Luego de que el gobierno de Javier Milei promulgara la Ley 27.793 que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, pero suspendiera su ejecución por falta , el Colegio de Psicopedagogos de la provincia de Córdoba acudió a la Justicia Federal con un amparo colectivo para exigir el cumplimiento de la misma.
El Ejecutivo decidió establecer la ley tras la insistencia del Congreso con mayoría especial en ambas cámaras, en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional. Sin embargo, el Decreto 681/2025 invoca el artículo 5 de la Ley 24.629 y el artículo 38 de la Ley 24.156, que exigen la inclusión de créditos presupuestarios y fuentes específicas para leyes con impacto fiscal.
En el texto oficial, el Ejecutivo apuntó que el presupuesto vigente de la Administración Nacional “no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación”. Justificó que si se destinaran todas las partidas disponibles del presupuesto de los tres poderes del Estado al cumplimiento de la ley, “ello resultaría igualmente insuficiente para atender en plenitud las obligaciones allí impuestas”.
En este panorama crítico que enfrentan no solo las personas con discapacidad, sino también las familias, profesionales y organizaciones que nuclean a este colectivo, esta nueva presentación recayó en el Juzgado Federal 1, a cargo de Carlos Ochoa, quien notificó al fiscal Maximiliano Hairabedián para que emita su dictamen.
MÁS INFO
La acción es impulsada por el abogado Gerardo Nieva Allue y lleva la firma de la presidenta del colegio profesional, Romina Alejandra Cortés Hormaeche, los padres de un adolescente de 15 años con certificado de discapacidad, y tres psicopedagogas que lo asisten, Romina Alejandra Malagueño, Victoria Lucía Pérez y Viviana Quispe Posse.
El letrado explicó que se presentó un caso concreto, el del joven mencionado, quien recibe acompañamiento psicopedagógico en integración escolar y consultorio. Si bien tiene cobertura médica. las autorizaciones realizadas durante este año son solo “de palabra”, ya que no se materializan. Esa situación es invocada sistemáticamente para demorar o reducir los pagos a las profesionales. A partir de este “caso justiciable”, el Colegio solicitó que se amplíe la decisión judicial sobre el colectivo de niños y niñas que ven afectados sus derechos a la educación y al acompañamiento psicopedagógico.
Baja de pensiones sin justificación en Córdoba: "Los quieren estigmatizar"
El plan de crueldad por goteo con auditorías masivas que llevó adelante el Gobierno desembocó en el dato que confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos: se dieron de baja 111.463 pensiones por invalidez. "Es un número que de lo único que habla es de la intención pura y dura de recortar, un indicador de que solo interesan las cifras y no las personas y el ejercicio de sus derechos", advirtió en diálogo con El Destape Varina Suleiman, abogada de la Red por los Derechos de las personas por la Discapacidad. La presentación del proyecto de Ley de Presupuesto 2026 había dado una pauta: en ese texto, el Gobierno prevé que entre este año y el próximo habrá 155.606 pensiones menos (sobre un total de 1.133.549 en la actualidad).
En este marco, la candidata a diputada Marta Lastra repudió la baja de pensiones sin justificación: "No encuentro los adjetivos porque estamos hablando de situaciones extremas. La persona que tiene un beneficio asistencial de una pensión no contributiva no es una persona que quiere estafar al Estado", afirmó. "Es una persona que no puede trabajar porque tiene una deficiencia o algún diagnóstico que le impide trabajar y no tiene los medios. Esta es la figura de la pensión por invalidez laboral. Pero hoy por hoy, lo quieren estigmatizar de una manera en la que son vividores del Estado. Esta gente está en una situación de pobreza y tiene una discapacidad, no finge nada", dijo para tirar abajo el relato libertario.
Lastra, quien integra la lista Defendamos Córdoba, encabezada por Natalia de la Sota, advirtió por el ajuste que lleva adelante el jefe de Estado y dijo que "los aranceles que son tenidos en cuenta y representan el piso para el pago de prestaciones en materia de discapacidad se encuentran congelados desde noviembre del año pasado y su último aumento fue del el 0,05%". "El ejecutivo, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), jamás dispuso de que se reúna el directorio, que es el que debe actualizar los valores", apuntó en declaraciones para este medio.
Cerrar sesión