Juicio YPF: Argentina zafa de entregar las acciones mientras Milei ratifica que negocia con los buitres

Argentina logró un fallo que suspende, por ahora, la orden de entregar 51% de sus acciones en YPF como anticipo del pago por la condena 16.000 millones de dólares por la reestatización de la empresa. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones del 2do Distrito de Nueva York frente al fallo de la jueza Loretta Preska que ordenaba la entrega de las acciones a pedido del fondo buitre Burford. La decisión no es definitiva, pero posterga la cuestión de las acciones del Estado en la petrolera por varios meses. Y acepta, a su vez, al Departamento de Justicia de EE.UU. como amicus curiae en el caso a partir de su planteo a la jueza de que no juegue a ser magistrada universal dándole órdenes a otros países sobre sus bienes desde un tribunal local en Nueva York.

Era previsible: era un fallo de imposible cumplimiento ya que cualquier transferencia de acciones de la petrolera tiene que ser autorizada por el Congreso y Javier Milei no tiene los números para lograrla. Tan de imposible cumplimiento como el fallo de fondo, el de los 16.000 millones de dólares, que tiene que resolver el mismo tribunal de Estados Unidos mientras Milei ratifica su intención de pagar y negocia por abajo con el fondo buitre Burford, que compró la mayoría del juicio y es quien empuja para lograr un pago multimillonario.

La posición de la Argentina siempre fue la misma: que el país no tiene que pagar un dólar por la reestatización de YPF ya que se trató de una ley del Congreso y cumplió con todos los procedimientos establecidos por la ley de expropiación. La argucia de la que se tomaron los fondos buitre que impulsan el juicio es un artículo del Estatuto de YPF diseñado por Carlos Menem y Roberto Dromi que establecía que si alguien quería adquirir la mayoría accionaria de la empresa tenía que pagarle a los demás accionistas un precio infladísimo por sus acciones. No hubo adquisición, hubo expropiación y por ley, que obviamente está por encima del estatuto de una empresa privada. Pero para la Justicia de Estados Unidos esa relación es invertida, prioriza el estatuto privado por sobre la ley y con ese argumento la jueza Preska condenó al país a la suma sideral de 16.000 millones de dólares.

El fallo de fondo de la jueza Preska es incumplible. La Argentina no tiene ese dinero y no hay nada que lo valga, ni siquiera el 51% de las acciones de YPF que reclamaron los buitres pero que pareció más una jugada de apriete que algo con posibilidades de éxito: todos saben que tiene que pasar por el Congreso.

La Argentina apeló ese fallo que la condena a pagar 16.000 millones de dólares y está en revisión en la misma Cámara de Apelaciones que convocó una audiencia para el próximo 27 de octubre. Es el día después de las elecciones de medio término a las que tanto Milei como el gobierno de Estados Unidos apuestan todas sus fichas.

La llegada de Milei a la presidencia generó un cambio profundo en la posición de Argentina frente a este juicio. Incluso desde su campaña presidencial. Las señales son muchas:

• En septiembre de 2023, entre la primera vuelta y el ballotage que lo llevaron a la presidencia, Milei envió al economista Darío Epstein y al banquero Juan Nápoli, dos personas de su confianza y por entonces de su círculo estrecho en materia económica, a una cena en Estados Unidos en la casa de Gerardo “Gerry” Mato. Este hombre es clave: llegó a ser Chairman de Global Banking de HSBC y ahora, ya fuera de ese banco, se presenta en Wall Street como negociador por parte de Burford con el gobierno argentino. Un dato no menor. Varios medios publicaron que el puente entre Milei y Mato fue Mauricio Macri, que lo acercó al banquero para que le consiga financiamiento de campaña. Ahora el mismo banquero trabaja para el fondo buitre Burford y tiene como tarea negociar por fuera de los tribunales con el gobierno argentino.
   
• “YPF, primero la tenés que racionalizar, y después se vende”, le dijo Milei a Chiche Gelblung en octubre de 2023, justo antes del balotaje que lo catapultaría a la presidencia. “¿Vendés Vaca Muerta?”, le preguntó Gelblung. “Sí, cuál es el problema. Buscás la forma de privatizarlo”, confirmó Milei. 
   
• El 19 de diciembre de 2023, a 9 días de la llegada de Milei a la presidencia, el procurador del Tesoro Barra (jefe de los abogados del Estado) recibió a la cúpula de Burford en su despacho. Según los registros oficiales, estuvieron: Rodrigo Olivares Caminal, del estudio Kepler Karst, en representación del grupo Petersen (la familia Eskenazi) y de Burford, su colega Armando Betancor Alamo;  Jonathan Todd Molot, Director de Inversiones y confundador de Burford; y José Ignacio García Hamilton, el secretario Legal del Ministerio de Economía. El periodista Leandro Renou reveló que “en esa reunión Argentina no dio pelea por no pagar, casi que se entregó”. 
   
• A los 4 días de esa reunión de Burford con los abogados del Estado, Milei -en una charla con Luis Majul- dijo: “Hay willing to pay (voluntad de pago), pero no hay plata”. Eso fue un vuelco de 180 grados en la posición de la Argentina que siempre, siempre, dijo que no tenía que pagar nada por este juicio. ¿Por qué un presidente recién asumido manifestó en público que tenía intención de pagar un juicio donde el Estado argentino dijo siempre lo contrario?
   
• En la misma conversación con Majul, el novel presidente Milei incluso reveló lo siguiente: “Una de las ideas que estamos trabajando es crear una tasa Kicillof. Es decir, pagarle a este fondo un perpetuo, un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kicillof. Y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof. Y que todos los argentinos recordemos todos los días esa barbaridad que hizo Kicillof y que hace que todos los días tengamos que poner una determinada cantidad de dólares para pagar el error de un chico, digamos, que su perspectiva ideológica perjudicó a 46 millones de argentinos”. “¿Como sería, me llega algo a mi casa todos los meses?”, trastabilló Majul. “Claro”, contestó Milei. O sea, a los pocos días de asumir ya tenía incluso una propuesta para pagar. 
   
• En octubre de 2024 se reunió, al menos, con el jefe de Gabinete Guillermo Francos. “Gerry” Mato, el mismo que recibió en su casa a los enviados de Milei y empezó a trabajar para el fondo buitre Burford, visitó la Casa Rosada.
   
• En enero de 2025, tras la renuncia de Rodolfo Barra como jefe de los abogados del Estado, Milei designó en su reemplazo a Santiago Castro Videla. Es socio del estudio “Bianchi, Galarce y Castro Videla”. Alberto Bianchi, su socio, fue contratado por el fondo buitre Burford para alegar contra la Argentina justamente en el caso YPF. Justo. Castro Videla se excusó formalmente de intervenir en el caso YPF por esta conexión. Pero, ¿para qué Milei lo designó como jefe de los abogados del Estado si no podía intervenir en el juicio más importante que tiene el Estado? No tiene sentido. O tal vez sí.
   
• “Un fallo contra Kicillof”, tuiteó Milei el 30 de junio pasado, apenas se conoció el fallo de la jueza Preska donde ordenaba la entrega de las acciones de YPF. “Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país, es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era Ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de CFK”, escribió en el mismo mensaje. Dedicó media línea a anunciar que apelarían la decisión pero lo concreto es que fue un mensaje favorable a los fondos buitre. El Estado argentino tiene continuidad jurídica, está CFK o Milei en el gobierno, y si el presidente de Argentina dice que Argentina actuó mal no importa si lo hizo otro gobierno, es un reconocimiento a la postura de los fondos buitre.
   
• Hace unas semanas Milei ordenó una reestructuración de la Procuración del Tesoro, cuyos alcances aún son una incógnita pero que tampoco es nueva. Macri, durante su presidencia, desarmó el equipo de defensa internacional del país, que fue reconstruido durante la gestión de Carlos Zannini como Procurador del Tesoro bajo la coordinación de Sebastián Soler. Milei por ahora lo mantiene, pero les complica bastante el trabajo: mientras los abogados del país dicen que el país no tiene que pagar, el presidente repite que la culpa fue del Estado argentino, dice que quiere pagar e incluso difunde públicamente una forma de pago. Una vez puede ser torpeza: varias ya parece algo premeditado.
   

Ayer, con la noticia de que se suspendió la orden de que el país entregue el 51% de YPF, desde la Procuración del Tesoro comunicaron lo siguiente: “La decisión de la Corte de Apelaciones se limita a la suspensión de la orden de entrega dictada el pasado 30 de junio, mientras se tramita la apelación correspondiente. No afecta el curso de la apelación de fondo contra la sentencia emitida en septiembre de 2023 —tres meses antes del inicio de la actual gestión— que condena al país a pagar 16 mil millones de dólares más intereses. Dicho fallo es consecuencia directa de décadas de estatismo y políticas intervencionistas que perjudicaron gravemente a la Nación. Durante más de 10 años, distintas administraciones dejaron pasar la oportunidad de resolver este litigio y no lo hicieron”.

Una vez más, ahora incluso desde los abogados del Estado, dicen que la culpa de todo fue de funcionarios anteriores. Como hay continuidad del Estado, como la Argentina es la misma, esto es puro argumento a favor de los fondos buitre.

¿Por qué los abogados del Estado argentino culpan a "décadas de estatismo" justo en un juicio sobre una reestatización? ¿A qué se refiere con que “distintas administraciones dejaron pasar la oportunidad de resolver este litigio y no lo hicieron”? Todos los gobierno anteriores se negaron a pagar y defendieron al país. ¿Por qué Milei insiste en que esto se puede resolver y dice que el país tiene voluntad de pago?

Hay versiones de que, cuando estaban en buenos términos, el ex presidente Mauricio Macri le acercó a Milei al banquero Mato para que le recaudara fondos para la campaña. Si esto fue así, es evidente que Mato no consiguió dinero por filantropía sino a cambio de promesas por parte de Milei. Ahora Mato trabaja por el fondo buitre Burford y Milei no para de tirarle centros para una negociación por fuera del juicio. ¿Es posible que Burford pusiera dinero para la campaña de Milei a cambio de una modificación en la defensa argentina en el juicio de YPF?

No sería la primera vez que un fondo buitre financia campañas en Argentina. Ni tampoco es la primera vez que un presidente se pone de lado de los buitres. En 2015, los fondos buitre que no habían ingresado a los canjes de deuda y tenían judicializada la cuestión en manos del predecesor de Preska, el recordado juez Thomas Griesa, financiaron una campaña donde acusaban a CFK de ser aliada del presidente iraní Mahmud Ahmadineyad, al que a su vez señalaban de asesino por el atentado a la AMIA. La excusa era el Memorándum de Entendimiento firmado entre Argentina e Irán, pero lo cierto que es que los fondos buitre, que ejecutaron esta maniobra a través de la Task Force Argentina, no tenían ningún interés en que hubiera Justicia por los muertos de la AMIA. Sólo querían cobrar más y atacaron al gobierno que iba a elecciones contra Macri. Cuando Macri llegó a la presidencia, les pagó incluso más de lo que pedían. 

Ahora, cuando comunica una buena noticia la Argentina, la Procuración del Tesoro reitera que esto se puede negociar y culpa a los funcionarios anteriores. ¿Cuál es el objetivo?

Al grotesco de que un fondo buitre comprara la mayor parte de un juicio contra la Argentina, se le suma una capa poco conocida pero que puede ser de gran incidencia en el devenir de las negociaciones. Hay una suerte de mercado secundario en el cuál Burford vendió pedacitos del juicio. Un inversor de Wall Street consultado por El Destape indicó que era una inversión riesgosa pero tentadora, ya que podía quedar con una parte de un juicio por poco dinero y una expectativa de ganancia sideral.

¿Puede haber dueños de pedazos de este juicio contra la Argentina en el gobierno o entre sus amigos? Todo es posible, ya que esos porcentajes del juicio se compran y se venden y no existe un registro de quien los tiene hasta el momento que se presenten a cobrar la sentencia. El periodista Carlos Burgueño, especializado en estos temas, tituló hace poco esta cuestión como “La lista de Preska: el secreto mejor guardado de la causa YPF”.

En un artículo publicado en Perfil, Burgueño detalló: “Los dólares eventualmente pagados por Argentina irían en su mayoría a las arcas del fondo Burford. Sin embargo, aún es un misterio (aunque hay sospechas de todo tipo) sobre quiénes son los dueños de los derechos de los otros millones de dólares que el país deberá liquidar. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas locales de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero. Profesionalmente es imposible que desde Burford o cualquier tribunal de los Estados Unidos den los nombres de esos socios del fondo litigante, ya que hay un resguardo absoluto de parte de la jurisprudencia norteamericana de mantener a los accionistas en secreto. Solo por voluntad propia de Preska al considerarla información necesaria en el momento de pagar a los demandantes, o por un pedido expreso de algún juez local, algún colega norteamericano accedería a entregar esa información. También podría eventualmente ser un reclamo del Congreso Nacional, al momento de aprobar una hipotética ley para autorizar al Gobierno al que le caiga en suerte la liquidación de la deuda. En definitiva, sería un derecho argentino saber a quién se le pagará semejante fortuna”.

¿Quienes, además de Burford, serían los beneficiarios de un acuerdo extra judicial en el caso YPF? El devenir de esas negociaciones los revelará. Que Milei, el día que tiene que comunicar una buena noticia para el país, insista en que fue culpa del Estado argentino y que se puede negociar, es todo un indicio.