El triángulo de la securitización en América latina: un modelo “imported”

El reciente rechazo por parte del Consejo Nacional Electoral de Ecuador de las impugnaciones presentadas por Revolución Ciudadana y la consecuente confirmación de la reelección de Daniel Noboa en ese país, resulta un amargo mensaje para la región. La democracia continuará cediendo frente al modelo de securitización que se profundiza, se expande y ya es un rasgo común entre países como Ecuador, El Salvador y Argentina.

Ecuador vive una crisis de seguridad que se ha ido agudizando desde el año 2012 hasta constituirse, en el 2023, en uno de los países más peligrosos del continente. El gobierno del presidente Noboa ha recurrido, lisa y llanamente, a la suspensión de la democracia, con la militarización de la sociedad, la anulación del Estado de Derecho, la supresión del régimen republicano, todo con un “conflicto armado interno contra bandas criminales” como marco de justificación.

También es un dato que haya recurrido al aumento del IVA, el más popular de todos los impuestos, para financiar su cruzada “antiterrorista” y que entre el año pasado y este, haya utilizado al menos ocho veces la declaración del estado de excepción, un recurso que suspende las garantías constitucionales y que, entre otras cosas, habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interna.

En este sentido, el 12 de abril de 2025, un día antes de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, declaró nuevamente el estado de excepción por 60 días. Otro dato que no ha circulado mucho entre las grandes cadenas de prensa, es que además lo hizo en Quito y en siete provincias en las que se encuentran circuitos electorales en los que históricamente Revolución Ciudadana ha tenido buen desempeño.

El Salvador, Ecuador y Argentina: alumnos ejemplares de EE.UU.

En las últimas décadas, América Latina ha transitado un giro peligroso hacia una lógica de securitización funcional a intereses externos.

El Salvador, Ecuador y Argentina se consolidan como modelos de país, en la región en los que prima la securitización. Nos referimos al proceso por el cual los gobiernos convierten ciertos fenómenos sociales —como la pobreza, la migración o la protesta— en amenazas que deben ser respondidas con fuerza militar o policial. Este cambio desplaza la función histórica de las fuerzas armadas, que deja de ser la defensa del territorio frente a amenazas externas, para convertirse en un aparato de intervención sobre la seguridad interna de la población.

Estos gobiernos con visos autoritarios y neo reaccionarios definen sus enemigos internos a partir de la doctrina de seguridad estadounidense, bajo la que, con la excusa de la lucha contra el crimen organizado, quedan estigmatizadas  las personas migrantes, pobres y todo aquel que decida salir a las calles a protestar. Aparecen como amenazas ante la opinión pública, justificando el uso de la fuerza militar o policial, de manera arbitraria y discrecional.

En Ecuador, sin embargo, la proveniencia del joven mandatario, de una de las familias más pudientes del país, cuyas empresas han sido vinculadas en una investigación periodística con la exportación de cocaína además de bananas hacia Europa, no ha prendido grandes alarmas en la opinión pública. Por el contrario, Andrés Durán, el periodista que hizo públicas estas conexiones tuvo que abandonar el país, tras recibir amenazas.

La victoria de Donald Trump en Estados Unidos mejoró las condiciones para el avance para la influencia de este modelo en la región.  El efecto es el aumento del control social y el disciplinamiento en nombre de la “seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen, las pandillas urbanas y el narcotráfico”.

Desde el inicio de su mandato, Noboa despliega este modelo de abordaje de la violencia en su país en estrecha cooperación con el gobierno de Estados Unidos y sus instituciones: el Departamento de Estado, Comando Sur y el Departamento de Seguridad Nacional. En marzo de este año, en plena campaña hacia la segunda vuelta electoral, viajó a Estados Unidos para reunirse en privado con Trump, manifestando su posicionamiento, alianza y dependencia con el país del norte, aunque fue bastante criticado luego, por no haber podido frenar el “arancelazo” que el mandatario aplicó a varios países de la región.

También en el mes de marzo el presidente ecuatoriano confirmó un acuerdo con el empresario y ex militar estadounidense Erik Prince, fundador de la firma de seguridad privada Blackwater, bajo el argumento del “grave contexto situacional de inseguridad que atraviesa el Estado ecuatoriano”.

No es menor recordar qué en diciembre del 2024, el Gobierno ecuatoriano acordó que las Fuerzas Armadas del país cedan el uso de las Galápagos al Comando Sur de EE.UU. para la instalación de una base militar. Cuatro meses más tarde, en el marco de la campaña electoral, el medio CNN publicó una nota informando la posibilidad de una nueva instalación de tropas estadounidenses en la ciudad de Manta. Fue promesa durante la campaña modificar la constitución de 2008, para eliminar específicamente el punto que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras.

El Salvador, por su parte, tuvo a lo largo de su historia modelos de seguridad conocidos como el Plan de Mano Dura y Ley Antimaras del 2003; el Plan Súper Mano Dura en 2004 y la Ley de Proscripción de Pandillas del 2010, entre tantos otros. El “gran” modelo del presidente Nayib Bukele llegó en el 2019, cuando en su candidatura a presidente prometió profundizar un programa de seguridad para terminar con la violencia en el país.

Bukele ha ejecutado el Plan de Control Territorial buscando el control de los centros penales, la interrupción del financiamiento al crimen organizado y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad. En 2021, el mandatario renovó su mandato con más del 80% de los votos y logró la mayoría en el Congreso. Tras seis años de gobierno, El Salvador continúa con el Plan de Control Territorial como su “caballito de batalla”.

Desde la asunción de Trump, logró nuevos acuerdos políticos y económicos. En el mes de febrero de 2025, el secretario de estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció un convenio migratorio mediante el cual el Centro de Contención del Terrorismo de El Salvador (CECOT), conocido como la megacarcel, comenzó a recibir deportados de otras nacionalidades, así como criminales peligrosos que actualmente cumplen condena en Estados Unidos. Actualmente, tiene al menos 288 personas, entre ellas al menos 250 son de nacionalidad venezolana.

En este marco, la Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, visitó el país y firmó un Memorándum de Cooperación destinado a actualizar la Alianza de Seguridad para la Ejecución de Fugitivos (SAFE, por sus siglas en inglés), lo cual permite el intercambio de antecedentes penales, garantizando que “individuos peligrosos” no sean liberados sin la debida verificación, protegiendo tanto a las comunidades de El Salvador como a las de Estados Unidos. En su cuenta de X, escribió: “Recorrí el CECOT, Centro de Contención del Terrorismo de El Salvador. El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para los inmigrantes ilegales criminales: Váyanse ahora. Si no te vas, te cazaremos, te arrestaremos y podrías terminar en esta prisión salvadoreña”.

El estado salvadoreño lleva ya tres años implementando esta política, tras una matanza atribuida a pandillas en marzo de 2022. El gobierno sostiene qué ha reducido drásticamente los homicidios y permitido la captura de más de 85.000 personas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denuncian graves violaciones a derechos fundamentales, condiciones inhumanas en cárceles y miles de detenciones arbitrarias. En el mes de abril, el presidente de Estados Unidos solicitó a Bukele, que construya más cárceles similares a la megacárcel Centro de Confinamiento contra el Terrorismo y que deportará a tantos criminales como sea posible”.

En Argentina, el gobierno de Javier Milei también responde al modelo propuesto por EE.UU. Bajo la órbita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y su show mediático de combate al terrorismo y al narcotráfico, definidos como crimen trasnacional, se impone en el sur de la región la doctrina de las nuevas amenazas, que constituye la versión de la “Doctrina de Seguridad Nacional 2.0”, encabezada por Estados Unidos, Israel y las potencias occidentales en toda la región latinoamericana.

El gobierno argentino trabaja en la emisión y la ejecución de legislaciones como la Ley Ómnibus, “protocolo antipiquetes”, “Ley Antimafias o antibandas como nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado”, Ley de Legítima Defensa y restablecimiento del "Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad", ciberpatrullaje, creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) para la “prevención, detección, investigación y persecución del delito y sus conexiones mediante la utilización de la inteligencia artificial”. En el mes de abril, el ministro Luis Petri puso en marcha la Operación “Julio Argentino Roca” desplegando más de 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en espacios terrestres, fluviales y aéreos para reforzar la vigilancia y el control en la frontera del norte y noreste del país.

Se hace evidente la influencia de EE.UU. en la región y esto puede verse no sólo en los acuerdos políticos y en los movimientos estratégicos sino también en los acuerdos económicos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) resulta un actor clave en el desarrollo de la securitización, a través de acuerdos económicos que condicionan la soberanía de las naciones latinoamericanas y la realidad socioeconómica de la población. El Salvador aprobó a fines de febrero de 2025 un nuevo acuerdo con el FMI en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para el país, con un acceso equivalente a US$1,4 mil millones. A principios de abril de 2025, el gobierno argentino de Javier Milei aprobó un nuevo préstamo del FMI por 20.000 millones de dólares, contando con un primer desembolso de u$s 12 mil millones. En la misma línea el Gobierno de Ecuador espera cerrar un nuevo crédito solicitado a mediados de 2025, por un monto en derechos especiales de giro de aproximadamente US $4.000 millones.

¿Qué oponer a este modelo?

Este proceso de securitización bajo la doctrina de nuevas amenazas, no es otra cosa que una expresión más de las tensiones que sacuden el tablero global  en el marco de la disputa en el llamado G2: EE.UU. - China.

Frente a esto cabe preguntarnos qué estrategia jugar desde los proyectos populares latinoamericanos y caribeños. Las tensiones y contradicciones con las fuerzas de seguridad son de larga data, pensando en la historia de dictaduras de la región. Hoy los golpes hacia la democracia se actualizan en su estrategia y en sus vehículos. La democracia es una ilusión reducida al voto, si es que acaso  resulta de ello un proceso confiable en el que alguien tenga fe.

Sin embargo, es desafío de las organizaciones populares y fuerzas políticas progresistas poder recuperar la idea o la concepción de una democracia que supere la idea de que tan sólo sirve como “mecanismo de selección de élites dirigenciales”, que proponga un profundo debate conceptual e ideológico, que sea de alta intensidad en términos de participación ciudadana organizada, que sostenga mecanismos de defensa de la soberanía nacional y popular, y esté pensada lejos de internas palaciegas, desde el pueblo y para el pueblo, con enfoque territorial, ambiental, regional y popular.

La defensa y la seguridad no son sólo instrumentos del capital ni de las élites militares o policiales. Puede y debe ser una herramienta al servicio de la autodeterminación de los pueblos, en alianza con los movimientos sociales y con una visión latinoamericana compartida.