Javier Milei y el equipo de La Libertad Avanza llegaron al gobierno en diciembre del 2023 con la premisa de reducir al máximo los gastos del Estado y ya se pueden ver las consecuencias en las rutas argentinas, tras la desinversión en la obra pública. Varios usuarios de redes sociales alertaron preocupados por esta realidad y enseñaron cómo están los caminos nacionales.
Uno de los videos viralizados es de Chubut y denuncia grandes y peligrosos baches en la Ruta Nacional 25. "Precaución: calzada muy deteriorada", reza uno de los carteles de la banquina, debido a la desidia en la obra pública. Otro video denuncia lo mismo, pero en la Ruta 40, también en la zona de la Patagonia Argentina: "Zona de baches", sostuvieron quienes hicieron el posteo.
Desde el Sindicato de Vialidad Nacional denuncian que el 60% de las rutas nacionales están en mal estado y señalan un aumento de siniestros fatales en el último tiempo, tras la motosierra de Javier Milei. La Agencia Nacional de Seguridad Vial reportó en 2024 más de 4 mil muertes por causas viales, lo que ubica a Argentina en el sexto lugar de los países con más accidentes de tránsito: Tailandia, Perú, Líbano, India y Malasia son las naciones ubicadas en los primeros cinco puestos.
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Obras paralizadas: el irrisorio gasto que hará Vialidad
El gobierno de Javier Milei, que prácticamente paralizó las obras de mantenimiento y mejora en las rutas nacionales y aplicó un fuerte ajuste en Vialidad con despidos masivos y salarios congelados desde hace nueve meses, acaba de contratar por 2,4 millones de dólares un nuevo sistema de control y vigilancia sobre los trabajadores del edificio central y otra sede del organismo. Según confirmaron fuentes internas a El Destape, la licitación fue adjudicada a un único oferente, socio de Starlink en algunos países, e incluye la colocación de molinetes, 13 pantallas digitales y un servicio de monitoreo por dos años.
La decisión sorprendió a los empleados de Vialidad, que el año pasado ya habían sido sometidos a un nuevo sistema de control biométrico instalado en todos los pisos del edificio de Julio A. Roca 738 por orden de las actuales autoridades. La licitación y adjudicación a la empresa Elipgo se enmarca en una política de presión, vigilancia y sanciones hacia trabajadores y representantes gremiales, que se ha profundizado en 2025 bajo las directivas del administrador general del organismo, Marcelo Campoy.