El Gobierno nacional oficializó este lunes la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), junto a otros organismos claves del sistema vial y de seguridad vial, como la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ante este anuncio, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Formosa, Javier Caffa, expresó su total rechazo a la medida y la calificó como “muy grave”.
En comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), el funcionario alertó que esta decisión, anunciada por el vocero Manuel Adorni, se trata de “una decisión que deja sin empleo a miles de trabajadores capacitados en todo el país”, incluidos técnicos, ingenieros, profesionales y maquinistas.
Por otra parte, Caffa explicó que la DNV cuenta con una sede central y delegaciones en cada provincia, desde donde se realizan tareas de mantenimiento sobre la red vial nacional. “Es una desesperanza muy grande hacia el futuro. La red vial ya se está deteriorando por la falta de mantenimiento y ahora, sin el órgano rector, será mucho peor”, lamentó.
El funcionario provincial también apuntó que esta medida profundiza “el unitarismo”, ya que las concesiones viales solo son viables en Buenos Aires y Capital Federal, donde existe un caudal de tránsito que hace posible cobrar peajes. “En el resto del país, la conectividad depende de la inversión pública, porque el mantenimiento mínimo de rutas no es viable si no interviene el Estado nacional”, señaló.
Además, advirtió que con esta decisión no solo se frena cualquier posibilidad de nuevas obras viales, sino que se abandona el mantenimiento de rutas ya existentes, afectando gravemente al transporte, la producción y el desarrollo regional: “Todos tributamos para que el Estado se haga responsable de cuestiones fundamentales como la salud, la educación, la seguridad vial y la conectividad entre localidades. Esto es parte de su rol”.
Caffa recordó que desde el inicio de la gestión libertaria, el Gobierno nacional dejó en claro que no habría financiamiento para la obra pública, y que los primeros sectores afectados fueron precisamente los relacionados con la infraestructura vial. “Luego siguieron con el freno a las obras energéticas, paralizaron el funcionamiento del ENOHSA, y eliminaron programas de vivienda. Ahora, avanzan con la eliminación de un organismo histórico y esencial como Vialidad Nacional”, expresó.
Por último, el funcionario provincial concluyó que esta medida se inscribe en una lógica de desmantelamiento del Estado, “donde lo único que se ve es ajuste, desinversión y desinterés por las necesidades del interior del país”. Y finalizó: “Es una noticia muy triste para todos los argentinos que creen en un país conectado, productivo y con igualdad de oportunidades”.
Las consecuencias por el cierre de Vialidad Nacional
El Gobierno dispuso este lunes el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial. Adorni sostuvo que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente”.
Los trabajadores de Vialidad son los que permiten la conexión de infinidad de ciudades y pueblos, realizan la asistencia y el despeje de caminos cuando se producen catástrofes como las inundaciones de Bahía Blanca y Zárate-Campana. Ahora, en pleno invierno, son quienes hacen el despeje de hielo y nieve en las rutas de la Patagonia y regiones de la Cordillera.
Según explicó Adorni, se abrirá una licitación para la concesión de 9.120 kilómetros de rutas. El anuncio fue precedido por un video que mostró recortes de un programa conducido por el periodista Jorge Lanata referido a la denominada causa "Vialidad".
"De esta manera se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación de Transporte que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en normas y actos administrativos relacionados con la fiscalización de concesiones viales", apuntó en un anuncio realizado en Casa Rosada. El anuncio se dio en la antesala al fin de las facultades delegadas por el Congreso para aplicar la Ley Bases, que vence este miércoles 9 de julio.
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