En medio de la tormenta política provocada por el Coimagate, los pasillos del Ministerio de Economía vibraron durante dos jornadas con especulaciones sobre el futuro de Luis "Toto" Caputo. La versión se acuñó desde la propia administración libertaria y circuló entre los operadores financieros, donde Pablo Quirno, secretario de Finanzas, emergía en las conversaciones como eventual sucesor. El contexto del rumor: Riesgo País en 830 puntos, el nivel más alto de la región después de Bolivia, tasas de interés que alcanzan el 80% y un dólar oficial en $1.370, sostenido con intervención oficial -¿al límite del delito?- en el mercado de futuros.
En las horas de máxima tensión, el titular de la cartera económica convocó a un círculo de comunicadores para neutralizar las especulaciones. En ese encuentro, el ministro proyectó un "reset" de la política cambiaria y de tasas de interés, pero le puso fecha: después de las elecciones del 26 de octubre.
Inquieto y alarmado, el Círculo Rojo, esa constelación de poder permanente que incubó a Javier Milei, desplegó una operación de salvataje que tiene por epicentro a Guillermo Francos y por objetivo cauterizar las heridas del Coimagate antes de que la criatura libertaria naufrague en las urnas.
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La estrategia es explícita. "Francos es el único confiable en el Gobierno", se repite en los cónclaves empresariales que se diseminan por el país, desde Recoleta -sede de un masivo encuentro VIP- a El Calafate, donde el fin de semana se reunieron las mineras que gozan de beneficios extractivistas que no se concedían desde tiempos coloniales.
En ambos encuentros gravitó la figura de Eduardo Eurnekian, el magnate de Corporación América que ofició de padrino empresarial del experimento libertario. Como en sus días de empleador directo, el empresario citó a Milei a sus oficinas de Palermo. En ese encuentro, encubierto con un acto inaugural, el empresario exigió en forma perentoria una ampliación de las atribuciones de Francos, bajo el argumento de que el deterioro político derivado del escándalo de las coimas comprometía la estabilidad del proyecto y podría derivar en turbulencias económicas.
Aplicado, la respuesta de Milei fue inmediata. Durante la inauguración del nuevo edificio de la empresa, el mandatario destacó que Francos es "el mejor jefe de Gabinete de la historia", un calificativo que antes había reservado para su propio gobierno y para el maltrecho Luis Caputo.
La coreografía se completó en el glamoroso Hotel Alvear durante el almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), donde Milei fue recibido por la nueva titular de la entidad, Bettina Bulgheroni, colaboradora y amiga de Karina Milei, protagonista del escándalo de audios que puso a su hermano contra las cuerdas.
Promesas sobre el “reset”
La secuencia operó como mensaje: el empresariado mantiene su apuesta por el experimento, pero exige garantías de estabilidad institucional. Durante el encuentro en el Alvear, los empresarios expresaron su inquietud por conocer el plan del Gobierno para después de las elecciones. La respuesta del gobierno fue la promesa de un "reset" económico postelectoral.
En palabras del propio Milei, el Gobierno proyecta que un triunfo de La Libertad Avanza consolidará su agenda de estabilidad fiscal y disipará las tensiones financieras actuales, pero los interlocutores desconfían. La financiera transnacional Morgan Stanley, por caso, advirtió que la estrategia oficial mantiene a los inversores "confundidos" por la falta de claridad en los plazos y las señales contradictorias sobre el rumbo del dólar.
Para afianzar el compromiso, Federico Furiase, director de la consultora de Caputo y del Banco Central, confirmó en redes sociales la fecha del cambio: "La suba de tasas es transitoria y se corregirá luego del triunfo de LLA en las elecciones de medio término", escribió. La réplica del mercado fue contante y sonante: si bien el Gobierno logró renovar vencimientos por $7,7 billones en la licitación del miércoles, los bonos con vencimiento al 30 de septiembre alcanzaron tasas del 75,7%, superando ampliamente la inflación proyectada.
La administración libertaria desplegó contactos telefónicos con las entidades financieras para garantizar una colocación exitosa, presionando por una participación robusta en el proceso licitatorio. La desesperación anotó brulotes como el del secretario de Política Económica, José Luis Daza, quien atribuyó las dificultades para reducir el riesgo país a los errores del programa de Mauricio Macri. Un tiro por elevación dirigido al propio Caputo, también ministro en aquella gestión PRO.
El fuego amigo es un síntoma de la fragilidad que acecha al ministro de Economía. Otra señal provino de la Justicia, el termómetro institucional más sensible al despoder. El 22 de agosto, desoyendo tanto al Congreso como a una orden judicial previa, Luis Caputo refrendó y publicó en Boletín Oficial la resolución 1240/2025 para despedir a casi 300 trabajadores del INTA. La jueza María Isabel Forns dictaminó que la medida no correspondía e intimó al cumplimiento de la medida judicial anterior que impedía hacer cambios en la plantilla del organismo.
La desobediencia tuvo precio y pegó donde más duele: la magistrada impuso "sanciones conminatorias de 10 millones de pesos diarios" hasta que se revierta la decisión.
El olor a cala que emite Caputo llegó al Juzgado Federal de Dolores, quien intimó al Palacio de Hacienda a entregar en cinco días la documentación íntegra del DNU 179/2025, mediante el cual la administración libertaria contrajo un financiamiento por 20 mil millones de dólares con el FMI. La medida surgió de una demanda de amparo interpuesta por Francisco Verbic en representación de la CAIP y el CELS.
La estrategia de ocultamiento del ministerio siguió un guión predecible: inicialmente procesó el requerimiento bajo la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, solicitó prórroga para la entrega, pero posteriormente desconoció la normativa y desvió el pedido hacia un trámite administrativo restrictivo. Los organismos querellantes denunciaron que la cartera económica violó la transparencia pública y desplegó maniobras dilatorias para eludir la entrega de documentación al tribunal.
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Acorralado, el ministro comenzó a despedirse del cargo culpando al presidente por el desastre que dejará. En reuniones con economistas cercanos al Gobierno, Caputo afirmó que la política de tasas altas responde a "una decisión directa de Milei" y no a su “visión estratégica”. El ministro insistió en que las tasas, que en algunos instrumentos superan el 80%, son "endógenas" y están condicionadas por la necesidad de absorber liquidez, aunque reconoció su impacto negativo en la actividad económica. Culpar a otros de sus desventuras es un clásico de los ministros de Economía que van de salida.
El desplome
Los números de las encuestas posteriores al escándalo de las coimas confirmaron el costo político del carísimo experimento libertario. La consultora Shila Vilker, en su relevamiento del 22 al 26 de agosto, reveló que el 57,9% de los consultados responsabiliza al presidente Javier Milei por el caso ANDIS, mientras que el 59,3% apunta a su hermana, Karina Milei. La imagen presidencial se desplomó al 39,8%, por debajo de la de Axel Kicillof (43,8%) y Cristina Fernández de Kirchner (41,8%).
Estos datos demolieron las expectativas oficiales de un triunfo contundente de La Libertad Avanza en las próximas elecciones, circunstancia que el gobierno consideró clave para el "reset" económico que prometió.
La crisis del Experimento Milei trasciende los audios filtrados y tiene raíces estructurales que castigan tanto al oficialismo como a sus sponsors. La actividad económica se contrajo un 0,7 por ciento en junio, según el Indec, consolidando una tendencia recesiva que afecta industria, comercio y construcción. En el primer año y medio de mandato, apenas un par de meses mostraron expansión en la comparación mensual.
Sobre la economía en pausa se aplicó un torniquete aún mayor. En una sucesión de medidas desesperadas, el Banco Central incrementó las reservas obligatorias de los bancos hasta el 53,3% y habilitó su cumplimiento mediante bonos del Tesoro, un mecanismo de urgencia para frenar la demanda de divisas que comprime adicionalmente la disponibilidad de fondos en el sistema bancario.
Las empresas ya trasladan esta tensión directamente a los precios: productoras de alimentos enviaron nuevas listas con aumentos de hasta el 8% en productos de almacén y 5% en aceites, mientras otras compañías analizan movimientos similares.
A la inflación en las góndolas, se sumará un septiembre cargado de aumentos en casi todos los ítems del presupuesto familiar. El boleto mínimo de colectivo en el conurbano subirá un 3,9% y pasará a costar $529,25; mientras que en la Ciudad, el subte trepará a $1.071 con una suba del 3,8%. Las cuotas de los colegios privados con aporte estatal también aumentarán: 2,8% en la Provincia y 3,2% en Capital Federal. Los alquileres regulados por la ley derogada tendrán un ajuste del 50,3%, y las prepagas aplicarán incrementos de entre 1,7% y 1,9%. En paralelo, el Gobierno dispuso una actualización parcial del impuesto a los combustibles, lo que implicará subas de $10,52 en la nafta y $8,58 en el gasoil.
Finalmente, el agua se encarecerá un 1%, según la fórmula vigente de actualización. También se habilitaron aumentos en las boletas de luz y gas.
Con los datos a la vista, Morgan Stanley y J.P. Morgan, operadores financieros de referencia internacional, expresaron dudas sobre la sostenibilidad del esquema actual. Morgan Stanley alertó que la falta de claridad en la transición hacia una nueva etapa podría perpetuar las oscilaciones bursátiles y erosionar la credibilidad entre los operadores financieros. En el mismo sentido, múltiples consultoras porteñas recalcularon sus estimaciones de expansión económica para 2025, reduciéndolas del 5,5% al 4,5%, un ajuste que evidencia únicamente la recuperación tras el desplome inicial de la gestión libertaria.
El Círculo Rojo en su laberinto
El Círculo Rojo navega en una contradicción política-económica que lo tiene entre la espada y la pared. Apostó al éxito electoral de Milei contra el kirchnerismo y respaldó inicialmente las políticas de austeridad, esperando que la normalización macroeconómica generara condiciones propicias para expandir sus negocios. Pero como ocurrió en el pasado, el mismo programa que defendieron ahora los golpea con contracción económica, merma en las ventas y deterioro patrimonial.
Los episodios de corrupción y la mala praxis en el manejo económico operan como aceleradores de una crisis que ya germinaba en los sectores productivo y financiero. Apremiada, la Casa Rosada busca preservar su narrativa de orden fiscal mediante manipulaciones contables que las consultoras financieras comienzan a cuestionar con mayor severidad. Cuenta, es cierto, con el respaldo del FMI, que en julio liberó 2000 millones de dólares. Pero hasta eso flaquea.
La dirigencia técnica del organismo internacional reconoce que el programa de estabilización carece de fundamentos sólidos: ausencia de ley de presupuesto, escalada del conflicto social y recesión que debilita el sostén político. Los estados contables empresariales reflejan descensos en la facturación, y las expectativas de ganancias se desvanecen ante tasas reales que exceden cualquier cálculo de retorno de inversión.
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En ese contexto, el establishment acelera la demolición del Triángulo de Hierro que rodea al presidente para entronizar a Francos en su lugar. La operación es delicada, porque implica la amputación de Karina, la hermana “jefe” de Milei. "El Triángulo de Hierro ya no existe más", se ilusionan los empresarios que abonan el Plan Francos. Según ese relato, la mesa chica se desintegró cuando Diego Spagnuolo acusó a los primos Menem y a Karina de cobrar coimas de entre el 5% y el 8% por la compra de medicamentos en ANDIS.
Por siete días consecutivos, la Casa Rosada mantuvo un elocuente mutismo mientras buscaba acordar con Spagnuolo una estrategia de defensa conjunta. Luego de un intento fallido por imponerle abogados, Milei acusó a su letrado íntimo de mentir y anunció una guerra judicial. La deriva del caso le abrió el camino a Francos, quien emergió como el sobreviviente de ese naufragio político tras las presiones del establishment empresarial.
Empoderado, Francos asumió el rango reprendiendo a Milei: "Nunca debió haber confiado en Spagnuolo", dijo, marcando el tono de su gestión plenipotenciaria.
El jefe de gabinete estrenó rol con alta demanda. Le tocó dar la cara en medio del escándalo, responder preguntas de periodistas y enfrentar el informe mensual en el Congreso en el peor momento del escándalo. La tarea asignada incluyó el control del operativo político mientras otros funcionarios clave desaparecen del debate: la ministra Patricia Bullrich se retiró de la controversia pese a ser candidata a senadora libertaria, limitándose a hablar solo de seguridad.
En la nueva división del trabajo, Francos conduce políticamente mientras se procesa la crisis, Bullrich mantiene perfil bajo hasta después de septiembre, y el núcleo familiar presidencial queda neutralizado. El rediseño surgió de un diagnóstico lapidario: las disputas intestinas terminaron por hastiar a empresarios que habían depositado confianza y recursos en el proyecto oficial y que ahora consideran insostenible la continuidad del liderazgo de Milei bajo las condiciones que alumbraron los escándalos $Libra y Spagnuolo. “Hacen negocios para ellos y nos funden a nosotros” resumió un industrial a otro en el cónclave del Hotel Alvear.
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Control de daños
La operación de balizamiento se ejecuta a través del método tradicional: los medios de comunicación del sistema. La amplificación de las denuncias de corrupción que copó el prime time televisivo no responde a una súbita conversión democrática de las corporaciones mediáticas. Los conglomerados comunicacionales funcionan como canales de transmisión de los intereses del establishment empresarial que evaluó la insustentabilidad del proyecto libertario.
La explicación al despliegue símil periodístico es política, no moral: a lo largo de casi dos años, las principales cadenas mediáticas respaldaron con decisión al presidente libertario. Lo posicionaron como la alternativa viable para vencer al peronismo y celebraron con fervor las iniciativas más crueles de su agenda de austeridad. En la actualidad, esas mismas corporaciones magnifican las acusaciones de corrupción. Difunden grabaciones comprometedoras que ubican a Karina Milei como la coordinadora del esquema de sobornos, y otras poco relevantes que sólo sirven para sostener el tema en el primer plano de interés.
El cambio de postura obedece a una lógica empresarial implacable: el poder económico no se guía solamente por simpatías ideológicas sino, fundamentalmente, por las perspectivas de incrementar la rentabilidad y expandir negocios. Cuando la ecuación se quiebra, cambian las reglas del juego.
La fractura entre el discurso pro-mercado y la realidad productiva que percibe el Círculo Rojo también se manifestó en el Congreso Nacional. El lobbysta y legislador rionegrino Miguel Ángel Pichetto interpeló con dureza al ascendido Guillermo Francos en nombre de las corporaciones siderúrgica y metalúrgica durante la exposición mensual del coordinador ministerial.
El diputado inquirió sobre qué medidas adoptaría la -nueva- administración ante la resolución de Washington de imponer gravámenes al acero y aluminio, sectores neurálgicos de la producción nacional. La respuesta de Francos admitió las complicaciones: “Existen conversaciones en curso con Estados Unidos sobre estos temas comerciales bilaterales”, dijo, palabras más o menos, el nuevo conductor.
La tensión entre la apertura económica libertaria y la protección de sectores clave expone otra contradicción del modelo que cruje. Pichetto describió ante el jefe de Gabinete la debacle industrial en curso, el declive del empleo y la clausura de pequeñas y medianas empresas, en un contexto donde el ingreso masivo de mercaderías chinas representa el 70% del intercambio comercial. En paralelo a la presentación del diputado, los medios del sistema le dieron impulso a una ley “anti Shein” que la Cámara Textil impulsa como modo de impedir la lluvia de importaciones puerta a puerta que está fundiendo al sector. Es un golpe al corazón del “plan de estabilización” pro mercado que pregona Milei, promotor de la importación como método de control de la “casta” productiva local.
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En medio de un escándalo implosivo, el establishment balizó al gobierno con luces de neón: concluidos los comicios, los consorcios empresariales exigen modificaciones programáticas que abarcan una depreciación monetaria para favorecer las exportaciones, políticas de resguardo específico para la industria pesada y mecanismos estables de crédito para las compañías sobre-endeudadas, entre otras medidas pendientes como destruir derechos laborales y profundizar la precarización.
El mensaje que llegó al gobierno es implacable: la Casa Rosada carece de espacio político para sostener un esquema que conjugue restricción fiscal con merma de la rentabilidad empresarial. En tanto Milei encarne la opción de derrotar al kirchnerismo, conservará respaldo político, aunque el empresariado no tolerará pérdidas patrimoniales en pos de ese propósito.
Así las cosas, el Círculo Rojo juega una partida de alto riesgo que combina sostén político y disciplinamiento institucional: mantener a Milei como ariete anti-peronista mientras lo reencauza a través de Francos. La operación incluye la amputación del círculo familiar presidencial y la construcción de una nueva arquitectura del poder que privilegia la estabilidad institucional por sobre los caprichos del liderazgo megalómano.
Las encuestas privadas que circulan en la Rosada y en los bancos marcan una ventaja de entre 4 y 8 puntos para la oposición en las elecciones bonaerenses. Más allá del resultado, se descuenta que el rumbo económico no cambiará de manera significativa, pero la presión sobre Caputo y su equipo se intensificará si la derrota se confirma.
La situación del ministro de Economía condensa todas las tensiones del modelo: presionado por los mercados, desafiado por la Justicia, cuestionado por los empresarios y expuesto a un reemplazo se muestra incapaz de estabilizar un programa económico que navega entre el naufragio político y la hecatombe financiera.
La metamorfosis de Francos de coordinador político a jefe de facto del experimento libertario ilustra el pragmatismo despiadado del poder económico argentino. Intervino con ferocidad cuando la criatura amenazaba con devorar a sus propios creadores.
El éxito de la operación de salvataje, sin embargo, depende de variables que escapan al control de los dueños del dinero: los humores del electorado, la profundidad de la recesión, la resistencia de un ministro de Economía con negocios a medio hacer y la capacidad de resiliencia de un presidente narcisista para aceptar que ya no es el dueño absoluto de su propio destino.