El defensor del pueblo de Formosa, Leonardo Gialluca, encabeza desde esa provincia una lucha legal con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) por la baja masiva de pensiones tras las auditorías que inauguró el gobierno de Javier Milei. La Justicia le dio la razón, pero el Gobierno Nacional no cede. En diálogo con El Destape, Gialluca opinó que la Andis planteó las auditorías estuvieron signadas por "una serie muy marcada de irregularidades" de tal manera "que las personas no pudieran cumplir" con los requisitos. Además, anticipó una denuncia contra el interventor de la agencia, Alejandro Vilches, por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Días atrás, la jueza federal María Belén López Macé había ordenado al Gobierno Nacional restituir de manera inmediata las pensiones por discapacidad en Formosa, suspendidas en el marco de auditorías implementadas por Andis. El Gobierno apeló ese fallo de la Justicia, pero la Cámara Federal de Resistencia rechazó ese recurso y dejó firme la cautelar. Mientras la Agencia de Discapacidad no cumpla con lo establecido, debe pagar una multa de $100.000 diarios. La denuncia la realizaron la Defensoría del Pueblo, en coordinación con Camino Azul, una fundación de padres con niños con Trastorno del Espectro Autista.
"Esto se inició cuando el Gobierno Nacional implementó las auditorías de las pensiones por discapacidad a nivel nacional", expresó Gialluca, quien consideró que hubo "una serie muy marcada de irregularidades, comenzando por las deficiencias en las notificaciones", ya que la empresa designada para hacer la "notificación fehaciente al domicilio real de cada persona que se tenía que auditar" no cumplió con su deber.
Luego, profundizó: "Se distribuían las cartas documento en cualquier lugar". Así, la "notificación fehaciente nunca le llegó a la gente".
Pero, además de las irregularidades en la notificación, el titular de la Defensoría del Pueblo de Formosa remarcó: "A eso se le juntaba el tema de un plazo muy escueto de no más de 20 días para que presenten una historia clínica actualizada, con estudios médicos, lo que era de cumplimiento imposible. La posibilidad de defensa que tenía la persona se había frustrado". Cuando los afectados por la medida pedían turno en los hospitales, les daban turnos "de ahí a dos o tres meses".
"Aclaramos siempre que no nos oponemos a las auditorías, nos oponemos al proceso irregular con el que fueron implementadas estando (Diego) Spagnuolo al frente de la Andis", insistió Leonardo Gialluca. "Acá hay gente que, con certificados de discapacidad o casos indubitados, como la llamamos nosotros, se les ha dado de baja la pensión", continuó y explicó que muchas de esas personas destinaban esos casi $300.000 a la compra de alimentos. "Es una situación muy angustiante y no se entiende el incumplimiento de los funcionarios de la Andis", declaró.
"Lo que la gente quiere es que se cumpla con lo que ordenó la jueza, que es el depósito y la habilitación en los bancos de la provincia de Formosa de los beneficios a favor de las personas con discapacidad", concluyó el defensor del pueblo.
La nueva denuncia
Además, Gialluca anticipó que este viernes presentará una nueva denuncia, esta vez contra el actual interventor de la Andis, Alejandro Vilches. También podrían incluir a otros funcionarios en la presentación judicial.
"No está cumpliendo con sus deberes de funcionario público", consideró el defensor del pueblo de la provincia de Formosa en la previa de la nueva presentación judicial.
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