El “Narcoescándalo” y el “Coimagate” vuelven a impactar al Gobierno: la Justicia avanzó con allanamientos claves

La Justicia avanzó este jueves con allanamientos claves en dos causas muy sensibles para el Gobierno: el “Narcoescándalo”, que involucra al diputado libertario José Luis Espert; y el “Coimagate”, que impacta en la hermana del presidente, Karina Milei. En el primer caso hubo operativos en la vivienda y el despacho de Espert. En el segundo hubo 25 procedimientos en droguerías y domicilios particulares, luego de que el fiscal Franco Picardi detectara posibles irregularidades y direccionamientos en la compra de medicamentos de alto costo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La ANDS estaba al mando Diego Spagnuolo, el amigo del presidente Javier Milei a quien se le escucha decir en audios filtrados en los medios de comunicación que en el organismo funcionaba un sistema de coimas que terminaba en manos de la secretaria general de la Presidencia.

Caso ANDIS: nueva línea de investigación y 25 allanamientos

En el marco de la causa en que se investiga un sistema de coimas en la ANDIS, la Justicia ordenó realizar 25 allanamientos en simultáneo por pedido del fiscal federal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación. Los operativos se realizan en droguerías y domicilios particulares, según indicaron fuentes judiciales a El Destape. ¿La razón de los procedimientos? Picardi habría determinado graves irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la ANDIS. Se trata de “una nueva línea de investigación”.

Con los allanamientos –que no fueron en las tres sedes de la ANDIS- el fiscal busca determinar la existencia de sobreprecios en la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Con ese norte, apunta a determinar el valor de los medicamentos. Como consecuencia de los operativos se volvió a implantar el secreto de sumario en el expediente.

Según pudo determinar este medio, en la ANDIS se comprobó la existencia de sobreprecios en la adquisición de medicación. Desde el organismo precisaron a este medio que “una droga de 20 millones de pesos la pagaban 80 millones”. El dato surge de un estudio realizado a partir de la intervención del organismo, luego de que estallara el escándalo que involucró a Spagnuolo. “Se compararon compras de medicamentos en ANDIS con las realizadas por el ministerio de Salud y las mismas drogas arrojaron híper sobreprecios”.

Esta causa se inició a partir de una denuncia penal realizada por el abogado Gregorio Dalbón, quien se hizo eco de la difusión de audios en los que se escucha a Spagnuolo describir un sistema de coimas en la ANDIS. La acusación apuntó a Javier y Karina Mieli, a Sapgnuolo y Eduardo Kovalivker de la droguería Suizo Argentina S.A, que fue señalada como el vehículo a través del cual se habría llevado adelante el pago de “retornos”. La instrucción del proceso hasta el momento circunscribió la pesquisa en Spagnuolo, el exfuncionario de la ANDIS Daniel Garbellini y Eduardo Kovalivker y sus hijos Jonathan y Emmanuel, también accionistas de Suizo Argentina.

En el marco de esta causa el juez federal Sebastián Casanello consideró válidos los audios de Diego Spagnuolo. El magistrado, al igual que el fiscal Picardi, consideró a las grabaciones del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad como válidas para iniciar una investigación penal: “Llegado el momento no se tratará de discutir validez sino, en todo caso, de interpretación y fuerza probatoria”, señaló. En esos audios se le escucha decir a Spagnuolo que “la gente de la Suizo llama a los demás proveedores, les dicen que no es más el 5% (de coima) ahora tenés que poner el 8%” y que “a Karina le llega el 3%”, entre otras cuestiones.

Tal como reconstruyó El Destape, las compras más relevantes de la ANDIS se hacían a través de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, conocida como “Incluir Salud”, área que estaba bajo la órbita de Daniel Garbellini, uno de los cinco investigados. Es la persona que Spagnuolo menciona como el que le ubicaron desde Presidencia para manejarle la caja. La dirección que estaba bajo su mando es la que tiene mayor presupuesto (descontando el dinero destinado a las pensiones) y utiliza un circuito de compra interno, cerrado, por lo que sus adquisiciones no se publican en el portal Comprar.

En pos de desentrañar las contrataciones que se hacían desde ANDIS está interviniendo en la causa la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que está a cargo del fiscal Sergio Rodríguez. Puntualmente, la PIA está trabajando en lo relativo a los contratos de Suizo Argentina con ANDIS, algo que con el avance de la investigación podría extenderse a contratos de la firma con otros organismos del Estado. Se estima que la PIA podría cuantificar con precisión el dinero que implicó la relación contractual total de la droguería de la familia Kovalivker con la agencia que conducía Spagnuolo.

Narcoescándalo: Espert cada vez más complicado

Los relativos al “Coimagate” no fueron los únicos allanamientos de este jueves en causas que preocupan al Gobierno. También se realizaron procedimientos en el domicilio y el despacho del diputado libertario José Luis Espert, quien debió bajarse de su candidatura para las próximas elecciones. Este miércoles, el Congreso habilitó la tarea de la Justicia con 215 votos afirmativos y solo 3 abstenciones.

Estos operativos se realizaron a pedido del fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, quien tiene delegada la investigación que se abrió a partir de una denuncia del dirigente y candidato a diputado por el Fuerza Patria, Juan Grabois, que denunció a Espert por el presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico. El disparador de esta denuncia fue el dato que surgió en los tribunales de Estados Unidos de que Espert cobró al menos 200.000 dólares por parte de Fred Machado, acusado de narcotráfico. Machado financió parte de la campaña presidencial de Espert de 2019. Le prestó aviones y una camioneta blindada.

El diputado había negado los vínculos con Machado, quien estaba cumpliendo prisión domiciliaria en Viedma hasta el estallido de este escándalo. El martes, la Corte Suprema autorizó su extradición a los Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico y lavado de activos. Espert había dicho que solo había visto una vez al acusado. Quedó claro que lo vio muchas veces, que tenían un trato fluido y que cobró mucho dinero de parte suya. Espert justificó el pago de los 200.000 dólares en por una asesoría que ni siquiera concretó a una minera de Guatemala relacionada a Machado.

En su denuncia penal, Grabois destaca que el patrimonio de Espert creció exponencialmente desde que conoció a Machado. Entre 2022 y 2024 aumentó alrededor de un 800%. Espert, que mintió de manera constante en este caso, dijo que ese salto se dio por una herencia por la muerte de su padre. Lo cierto es que se compró una casa en Beccar por miles de dólares en noviembre de 2019, luego de la campaña electoral que financió Machado. Se trata del domicilio allanado este jueves. También se compró un BMW valuado en 90 mil dólares en marzo de 2020. El giro de 200.000 dólares por parte de Machado fue en febrero.

El domicilio donde Machado cumplía prisión domiciliaria fue allanado este miércoles. Allí se encontró un supuesto contrato que habrían firmado Espert y Machado por un millón de dólares, de los que no queda claro cuánto se llegó a ejecutar. ¿Pudo Espert haberse comprado la casa y el BMW con dinero girado por Machado, que estaría relacionado al narcotráfico?

Mientras avanzan los operativos en el domicilio y el despacho de Espert, sus nuevos abogados intentan que la denuncia de Grabois cambie de manos y se investigue en Comodoro Py, donde tramita otra causa contra Espert por el financiamiento de su campaña de 2019. Esta causa, en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, avanza a paso lento desde 2021. Allí Espert está imputado y en marzo pasado se había presentado con el patrocinio de Augusto Garrido, letrado integrante del estudio Cúneo Libarona, ligado al ministerio de Justicia de la Nación. En marzo, Espert con el auspicio de Garrido dijo que a Machado solo lo había visto una vez en su vida y que tanto los aviones como la camioneta que le habían facilitado habían sido gestionados por el partido UNITE, al que representó en las elecciones de 2019. Era todo falso. Un documento de la PSA aportado a esa causa expone que Espert realizó, sólo en 2019, 36 vuelos en los aviones de Fred Machado. Y que compartió 5 de esos viajes con el acusado de ser narcotraficante.

En ese proceso Espert designó como abogados a Alejandro Freeland y Santiago Kent. Sus letrados solicitaron que se dicte la inhibitoria de los tribunales de San Isidro para seguir interviniendo en la causa que se abrió con la denuncia de Grabois y que el caso se envíe a Comodoro Py, por conexidad con el que se inició en 2021. Argumentaron que ambas causas involucran hipótesis de lavado, comparten fechas y hechos a investigar y que la que tramita en los tribunales federales de Retiro es anterior y se encuentra más avanzada. Martínez de Giorgi pidió una certificación del caso al juzgado de San Isidro a cargo de Lucio Mirabelli para determinar el objeto del proceso. Un dato no debe pasar desapercibido: en la causa de Comodoro Py nunca se aceptó a Machado como imputado. En los tribunales de San Isidro avanzaron con otra premura.

Un dato curioso se dio en estas horas, con la aparición del abogado Freeland, que dio una especie de conferencia de prensa desde la puerta de la casa de Espert, mientras estaba siendo allanada. Consultado por la prensa, Freelan dijo que también es abogado de Suizo Argentina, la droguería investigada en el “Coimagate” donde se realizaron los allanamientos antes mencionados. Desde el entorno legal de la Suizo dicen que en la actualidad no está vinuclado a la empresa y que el que interviene en defensa de los Kovaliker y la droguería es el abogado Martín Magram. “A Freeland lo nombraron y lo revocaron. Apareció en un allanamiento porque lo trajo otro abogado. Pero no ya no tiene vínculo alguno con la empresa”, dijeron.

Lo cierto es que más allá de este abogado, hay más de un punto en común entre estas dos causas. El más claro: que ambas involucran al Gobierno en una trama de corrupción y mentiras.