Renunció García Mansilla y la Corte vuelve a funcionar con 3 integrantes: los interrogantes que se abren

El abogado Manuel García Mansilla presentó este lunes su “renuncia indeclinable” a un cargo en el que nunca debió haber estado: el de comisionado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, puesto al que accedió el 27 de febrero pasado por un decreto del presidente Javier Milei. La partida se da luego de que el Senado rechazara su pliego de forma contundente con 51 votos en contra y vuelve a dejar al máximo tribunal del país con tres integrantes, quienes están enfrentados entre sí y deben expedirse en casos de gran relevancia política como la libertad o detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este abogado conservador, vinculado al Opus Dei, estuvo 39 días en el Alto Tribunal y firmó 215 fallos, lo que abre un interrogante clave de cara al futuro: ¿Pueden declararse inválidos todas o algunas de esas resoluciones que rubricó? No es la única incógnita. Otra pregunta que por ahora no tiene una respuesta clara es si el gobierno volverá a proponer en el corto plazo a candidatos para cubrir las vacantes en el Alto Tribunal.

La renuncia y la denuncia penal

En una nota dirigida al presidente Javier Milei y fechada el 7 de abril, García Mansilla justificó su ingreso en comisión a la Corte –afirmó que fue legal-: acusó a la clase política de entorpecer el funcionamiento del Poder Judicial por “especulación” al no haber tratado su pliego en el Senado el año pasado; y señaló que el Alto Tribunal no puede funcionar correctamente con tres integrantes y por eso aceptó la propuesta de Milei. “Al momento de aceptar el nombramiento en comisión, consideré que debía asumir la responsabilidad de colaborar con la inmediata solución a ese grave problema. Mantener un tribunal incompleto, con un riesgo evidente de parálisis, habría sido rehuir de lo que considero una obligación para cualquier abogado”, argumentó sin temor al ridículo.

La renuncia se dio casi a la par en que García Mansilla fue denunciado penalmente por el delito de “usurpación del cargo”. La presentación la realizó en Comodoro Py el senador de Unión por la Patria, Martín Doñate. El “azar” de los sorteos de los tribunales federales de Retiro hizo que la denuncia recayera en el juzgado federal Nº 12 que subroga el magistrado Ariel Lijo, el otro candidato al máximo tribunal del país que había designado Milei y cuyo pliego también fue rechazado en el Senado junto al del letrado relacionado al Opus Dei. Lijo no pudo jurar como juez en comisión en el Tribunal Supremo porque los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz junto al comisionado García Mansilla se lo impidieron en los primeros días de marzo. Le dijeron que para ingresar en comisión debía renunciar al cargo de juez de primera instancia algo que Lijo rechazó a sabiendas de que su nombramiento en el 4to piso del Palacio de Tribunales era muy endeble. En Comodoro Py la preguntaba que se repetía era qué hará Lijo con esta acusación de Doñate.

Fallos cuestionados

Otro de los interrogantes que se abre tras la renuncia de García Mansilla hace a la validez de sus fallos. En apenas 39 días, que fue lo que duró su estadía en la Corte, el abogado antiderechos participó de 5 reuniones de acuerdo y firmó en 215 casos.

El jurista Gustavo Arballo realizó un análisis de esos fallos y lo publicó en la red social X. Explicó que en el 80% del total la firma del comisionado no fue determinante ya que coincidió con sus pares. Pero hubo 40 en los que sí. En el último encuentro del que fue parte, el del 3 de abril, que se realizó el mismo día que la Cámara Alta rechazó de forma abrumadora su pliego, García Mansilla rubricó 106 fallos.  

Aquella jornada el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar en el caso en que se analiza la inconstitucionalidad de la designación que hizo Milei por decreto y le prohibió al abogado conservador firmar cualquier tipo de acto en el Alto Tribunal durante 3 meses. Este sábado, el gobierno a través de la Procuración del Tesoro presentó un per saltm para que la Corte se expida sobre el tema. Tras la renuncia los casos podrían no quedar abstractos si lo que se pretende es expedirse sobre la validez de lo actuado por García Mansilla.

El punto es si podrían anularse todos los fallos o aquellos en los que fue determinante para que hubiera mayoría. Las respuestas varían según el constitucionalista que se consulte.

En diálogo con El Destape, el catedrático en Derecho Constitucional, Gustavo Ferreyra, explicó: “García Mansilla asumió un cargo prohibido por la Constitución. Su ejercicio debe reputarse nulo de nulidad absoluta e insanable. Ha sido una muestra patética de la suma del poder público. Entonces, finalmente, la validez es la existencia misma del Derecho, motivo por el cual toda sentencia firmada por él es un fruto podrido del árbol venenoso”.

Su colega Andrés Gil Domínguez, también consultado para esta nota, opina que la validez de lo firmado por el comisionado no está en duda. Si bien siempre se manifestó en contra del nombramiento, el jurista indicó: “La jurisprudencia de la Corte Suprema, especialmente cuando declara la inconstitucionalidad del régimen de jueces subrogantes, dijo que todos los nombramiento bajo ese régimen eran inválidos porque el régimen es inconstitucional pero lo resaltó que lo juzgado hasta ese momento era válido por una cuestión de seguridad jurídica”.

La controversia no es menor. Sobre todo por el antecedente que se puede asentar con el nombramiento de jueces en la Corte por decreto con la intención de legitimar determinados fallos cortesanos. Es decir, si lo actuado por García Mansilla es válido, cualquier gobierno el día de mañana podría nombrar un juez en la Corte en comisión para que durante un mes o dos firme fallos en los que ese gobierno tiene especial interés. Y luego se podría ir habiendo cumplido su función.

Es evidente que la maniobra del gobierno para nombrar por decreto a dos integrantes de la Corte deslegitimó aún más al máximo tribunal, que se vio empujado a una crisis para la que se mostró lenta de reflejos. A juzgar por cómo terminó la historia todo indica que la toma de juramento de García Mansilla del 27 de febrero pasado, dos días después del decreto presidencial, fue innecesaria. De aquel evento, que se hizo a escondidas y a las apuradas, participaron los tres ministros supremos. Rosatti y Rosenkrantz habían quedado en una posición muy incómoda porque ambos ya habían aceptado durante el macrismo jurar por decreto, algo que no sucedió por el escándalo político que se terminó generando.

Una Corte de 3 integrantes otra vez

Con la renuncia de este lunes, la Corte vuelve a quedar con 3 miembros: Rosatti, Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quien tenía un especial interés en que al menos Lijo ingresase a la Corte. Según el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, el nombre del juez de Comodoro Py fue sugerido por el jurista rafaelino, quien está enfrentado a sus dos colegas.

En la designación de García Mansilla y Lijo ya subyacía el enfrentamiento entre estos tres supremos. Se especulaba que, con los potenciales ingresos de dos nuevos miembros, Lorenzetti podía llegar a modificar la relación de fuerzas internas, que hoy lo tienen enminoría. Esa posibilidad se desdibujó el último jueves tras el rechazo de los pliegos en el Senado.

La interna suprema hoy no es anecdótica. En una Corte de 3 integrantes es obligado el consenso para emitir fallos. Si los supremos no se ponen de acuerdo en un caso deberán convocar a conjueces para fallar en ese caso puntual porque se requiere una mayoría de tres votos. ¿De dónde surgen los conjueces? De un sorteo entre los presidentes de las cámaras federales para definir quién integrará el máximo tribunal en esa situación particular. Se trata de un escenario delicado ya que en la Corte hay causas de mucho peso político y económico. Sin ir más lejos, el caso Vialidad donde está en juego ni más ni menos que la libertad de la expresidenta.

Entre quienes podrían ser sorteados, por ejemplo, figura el presidente de la Cámara Federal porteña Mariano Llorens, visitante de Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y arquero del equipo de jueces y fiscales “Liverpool” que disputó partidos en la quinta Los Abrojos del expresidente. En más de un caso Llorens dejó en claro que quiere a CFK presa.

En este contexto: ¿El Alto Tribunal está en condiciones de analizar la condena de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, un caso emblemático de persecución judicial en el que está en juego la libertad y la posibilidad de ser candidata de la expresidenta? ¿Es sano para la República y las instituciones que esa decisión quede en manos de solo 3 jueces o en su defecto de conjueces?  

¿El gobierno insistirá con nuevos candidatos para la Corte?

En este escenario otra incógnita es si el gobernó propondrá a nuevos postulantes para la Corte Suprema con el objetivo de cubrir las dos vacantes que hay –una, la de Juan Carlos Maqueda, forzada por el propio oficialismo- o no lo hará en un futuro inmediato para evitar potenciales derrotas legislativas. Para poder designar a un ministro cortesano se requieren los dos tercios de los votos del Senado lo que obliga al Ejecutivo a negociar, y mucho, con la oposición, sobre todo, con el peronismo que tiene una treintena de senadores.

Desde uno delos sectores judiciales del gobierno indicaron a El Destape que su interés es proponer en breve a nuevos candidatos para el máximo tribunal del país. No es un posicionamiento unánime en Casa Rosada. Otro sector pretende que eso suceda después de las elecciones. Es decir, a fin de año, lo que implica una maniobra que no es inmediata.

Una posibilidad es que el gobierno proponga una negociación más amplia en pos de poder avanzar con nombramientos. Además de dos ministros supremos está vacante el cargo de Procurador General de la Nación, para el que también se necesita una mayoría de dos tercios. ¿Impulsará el Ejecutivo ese intercambio más grande? Pareciera difícil que eso pueda avanzar en un año electoral.