La Convención Constituyente de Formosa celebró esta semana su undécima sesión ordinaria en el marco del proceso de reforma constitucional. Durante el encuentro, se aprobaron modificaciones de fondo en los artículos 68, 85, 92, 93, 94 y 95, además de la incorporación de nuevos artículos que fortalecen el régimen de familia, trabajo, cultura y educación en la provincia.
El primer punto de debate fue el artículo 68, donde se incorporaron disposiciones que garantizan especial protección a la madre y al niño, comprometiendo al Estado a arbitrar recursos para su asistencia. La convencional Grisel Insfrán señaló que la reforma “reafirma el valor central de la familia, adaptándola a los cambios y desafíos presentes. Con estas incorporaciones se construye una norma que protege, incentiva y facilita la corresponsabilidad parental”.
Tras un cuarto intermedio en el que se analizaron las propuestas de Nilda Aguayo y Esteban Servín, se aprobó la inclusión de un inciso que establece que el Estado protegerá a la familia “en sus distintas configuraciones, según el vínculo afectivo que la conforma”. A su vez, el convencional Rodrigo Vera detalló que se reconoce la igualdad de derechos y responsabilidades entre madres, padres y progenitores respecto de sus hijos menores de edad.
El debate continuó con el artículo 85, donde se incluyó la protección explícita de las licencias remuneradas para mujeres embarazadas y el derecho al tiempo de lactancia en el ámbito laboral. La convencional Alicia Benítez valoró la medida como “un acto de justicia y reparación histórica hacia las mujeres, afirmando que su labor de cuidado tiene el mismo valor que cualquier otra contribución a la sociedad”.
El texto ratifica también la prohibición del trabajo de menores de 16 años en tareas nocturnas o incompatibles con su edad, reafirmando la protección integral al trabajo infantil y adolescente.
La protección a la cultura como obligación estatal
Otro de los avances significativos se dio en torno al artículo 92, donde la cultura fue reconocida como un derecho humano y social fundamental. La reforma consagra a Formosa como una provincia multiétnica y pluricultural, incorporando de manera explícita a los pueblos originarios y reafirmando el respeto y apoyo a todas las manifestaciones culturales sin discriminación.
Además, se incorporó un nuevo artículo que establece las obligaciones del Estado en la defensa, preservación y difusión del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. También se reconoció a las industrias culturales como motor de desarrollo económico y social, habilitando la asignación de recursos específicos para artistas, instituciones y organizaciones culturales.
La convencional Karina Giménez, encargada de presentar estas modificaciones, afirmó que “la cultura es un fenómeno dinámico. Con estas reformas buscamos ampliar el concepto, reconocer al Estado como protector de instituciones y fomentar la diversidad de expresiones culturales”.
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En relación al artículo 93, la convención reafirmó que la educación es un derecho humano fundamental, expresión de justicia social y una cuestión de Estado. Se estableció que deberá ser obligatoria, gratuita, inclusiva, de calidad, permanente y con acceso universal.
La convencional María Martínez explicó que la reforma “pone en valor el rol de la familia como primer agente formador, pero a la vez subraya el carácter indelegable del Estado en garantizar el acceso a una educación integral y de calidad”.
El artículo 94 incorporó un nuevo párrafo que determina que el Estado planificará, regulará y supervisará la educación impartida en establecimientos estatales y privados. Por su parte, el artículo 95 establece que la educación contará con recursos fijados por ley y asignados en el presupuesto provincial, sin posibilidad de ser redireccionados a otros fines.
La convención también aprobó un artículo que reorganiza disposiciones ya existentes para dotar de coherencia al régimen cultural y educativo. Allí se garantiza la obligatoriedad y gratuidad escolar desde los 5 años hasta la finalización de la educación secundaria, abarcando los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior, incluyendo institutos pedagógicos, técnicos, politécnicos y de formación docente.
El texto asegura igualdad de oportunidades en todo el sistema educativo, en sintonía con los lineamientos nacionales en materia de currículos, títulos y equivalencias. Además, el Estado asume la responsabilidad sobre planes de estudio, contenidos, metodologías y sistemas de evaluación.
En cuanto a las políticas educativas, se fijaron lineamientos amplios que incluyen:
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educación permanente y formación profesional,
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educación intercultural y bilingüe,
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accesibilidad en contextos especiales (encierro, domiciliaria, hospitalaria),
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enseñanza de historia y constituciones,
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alfabetización digital y equipamiento tecnológico,
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bibliotecas, museos y comedores escolares,
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inclusión de personas con discapacidad,
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práctica deportiva y recreación,
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perspectiva de género y diversidades,
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educación sexual integral,
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formación docente y técnica con investigación educativa.
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