Organismos de derechos humanos denunciaron los “no movimientos” en uno de los despachos judiciales clave en las investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Según informaron en un comunicado, el Juzgado Federal N°2 de San Martín, a cargo de la magistrada Alicia Vence, en los últimos cinco años “no dio curso” a ninguna de los requerimientos que hicieron ante el tribunal. Allí, entre otras, se encuentra la causa 4012 que investiga lo sucedido en el ex centro clandestino de detención (CCD) Campo de Mayo.
De hecho, el colectivo Mario Bosch, que agrupa a abogados en causas de lesa humanidad en todo el país, presentó en el expediente de Campo de Mayo una nota señalando que en los últimos cinco años hubo trece pedidos de llamados a indagatoria por parte de querellantes y otras dos solicitudes por parte de la fiscalía. “La jueza no dio curso a ninguno”, señalaron.
“Es sólo una foto de la parálisis”, dijeron y denunciaron que “el freno” del accionar judicial lo advirtieron sobre todo en los expedientes en donde se investigan las desapariciones de trabajadores en las fábricas Ford Mercedes Benz y Techint, por ejemplo.
Por ello, el año pasado acompañados por organismos, organizaciones y sindicatos, familiares de víctimas y querellantes marcharon a las sedes del Juzgado Federal 2 de San Martín y a la Cámara Federal de San Martín, en donde pidieron ser recibidos por los magistrados para exponer su “profunda preocupación” por los retrasos. La presentación fue respaldada por las agrupaciones Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otras.
El eje del reclamo es la falta del llamado a indagatoria de alrededor de 50 acusados por crímenes cometidos en los centros clandestinos que funcionaron en la guarnición militar y en la zona que estuvo bajo autoridad del Comando de Institutos Militares durante la última dictadura. “En los últimos años, la megacausa Campo de Mayo entró en un letargo inexplicable. Desde 2019, apenas cinco acusados fueron llamados a declarar como sospechosos de esos crímenes. Para los denunciantes, el ritmo de un acusado indagado por año es realmente preocupante en causas tan voluminosas y complejas y que abordan delitos cometidos hace más de 40 años”, detallaron.
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Para el caso, pusieron como máximo ejemplo la investigación por los crímenes contra trabajadores de Mercedes Benz como “un claro ejemplo de las dificultades para avanzar”: la causa llevaba ocho años en el juzgado de Vence cuando finalmente hizo lugar al pedido “insistente” de las querellas para citar a indagatoria a Juan Ronaldo Tasselkraut, exgerente de producción de la planta que la automotriz tenía en González Catán, acusado de señalar trabajadores. “Inmediatamente después, la jueza dictó su sobreseimiento por secuestros, tormentos y homicidios. Esa decisión fue revocada por la Cámara Federal de San Martín. El empresario terminó procesado por dos de los 17 hechos que le imputaron. Otro de los investigados murió durante la tramitación”, detallaron.
Pero ese no es el único punto: los organismos también se quejaron de la reducción de personal en las secretarías de derechos humanos de los juzgados, la demoras en el inicio de juicios orales por falta de magistrados o por “abuso de la virtualidad” y los impedimentos de los tribunales para garantizar la publicidad de los debates y su transmisión en vivo. Y, fuera del ámbito judicial, cuestionaron el impedimento desde el Poder Ejecutivo para garantizar el examen y revisión de los archivos estatales y el resguardo de la prueba documental que existe en los archivos de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de los diversos servicios de inteligencia.
“Es parte de los reclamos que las distintas entidades quieren llevar ante la Comisión Interpoderes, el área creada en la Corte Suprema en un ámbito de discusión entre los organismos, la justicia y el Gobierno Nacional, con el fin de aunar esfuerzos institucionales para resolver las dificultades que provocan demoras en la tramitación de causas de delitos de lesa humanidad”, cerraron.
Hallaron los restos de una psicóloga desaparecida durante la dictadura
Se trata de Aida Villegas, una catamarqueña, desaparecida el 2 de noviembre de 1976 en San Miguel de Tucumán, que fue hallada en esa provincia en el lugar conocido como el Pozo de Vargas, una construcción subterránea de mampostería que fue utilizado como sitio de inhumación clandestina.
Aida estaba en su casa y fue raptada por militares, según confirmaron desde el entorno familiar a el diario El Ancasti. Se encontraba allí porque estaba estudiando la carrera de psicología. Al momento de su desaparición, Aida tenía 22 años de edad, ya se había recibido y tenía previsto viajar a Venezuela y radicarse allí con su pareja.
La información fue dada a conocer por su hermana, Claudia, que escribió en sus redes sociales un mensaje en su memoria: “En este pozo del horror tiraron a mi hermana Aida en noviembre del 76. Ayer, con el respeto, el trabajo y el compromiso de los que trabajan en recuperar a nuestros hermanos fui avisada que encontraron a mi hermana. Aidita vuelve, la cubriré con besos, le contaré lo que pasó durante estos años en el país por el que entregó su vida… que aún no logramos sentar a los niños en la mesa familiar para desayunar, almorzar y cenar”.
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