Los jueces federales con competencia penal de todo el país manifestaron su “profunda preocupación” ante la reducción prevista en el Presupuesto 2026 para el Poder Judicial de la Nación. En un comunicado, la Junta de Presidentes de las Cámaras Federales sostuvo que el crédito asignado “afectará gravemente el normal funcionamiento de los tribunales y, con ello, la independencia judicial”, al tiempo que reclamó al Congreso una revisión “urgente” del texto enviado por el Consejo de la Magistratura.
El planteo apunta a que el nuevo proyecto mantiene el esquema de prórroga aplicado por el gobierno de Javier Milei durante los dos últimos ejercicios, lo que —según los magistrados— consolidó una caída real del financiamiento judicial. De acuerdo con la proyección, el presupuesto global se reduciría un 8% respecto del crédito vigente y las partidas de Bienes de Uso —que incluyen obras, mantenimiento edilicio y equipamiento tecnológico— caerían un 74%, en un contexto de infraestructura deteriorada y sin recursos para modernización.
En el presupuesto actual, los fondos para infraestructura ya representan una porción mínima: apenas el 1,7% del total jurisdiccional, según consta en la documentación del Poder Judicial correspondiente al ejercicio 2025. Una nueva reducción, advierten los jueces, comprometería la continuidad de obras en edificios judiciales del interior y la plena implementación del sistema procesal penal federal.
“La suficiencia presupuestaria y la autarquía financiera judicial son condiciones indispensables para asegurar la independencia del Poder Judicial”, afirmaron los magistrados, que integran la organización más representativa del fuero federal penal y agrupan a todas las jurisdicciones del país.
El documento concluye con un llamado a preservar el equilibrio republicano y garantizar que el acceso a la justicia no quede supeditado “a coyunturas económicas”, en un momento en que el Poder Judicial enfrenta una ejecución presupuestaria bajo prórroga y sin actualización real de recursos.
En los tribunales advierten que el recorte no solo afecta el funcionamiento operativo, sino también la capacidad del sistema para sostener juicios complejos, digitalizar causas o incorporar tecnología en las investigaciones. “No se trata de una discusión corporativa sino de la posibilidad de que el Poder Judicial cumpla su rol”, sintetizan en los despachos federales, donde reconocen que la falta de inversión está comenzando a traducirse en demoras, sobrecarga de causas y un progresivo deterioro del servicio de justicia en todo el país.
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