNU 70/23 intentó extender arbitrariamente esta etiqueta, no llegó a aplicarse debido a su inconstitucionalidad, respaldada por las decisiones de la Justicia laboral, a raíz de una demanda de la CGT.
El nuevo DNU, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, volvió a intentarlo. Estableció que, además del 75% de prestación mínima en servicios esenciales, se necesitó al menos un 50% en "actividades de importancia trascendental", que acumulan prácticamente la totalidad de la actividad económica del país.
Se limita el derecho a huelga en Argentina: los trabajadores de estos sectores no podrán hacer paros totales
Según la normativa, se consideran servicios esenciales, entre otros:
- Servicios de salud
- Transporte y distribución de medicamentos
- Servicios de telecomunicaciones.
- Producción y comercialización de energía
- Servicios aduaneros y migratorios
- Educación desde el nivel inicial hasta la secundaria.
- Transporte aéreo
- Cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial
Las actividades catalogadas como de importancia trascendental abarcaron:
- Producción de alimentos
- Servicios financieros (bancos)
- Hoteleros.
- Producción de medicamentos
- Servicios de radio y TV
- Transporte terrestre y subterráneo de personas o mercaderías (esto abarcaría desde colectiveros hasta camioneros y empleados de subte)
- Actividades industriales continuas: incluye siderurgia, actividad química y cementera
- Industria alimenticia
- Producción y distribución de materiales de la construcción
- servicios de reparación de aeronaves y buques
- todos los servicios aeroportuarios
- servicios logísticos
- actividad minera
- actividad frigorífica
- correos
- distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor
- Producción de bienes y/o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación.
Además, el decreto anunció la creación de una Comisión de Garantías que se encargará de calificar otras actividades no incluidas como esenciales o trascendentales. Esta comisión estará conformada por cinco miembros con notorios antecedentes en derecho laboral y derecho constitucional, y ya existe un cuerpo que se encarga de monitorear los servicios esenciales.
La cúpula de la CGT reaccionó rápidamente ante esta medida. Un representante del triunvirato confirmó que su equipo legal comenzó a analizar el decreto para impugnarlo, utilizando un amparo similar al presentado contra el DNU 70/23. Por ahora, la central descartó hacer huelga, pero expresó desconfianza respecto a que haya una acción efectiva del Parlamento para frenar esta normativa. Pueden estar preocupados por el apoyo que el Ejecutivo, junto a ciertos gobernadores, pueda tener para sostener el decreto a largo plazo.
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