La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal decidió reabrir la causa contra el expresidente de Bolivia Evo Morales por presunto abuso de menores y trata de personas. El hecho habría ocurrido supuestamente durante su estadía en Buenos Aires a donde llegó como asilado político, entre 2019 y 2020, tras el golpe de Estado perpetrado en su contra en su país.
Se trata de dos denuncias que se investigarán de manera conjunta. Una de ellas fue hecha por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y la segunda por la Fundación Apolo, dirigida por el diputado poteño Yamil Santoro, aliado del Gobierno de Javier Milei.
En enero de este año, la jueza María Servini había desestimado las denuncias al “carecerse del pertinente y constante estímulo persecutorio, indispensable a efectos de habilitar la protestad decisoria” de esa magistratura. Ello fue apelado por la Fundación Apolo ante el Tribunal de Apelaciones, por lo que la Sala I de la Cámara decidió admitirla como querellante en la causa.
El argumento que expusieron los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens fue que desde la Fundación Apolo “aportan prima facie información concreta sobre el tiempo, modo y lugar en que presuntamente ocurrieron los hechos, sino también, y de forma central, por la gravedad y el tenor de los sucesos denunciados. En efecto, se trata de hechos relacionados con los delitos de trata de personas y abuso de menores presuntamente cometidos por un ex mandatario de Bolivia en territorio nacional, en el contexto de su asilo político, los cuales ameritan ser profundizados”.
Según informó el diario El País de España, uno de los testimonios presentados por Santoro denuncia que Morales "recibió niñas como obsequios" de quienes deseaban obtener favores gubernamentales. Además, señalaron que Santoro celebró la decisión judicial y aseguró que la Fundación Apolo no permitirá “que se tape una red de impunidad en nombre de la diplomacia o la política”.
En tanto, desde su entorno, también señalan que se trata de "persecución política". "Una vez más se confirma que se trataba de un proceso político y armado sin argumentos ni pruebas dentro de todo este proceso de LawFare en contra de el líder de los pueblos originarios Evo Morales", sostuvo José Schulman, de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos.
El expresidente de Bolivia, desde entonces, niega las acusaciones en su contra, tanto en Argentina como en su país natal, donde se enfrenta a una causa judicial similar. El pasado diciembre, una fiscal pidió su prisión preventiva por “trata de personas para facilitar la prostitución”. Allí está acusado de haber tenido una hija con una adolescente de 15 años a cambio de favores políticos y económicos para los padres, que también se encuentran acusados.
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