Audios de las coimas: La denuncia del gobierno para frenar el escándalo habilita el espionaje interno de la SIDE mileísta

El gobierno nacional busca a toda costa frenar la escalada del caso “audio de las coimas” que impacta de lleno en Karina Milei, la hermana del Presidente, quien quedó involucrada en una trama de corrupción. En pos de lograr ese objetivo este lunes denunció en los tribunales de Comodoro Py que el caso que se instaló en la agenda mediática a través de audios en que se escucha al exfuncionario Diego Spagnuolo describir un esquema de “retornos” se sostiene en tareas de inteligencia ilegal. Por su coincidencia de conceptos con el criticado Plan de Inteligencia Nacional (PIN), la presentación judicial parce habilitar implícitamente una intervención de la SIDE incluso contra los periodistas que difundieron este caso de gran interés público. Es que el PIN está vigente y habilita el espionaje interno. Aunque el plan sea considerado ilegal por diversas organizaciones como el CELS por violar la Ley de Inteligencia Nacional aún no hubo un fallo judicial que así lo determine.

Según la denuncia que este lunes ingresó a Comodoro Py y lleva la firma de Fernando Soto, mano derecha de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad, el caso “audios de las coimas” tiene por objetivo “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”. Todos esos conceptos son los que se esgrimieron en el PIN 2024, tal como informó El Destape el 28 de mayo pasado. Se trata de un plan que es analizado por la Bicameral de Inteligencia, donde fue cuestionado por ilegal ya que viola el artículo 4° de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520).

Por ejemplo, de acuerdo a ese criticado Plan de Inteligencia Nacional, podrían ser objetivos de la SIDE quienes difundan “información falsa o engañosa” con “la intención de influir en la opinión pública y/ o manipular a personas vinculadas a procesos decisorios, de manera contraria al interés nacional”. El organismo que conduce Sergio Neiffert también estableció hacer foco en quienes “promuevan relatos con potencialidad de desestabilización institucional”. Otro punto del PIN sostiene que la SIDE milesita podrá intervenir ante “acciones de manipulación de la opinión pública” para influir en procesos electorales. La desestabilización económica también figura en el PIN como causal de actividad de la SIDE. Como informó El Destape, la central de inteligencia mileísta apunta a quienes difundan “información falsa o engañosa” para producir un “impacto significativo en la dimensión económica, afectando el normal desempeño de diversos sectores y generando riesgos a la Nación y la sociedad”. La denuncia parece haber sido escrita en espejo con el PIN 2024.

Como si fuera poco, a eso se suma la insólita tesis desarrollada en la presentación de Soto de la posible participación de espías rusos en la “operación de desestabilización” denunciada por el gobierno.

El caso quedó radicado en el juzgado federal Nº 12 que subroga Julián Ercolini y está de turno este año con el fiscal Carlos Stornelli. Una dupla que, a juzgar por sus antecedentes, se espera actúe de acuerdo a los intereses del gobierno.

Una denuncia sin pruebas que apunta a espías rusos y periodistas

El gobierno a través de Soto, que es director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad Nacional y a la vez defiende a policías y expolicías acusados de gatillo fácil, denunció penalmente a quienes resulten responsables de los hechos “vinculados con la producción, manipulación y difusión sistemática de grabaciones atribuidas a funcionarios y ex funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”. Es la carta que decidió jugar el gobierno para intentar contrarrestar el escándalo que se abrió con la filtración de audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, a quien se le escuchar decir que en la ANDIS hay un esquema de coimas del que Karina Milei recauda el 3%.

En el escrito rubricado por Soto se sostiene que como en una de las filtraciones se escucha a la propia Karina Milei, las maniobras denunciadas podrían haber sucedido en la Casa Rosada, lo que evidenciaría una severa falla en el servicio de inteligencia del Estado. Sin temor al ridículo, Soto sostiene en la denuncia que incluso podrían haber participado espías rusos en esta “operación”. Para amedrentar, en una solicitud sin antecedentes en la vida democrática, el gobierno pidió a la Justicia que realice allanamientos en domicilios de los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial y en los medios de comunicación que difundieron los audios del escándalo como Carnaval Stream.

¿Qué se sostiene en la presentación que el gobierno hizo en Comodoro Py?

• Que el gobierno y el próximo proceso electoral “se encuentra bajo un inédito ataque de grupos paraestatales que buscan generar caos”. Y que la maniobra que revela un sistema de recaudación ilegal que termina en la hermana del Presidente “no constituye un mero episodio aislado con repercusión mediática, sino que es el producto de una operación de inteligencia no institucional ilegal, cuidadosamente planificada para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia”. Es decir, que su origen son tareas de espionaje ilegal.
   
• Que no hubo “una filtración fortuita” (¿acaso el Watergate lo fue?), “ni de un hecho espontáneo, sino de una secuencia ejecutada con una finalidad política y comunicacional, a través de prácticas prohibidas por la legislación vigente (Ley 25.520)”, es decir, de la Ley de Inteligencia Nacional.
   
• La denuncia hace foco en la grabación de Karina Milei que se difundió en Carnaval Stream el viernes pasado. Allí, el periodista Mauro Federico informó que tenía grabaciones de Karina Milei. “Según sus propios dichos, la producción del programa contaría con más de cincuenta minutos de audios atribuidos a la funcionaria”, dice la denuncia. Para el gobierno “la mera posibilidad de que se hubieran realizado grabaciones encubiertas dentro de la sede del Poder Ejecutivo Federal, o en otros despachos públicos, para provocar este efecto electoral otorga a la maniobra una gravedad inusitada. La apelación al espionaje ilegal pondría en serio riesgo la investidura presidencial y la reserva de los asuntos de Estado”, se añade.
   
• Y se hace un paralelismo entre los audios de Karina y los de Spagnuolo, que difundió el mismo medio: “Se trata de un modus operandi ya ejecutado en los últimos días en relación con otras personas, con el que se procura afectar transitoriamente las variables económicas más importantes y alterar el desarrollo de la campaña, tanto a nivel nacional como en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”. Es decir, lejos de condenar los actos de corrupción que se desprenden de los dichos de Spagnuolo –íntimo amigo y exabogado de Milei- y que provocaron una causa judicial que está en manos del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, el gobierno pretende atacar a los periodistas que difundieron un presunto esquema de coimas que la Justicia se tomó muy a pecho ya que hizo varios allanamientos y secuestró celulares de los involucrados.
   
• El gobierno apuntó a los periodistas que difundieron los audios, Mauro Federico y Jorge Rial, y a los dueños de Carnaval Stream, el medio en que se comunicaron. “Su dueño es Pablo Toviggino, mano de derecha del Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y opositor declarado del Gobierno Nacional y de las ideas de la Libertad que reivindican el Presidente de la Nación y la Secretaría General de la Presidencia”, se indicó en la denuncia. También sumaron a Pablo Jiménez, empresario de medios y responsable del portal Data Clave. Para el Ejecutivo “otro engranaje de esta maniobra golpista sería Franco Bindi, abogado ligado a agentes inorgánicos de inteligencia y pareja de la Diputada Nacional Marcela Pagano, quien desde hace meses conspira para debilitar y boicotear sistemáticamente el espacio político que le permitió acceder a su banca”. Tanto Rial como Pagano denunciaron amenazas en su contra en los últimos días. pagano incluso realizó una presentación ante la Comisión Bicameral de Inteligencia.
   
• El nivel de exageración llega a puntos insólitos. El gobierno considera que detrás de esta maniobra que denuncia puede haber espías rusos. En esa línea, recuerda en la presentación que “el 18 de junio de 2025, la Secretaría de Inteligencia de Estado denunció la existencia de un grupo liderado por residentes rusos en la Argentina que estaría realizando acciones en función de los intereses geopolíticos de Rusia para influenciar a la población”. Concretamente, hizo referencia al grupo “La Compañía” y resaltó que “los hechos denunciados en el presente escrito revisten una marcada similitud con las actividades desplegadas por la organización desenmascarada por los servicios de inteligencia nacionales y podrían ser parte de una operación sistematizada de largo plazo”. Como si aquello fuera poco, vinculó a Bindi con “el régimen chavista” y con el presidente Evo Morales. Algo así como una mafia ruso-chavista detrás del caso Spagnuolo.
   
• Tal como lo hizo en el fuero civil y comercial con respecto a lo que hace a los audios de Karina Milei que se difundieron el viernes en Carnaval Stream, el gobierno requirió en Comodoro Py que se implemente una censura previa y se prohíba la difusión de cualquier elemento relacionado al caso “audio de las coimas”: “Dada la gravedad de los hechos denunciados, consistentes en la captación, edición, manipulación, tergiversación y difusión clandestina de audios obtenidos mediante prácticas de espionaje ilegal, solicito como medida cautelar urgente la prohibición de difusión, reproducción y/o circulación por cualquier medio de dichos registros, y de todo otro elemento relacionado con la maniobra ilícita”.
   
• En este contexto, Soto reclamó una serie de allanamientos que incluye:

1. Las oficinas y estudios de “Carnaval Stream”, “disponiéndose la incautación de servidores, discos rígidos, consolas de edición, backups, planillas de programación y toda documentación relativa a la recepción y difusión del material”. Es decir, allanar un medio de comunicación.
    
2. De los domicilios de Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Toviggino, Mauro Federico y todo otro interviniente sin fueros parlamentarios, “a fin de secuestrar dispositivos electrónicos (computadoras, notebooks, teléfonos, discos externos, pendrives) y documentación vinculada a las maniobras descriptas, de las cuales pueda determinarse quiénes fueron los organizadores y partícipes de los delitos cometidos”. Aquí se pide allanar a dos periodistas. Un ataque a la libertad de expresión pocas veces vista en democracia.

¿El juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Stornelli le darán el gusto a la Casa Rosada? Se trata de dos funcionarios judiciales que podrían jugar en tándem con el gobierno. Stornelli tiene experiencia en casos de espionaje ilegal, al estilo del denunciado por el obierno. Protagonizó como denunciante la causa Operación Puf, que creó la AFI macrista para derriba el caso D’Alessio donde el propio fiscal estaba denunciado.

Censura previa

A la par que el gobierno avanza con esa denuncia penal, logró que este lunes el juez en lo civil y comercial federal Patricio Maraniello hiciera lugar a una medida cautelar pedida por Karina Milei para que no se difundan audios de ella que se anunciaron el pasado 29 de agosto en Carnaval Stream. El magistrado ordenó el cese de la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia “a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”. Casualidades: Maraniello, que tiene 8 denuncias en el Consejo de la Magistratura, de las que 5 son de acoso sexual, está concursando para llegar a camarista en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital y necesita del apoyo del gobierno y sus aliados para obtener el cargo.

“De acuerdo con la información identificada en el escrito de inicio, los mencionados audios habrían sido obtenidos de forma ilegal y clandestina, incluso pudiendo haber sido grabados dentro de la propia Casa de Gobierno, y en el contexto de una reunión privada del grupo de trabajo de la Sra. Milei”, escribió Maraniello en una resolución de 10 páginas a la que accedió El Destape. “En consecuencia, es necesario equilibrar la debida protección de la libertad de prensa y la prohibición de la censura previa —elementos fundamentales para el mantenimiento del sistema republicano y el bien jurídico tutelado que es la democracia— frente a las graves consecuencias que la difusión de información por cualquier medio podría tener sobre las posibles investigaciones en curso. En este contexto, y aunque la tutela anticipada prevista en el código procesal no puede ser solicitada únicamente para obstaculizar resoluciones de otros tribunales (Fallos: 319:1325, entre otros), es evidente que, en el presente caso, la no admisión de la medida cautelar solicitada podría acarrear consecuencias más perjudiciales para la sociedad en su conjunto que la restricción temporal de la información”, justificó el magistrado para ejecutar una censura previa y prohibir la difusión de hechos de un claro interés público.

Esta decisión provocó la reacción de prestigioso juristas. El constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra advirtió en la red social X: “La censura previa y el ejercicio de la jurisdicción sin competencia se encuentran constitucionalmente prohibidos desde 1853. Todo acto de esa naturaleza, según la autoridad de la Constitución, resulta nulo de nulidad absoluta, porque el abuso del poder es insanable”.

Por su parte, el también constitucionalista Andrés Gil Domínguez sentenció: “La interdicción de la censura previa es un contenido esencial de la libertad de expresión y el acceso a la información. Mucho más aún cuando lo que se protege está relacionado con asuntos de interés público y funcionarios públicos. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte IDH desarrolló estándares precisos en la materia. Una cautelar sin plazo y sin sujeto pasivo que impone la censura previa a la función periodística, afecta el pleno ejercicio de la libertad de expresión como un derecho colectivo y sostén fundamental del sistema democrático”.

La abogada Graciana Peñafort, que analizó el caso en un hilo de X, se expresó en un sentido similar: “La regla es la libertad de expresión SIN CESNURA PREVIA y la súper estricta excepción son la defensa de los menores y la seguridad nacional. Cualquier cosa que no responda a esos principios es CENSURA PREVIA”.

Por su parte, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), repudiaron el accionar del gobierno: “Un juez prohibió que se difundan audios de Karina Milei y el Ministerio de Seguridad pide que allanen a medios y a periodistas. El gobierno va en contra de la libertad de expresión y del derecho de la sociedad a informarse de temas de interés público. En vez de esclarecer los hechos, criminalizan a quienes difunden”. Y esa pareciera ser la estrategia del gobierno libertario cuando la realidad apremia: criminalizar a quienes informan y correr el eje de la discusión pública.