Sin la existencia de programas sociales como la AUH o la Tarjeta Alimentar, la tasa de indigencia se incrementaría un 82%, lo que implicaría 2,6 millones de personas más en situación de pobreza extrema, según especificó un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Sin embargo, alertó que la propia Tarjeta Alimentar perdió contra la inflación en estos últimos dos años, ya que depende de aumentos discrecionales del Poder Ejecutivo.
Según la presentación de la OPC sobre la AUH, la Prestación Alimentar y el Plan 1.000 Días, estas políticas conforman un “piso de ingresos” que impide que los hogares más pobres caigan por debajo de la indigencia.
En este sentido, el informe de este organismo oficial del Congreso examinó cómo evolucionó el poder adquisitivo de las ayudas sociales, detectando diferencias marcadas en su resistencia ante la suba de precios.
La pérdida real de la Tarjeta Alimentar desde 2023
El informe destacó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) ganó en términos reales en estos últimos dos años, ya que su poder de compra se duplicó a fines de 2023 tras un ajuste del 100% y le ganó a la inflación, manteniendo su estabilidad real gracias a la actualización mensual según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Al contrario, la presentación de la OPC advirtió que la Prestación Alimentar (Tarjeta Alimentar) muestra un deterioro sostenido en la era Milei. Al depender de actualizaciones de carácter discrecional y no de una fórmula de movilidad automática, sus aumentos han sido insuficientes para compensar el avance de la inflación.
Al respecto, el informe especifica que, a precios constantes de septiembre de 2025, la Tarjeta Alimentar paga 102.000 pesos hoy, pero pagaba 135.000 pesos entre 2021 y 2023 y 157.000 pesos entre 2020 y 2021.
Por su parte, el Plan 1.000 Días, tras un incremento nominal del 500% durante 2024, conserva un poder adquisitivo sólido y estable, según la OPC.
La expansión de los planes sociales en los últimos 15 años
El documento resalta que en los últimos quince años la cantidad de beneficiarios pasó de 4,7 millones en 2009 a más de 7,4 millones en 2025 sumando todas las diversas prestaciones, lo que refleja una expansión sostenida del andamiaje social argentino.
Esa ampliación se sostuvo con una inversión pública estable, equivalente a aproximadamente el 1% del Producto Bruto Interno (PBI).
No obstante, la OPC advierte que el aumento de la cobertura responde más a la contención de la vulnerabilidad social que a la creación de un sistema verdaderamente universal, y aclara que el éxito de esta política dependerá de la recuperación del crecimiento económico que permita reducir la dependencia de la ayuda estatal.
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