La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) resolvió restablecer las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado Federal de Catamarca N° 2, que dictó una resolución que extiende la medida cautelar ya vigente en el ámbito de dicha provincia a todo el territorio nacional. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 12621/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y firmada por el interventor del organismo, Alejandro Alberto Vilches.
El fallo judicial y cuál es alcance de la medida por las pensiones
La resolución judicial responde a una acción de amparo presentada por el defensor del Pueblo de Catamarca, Dalmacio Mera, en representación de un colectivo de pensionados afectados. En el expediente “Defensor del Pueblo y otro c/ ANDIS s/ acción de amparo Ley 16.986 c/ cautelar”, el tribunal ordenó a la ANDIS:
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- Restablecer en un plazo de 24 horas todas las pensiones suspendidas.
- Pagar los haberes retenidos desde la suspensión.
- Abstenerse de continuar auditorías o aplicar nuevas suspensiones hasta que se dicte sentencia definitiva.
La resolución establece en su Artículo 1° dejar sin efecto las suspensiones y reanudar los pagos. En el Artículo 3°, instruye a la Dirección de Asignación de Apoyos Económicos y Liquidación a no iniciar ni continuar auditorías mientras esté vigente la medida judicial. Además:
- Se encomienda la notificación a las personas beneficiarias.
- Se dispone que el gasto se cubrirá con partidas presupuestarias disponibles.
- Se ordena comunicar la decisión a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para la reactivación de las prestaciones.
La medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 698/2017, que creó la ANDIS, y el Decreto 601/2025, que dispuso la intervención del organismo por 180 días y designó a Vilches como interventor.
Las acciones judiciales fueron promovidas por organizaciones como Asociación Azul, ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), y personas afectadas. Estas iniciativas contaron con el patrocinio de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, que acompañó los reclamos en defensa del derecho a la seguridad social de los pensionados.
También se habían presentado en el caso la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes, la Red de Asistencia por los Derechos y la Integración Social, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos.
En la acción de amparo presentada por la ACIJ en septiembre, argumentaron que la conducta estatal había implicado una "violación del debido proceso y del derecho a la protección social, a la salud y a la vida independiente" de las personas con discapacidad. Además, indicaron que se había violado el "deber de buena fe estatal al haber creado nuevas obligaciones para los beneficiarios y beneficiarias de estas prestaciones de manera simultánea con el inicio de la auditoría y sin impulsar medidas de difusión para que las personas conocieran el deber de actualizar sus domicilios".
La suspensión de más de 100.000 pensiones en los últimos meses implicó un "grave avasallamiento de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, profundizando la situación de vulnerabilidad y exclusión que enfrentaron históricamente", remarcaron desde ACIJ. Con esta decisión, la Justicia federal reafirmó la obligación del Estado de "revertir un accionar arbitrario que puso en riesgo el derecho a una vida digna", concluyó el documento.
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