La Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS) reveló en un reciente informe que el sistema de salud argentino enfrenta una judicialización que pone en riesgo el sistema. Allí, marcaron que la proliferación de litigios está llevando al borde del colapso a numerosas clínicas y prestadores, con riesgo de cierres inminentes en todo el país.
Según el relevamiento, las guardias e internaciones clínicas —de las que dependen más del 65 % de los argentinos— están seriamente comprometidas por la escalada de demandas laborales y por mala praxis, muchas de ellas con indemnizaciones millonarias calculadas en dólares. Desde CAPRESS advierten que este fenómeno no solo pone en jaque la viabilidad económica de los prestadores, sino que también genera un clima de inseguridad jurídica que desalienta la práctica médica.
“El sistema de salud argentino –público y privado– se encuentra en una situación crítica, no solo por razones presupuestarias o de gestión, sino por un fenómeno mucho más profundo y corrosivo: la judicialización descontrolada”, expresa el informe. Y agrega: “La proliferación de litigios laborales y denuncias por mala praxis, incentivada por interpretaciones judiciales arbitrarias, está generando una crisis de sostenibilidad que amenaza con desmantelar la estructura sanitaria del país”.
Frente a este escenario, la entidad propone una intervención legislativa urgente. En particular, impulsa la creación de una ley nacional que establezca un marco regulatorio específico para el sector. Entre los principales puntos destacan la creación de una Comisión Técnica Nacional de Evaluación de Responsabilidad Profesional Médica con dictámenes vinculantes previos a toda acción judicial, la regulación diferenciada de los vínculos laborales en salud, límites legales a la actualización de indemnizaciones según la capacidad económica del prestador y mecanismos contra el litigio temerario.
Además, CAPRESS plantea la necesidad de declarar al sistema de salud como un sector esencial y estratégico, con protección reforzada frente a medidas judiciales que puedan afectar servicios críticos. Con esta advertencia, el sector busca abrir un canal de diálogo urgente con los poderes del Estado.
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