Necropolítica: buscan declarar la emergencia en discapacidad

La llegada de Javier Milei al ejecutivo y la implementación de su feroz programa de ajuste significó para las personas con discapacidad el inicio de un proceso ininterrumpido de pérdida de derechos, múltiples recortes en el sector y el deterioro de sus condiciones de vida. Bajo la figura repetida de la auditoría para identificar supuestas “irregularidades” en el sistema de pensiones y la entrega de certificados, desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) buscan eliminar 400 mil pensiones, lo que significa un ataque directo a un tercio de los beneficiarios y beneficiarias de todo el país. Esto parece ser el golpe final de una contienda que ya incluyó cientos de despidos en ANDIS, el cierre de las oficinas provinciales, el atraso en los pagos de las prestaciones, y las permanentes agresiones de funcionarios del gobierno nacional.

En este marco, se presentó en el Congreso un Proyecto de Declaración de la Emergencia Nacional en Discapacidad que será debatido el próximo miércoles 30 de mayo en plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto, Discapacidad y Acción Social y Salud. El plenario debe cumplirse formalmente por el emplazamiento realizado por el pleno de la Cámara de Diputados de la Nación en la sesión del 8 de mayo, lo que indica que el asunto es de tal gravedad que logró colarse en la agenda oficial del congreso. Desde el colectivo convocan a sumarse a personas con discapacidad, familias, prestadores, transportistas, e instituciones, a una jornada de lucha a nivel nacional para lograr el dictamen y el pase a recinto para su aprobación. Las organizaciones convocantes explican que el proyecto "surge como respuesta a la grave crisis estructural que atraviesan las personas con discapacidad y quienes garantizan su atención, una situación que se ha visto profundizada por el ajuste implementado por el actual gobierno".

La propuesta legislativa que busca declarar la emergencia en el sector en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027 es impulsada por el Diputado Daniel Arroyo, quien preside la comisión de Discapacidad. El texto surge del trabajo y los aportes de diversas propuestas legislativas previas y el trabajo sostenido de las organizaciones de la sociedad civil, personas independientes y ONG, desde una mirada integral y plural, y cuenta con el apoyo de los bloques de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y algunos miembros de Encuentro Federal.

Arroyo recientemente denunció la implementación incorrecta de las auditorías sobre las pensiones ya que se investiga a quiénes las reciben y no a los médicos o instituciones que otorgan los certificados.  Además advierte que desde el ejecutivo se han enviado cartas documentos o mensajes de whatsapp a mansalva, sin criterio, pidiendo a las personas que certifiquen su discapacidad para cobrar sus pensiones, situación que ha puesto “en vilo y desesperación a 1.3000.000” personas  y ha colapsado los servicios de atención de la Agencia en Buenos Aires, teniendo en cuenta que se desarmaron las delegaciones regionales.

La política libertaria está atada a un proceso más amplio de mercantilización de los servicios de salud, y en la práctica representa un quiebre con respecto al modelo social vigente en Argentina hace más de 25 años, y  un ataque del Estado contra la universalidad  e igualdad de los derechos de las personas con discapacidad. Por eso en el primer punto el proyecto de Emergencia dispone el financiamiento adecuado y sostenido de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y de los programas recortados en materia de salud, accesibilidad, empleo y protección social.

El texto se asienta sobre los dos bastiones que aún quedan en pie en materia de discapacidad: las pensiones y las prestaciones. En relación al primer punto el proyecto introduce el cambio de nombre de Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral a Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social; efectiviza la compatibilidad del certificado (CUD) y la Pensión No Contributiva (PNC) con el trabajo y el empleo; y mejora los requisitos para el acceso a las pensiones. Con respecto a los prestadores la ley propone que los servicios que ofrecen sean declarados de interés nacional; el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias para prestadores por discapacidad, ya que muchas veces terminan endeudadas, al borde la de quiebra o llegan a cerrar;  y la indexación del nomenclador a la inflación teniendo en cuenta que suelen cobrar a mes vencido y tres meses después, sobre todo los prestadores independientes.

“Estamos viendo mucha desesperación y miedo de las personas con discapacidad”

Guadalupe Bargiela tiene 23 años, es ciega de nacimiento y ex trabajadora despedida de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Además es militante de Discas en Lucha, una de las organizaciones que está convocando a la jornada de la próxima semana, en la cual dispondrán una radio abierta de la Asamblea para dar a conocer la situación del sector, los reclamos del colectivo y los puntos principales de la Ley. “Nuestra idea es que haya prestadores, familiares, personas de la comunidad general, personas con discapacidad, sin discapacidad, y armar una movida en el anexo del Congreso para que se pueda sumar gente y que en algún momento se genere lo mismo que con los jubilados”, enuncia la militante.

Teniendo en cuenta el prontuario de actuaciones de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la represión sistemática a las marchas de los jubilados frente al Palacio legislativo, desde la Asamblea crearon una comisión de cuidados y un nuevo protocolo para poder replegarse y saber cómo actuar en momentos de represión. “Entendemos que no va a haber represión, pero para prevenir creamos un protocolo. Igualmente hoy no hay garantía de nada, a Pablo Grillo lo balearon en plena manifestación con un montón de gente alrededor. La idea no es ir a la calle, siempre en las veredas, como nos enseñó Bullrich a los golpes – identifica Guada – lo que queremos es que la gente se manifieste pacíficamente y de forma activa, que se empiecen a apropiar de los derechos porque son de las personas con discapacidad, no de los profesionales, no de los prestadores, no del sistema de salud. Nosotros tenemos que empezar a defenderlos”.

Por otro lado el proyecto de Ley de declaración de la Emergencia busca reestablecer las definiciones en base a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con rango constitucional, y el modelo social que funciona en nuestro país hace más de dos décadas, totalmente contrario a la resolución 187/2025 de ANDIS publicada en el Boletín Oficial en enero y aún vigente, que estableció una nueva normativa para la evaluación médica de invalidez en el acceso a las Pensiones cuyos criterios y terminologías incluyen expresiones como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”. “La emergencia plantea un piso básico de derechos sobre el cual pararnos y cómo seguir hacia adelante para que las personas con discapacidad no quedemos desamparadas tres años más. Hoy hay mucha gente, muchas familias, que no saben qué hacer cuando les bajan su pensión, cuando los llaman a una auditoría”, advierte Guadalupe.

“Estamos viendo mucha desesperación y miedo de las personas con discapacidad, de sus familias. Son años y años de historias y derechos vulnerados. Porque no es solamente la pensión lo que necesitan. La gente va por la pensión y termina pidiéndose medicación, tiras activas, insulina. Hay otro montón de cosas alrededor de la discapacidad que hablan de una desidia del Estado, que no nació con este gobierno pero sí se profundizó muchísimo más”, señala.

Desde el colectivo vienen revelando un abandono total del Estado y la falta de comunicación de las organizaciones con los directivos de Andis, particularmente Diego Spagnuolo, su titular, a quien se le han pedido audiencias y reuniones que fueron rechazadas por diferentes motivos. “La red por los derechos de las personas con Discapacidad se ocupa de hacer reclamos e informes al Estado para pedir el acceso a la información y la Agencia no responde a las presentaciones legales, no responde a las performance callejeras, no responde a los reclamos concretos de las familias. Hoy está la organización tejiendo para bancar, para acompañar a la falta de respuesta, como nos enseñó la lucha popular”, opina la joven.

La Jornada Federal del próximo miércoles 30 de abril iniciará a las 11 con actividades simultáneas en distintos puntos del país. En Córdoba Capital, el encuentro será la plaza San Martín; en Río Cuarto, la movilización tendrá lugar en Plaza Roca; en Santa Fe capital se reunirán en la Plaza 25 de Mayo; y en Neuquén se convoca en el monumento de San Martín.  “Sumate a esta jornada federal. Si sos una persona con discapacidad, parte de una familia, brindás atención, educación, transporte o cuidados: esta también es tu lucha”, expresa la convocatoria.

“La idea es que la jornada se replique y se pueda pensar en una movilización grande, no solamente en capital, porque entendemos que si bien el Congreso está en capital, y los diputados y diputadas funcionan ahí, las personas con discapacidad somos todo el país. Es fundamental visibilizar la situación que vivimos no solamente para pedir por la Ley de emergencias, sino también que no nos vuelvan al closet, que por ahí es una expresión que proviene de la diversidad, pero representa a ambos colectivos  – enfatiza la referente de Patria Diversa- ¿Quién nos vuelve? El Estado, los gobiernos, los discursos de odio, la decisión política de atentar contra nuestras vidas y nuestras identidades”.

Además de las políticas, preocupan las recurrentes expresiones discriminatorias del presidente con respecto al colectivo de las personas con discapacidad ya que refuerzan miradas excluyentes y estigmatizantes, y habilitan la violencia social: “hoy sentimos que hay una legitimación de la discriminación, como pasa con las diversidades. Ahora tenés que presentar certificado cada vez que subís a un colectivo, o te preguntan el doble. Parece como si estuviera aceptado no respetar los derechos humanos. Parece que estuviera normalizado el maltrato, la discriminación. Creo que nos pasan estas cosas y cuando perteneces a ambos colectivos, como es mi caso, es como una doble patologización, una doble vulneración”.

Si bien la violencia y las políticas de la crueldad se están multiplicando en todos los ámbitos, en discapacidad es mucho más simbólico porque están tratando con personas que no pueden poner el cuerpo para defender sus derechos. “Lo ponen en las redes, lo ponen a través de manifestaciones de otras formas que no sean públicas o en la calle, o que no tengan tanta visibilidad. El tema es que, más allá de los prestadores y profesionales de la salud que mantienen nuestra calidad de vida, no hay una comunidad que nos acompañe”, dice Bargiela.

“Esto es necropolítica. Si vos a la gente le quitás un sustento vital, la estás matando”

Julia Domínguez es Licenciada en psicopedagogía y referente de la Asamblea de los Trabajadores de Inclusión (ATI), una de las organizaciones que encabezan el reclamo por la aprobación de la Ley. “Hay toda una serie de ajustes, de recortes encubiertos, violencias, que en lugar de terminar de pasar la motosierra de una manera más frontal para desaparecer el sector, van produciendo un desgranamiento a cuentagotas de las familias, los prestadores, y principalmente las personas con discapacidad”, señala.

La licenciada denuncia que, además de la quita de pensiones por la que muchas personas deben iniciar un trámite extensísimo que incluye documentación y estudios, para quienes forman parte del programa Incluir Salud, que es la cobertura médico que garantiza el acceso a toda persona que cobre una pensión por invalidez, se les la entrega de Certificados pero no les aprueban las prestaciones: “hay restricciones que se van dando de forma acumulativa, y lo que pasa es que no autorizan las obras sociales, no autorizan las prestaciones, o sea te dan el certificado y no sirve de nada”.

El efecto directo del recorte en las pensiones y la exposición de una persona a la burocracia individualizada que plantea este gobierno significa “hacerla transitar en su momento más vulnerable, de agotamiento psíquico, de cero disponibilidad, por lo más perverso del sistema”. Con respecto a los prestadores profesionales el grado de precarización que enfrentan, la falta de actualización de las tarifas y los bajos salarios, los empuja a tener que buscar múltiples trabajos para llegar a fin de mes, acumular consultas, o abandonar el sistema de salud por los bajos honorarios y el maltrato: “hay colegas vendiendo empanadas para sostenerse en un centro terapéutico, cuando tendrían que estar haciendo un doctorado. Todos estos obstáculos también afectan la calidad de lo que podamos ofrecer”.

Desde su lugar de prestadora de servicios explica que lo que incluye el proyecto de emergencia, en el tercer capítulo, es el fortalecimiento de las mismas en el marco de la Ley 24.901, gestionadas a través de obras sociales, prepagas y el sistema de salud. “La situación de los prestadores es bastante complicada y desesperante. Ya hay instituciones en riesgo de quiebra, algo que ya ha sucedido durante el macrismo. En el caso de los transportistas, por ilustrar, el precio de la nafta está a un valor y el precio del kilómetro lo tienen a un tercio de ese valor, por lo que tienen que poner las dos terceras partes de su bolsillo y encima después esperar a cobrar todo junto”.

El área de trabajo de Domínguez, que es la atención en salud mental, se ha visto particularmente afectada ya que muchos profesionales dejan de prestar sus servicios para ciertas prepagas, obras sociales o centros terapéuticos, lo que deriva en una menor oferta y la interrupción de tratamientos: “lo administrativo que se mete en la consulta arruina el vínculo terapéutico. Trabajamos de una manera que todo el tiempo tenemos que estar volviendo a empezar, y eso va generando otra sintomatología de fragmentación subjetiva que, lejos de generar una fase de autonomía en los procesos terapéuticos, genera mayor dependencia y una cronificación, una patologización de la vida de la persona con discapacidad”.

En el caso de la clínica, de un fisiatra o un kinesiólogo, el tiempo que un paciente con discapacidad puede esperar por una prestación puede  generar un daño grave o irreversible: “si se posterga una órtesis o la entrega de una prótesis, entre el tiempo de la indicación y que lo reciba puede suceder que el cuerpo haya cambiado; que haya empeorado mucho la condición; que la órtesis o la prótesis ya no sea la apropiada; o incluso que el daño que se haya generado en ese período sea lo suficientemente irreversible para que la órtesis o la prótesis no cumpla el efecto. El tiempo que se demoran estas cosas quita cuestiones vitales”.

La militante de ATI, en este sentido, denuncia que el plan del gobierno con respecto a discapacidad representa una práctica de “necropolítica”: “cuando se meten con discapacidad y salud mental están enloqueciendo de pobreza a la gente y están quitándole soportes vitales. Nosotros vemos cómo la gente va perdiendo la vida que tenía, conduciéndose a un lugar que puede ser irreversible. Es un genocidio por negligencia. Estamos hablando de gente con hambre. O sea, yo tengo que negociar entre que vengan a mi sesión o que coman. Esto es necropolítica. Si vos a la gente le quitás un sustento vital, la estás matando”.