El conflicto en la empresa láctea Verónica, con casi 700 trabajadores y tres plantas en la región, se agravó en los últimos días y la firma inició un proceso preventivo de crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación que propone despidos y reducción de salarios. En ese marco, el delegado de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), Rodolfo Rodríguez, aseguró que la desidia por parte del Ministerio de Trabajo provincial deja a la deriva a cientos de empleados, "alineándose con las políticas" del Gobierno de Javier Milei.
El planteo de la firma implica una reducción del personal al 30% que sería con una indemnización al 50% y el pago de ese monto ya ajustado en cuotas. Otro punto es hacer caer el convenio colectivo de trabajo de Atilra, lo que en la práctica se traduce en llevar a casi mitad el salario actual en las plantas. El proceso incluye suspensiones aleatorias "de acuerdo a la necesidad productiva de la empresa".
El conflicto empezó en abril con los primeros incumplimientos de la empresa y en mayo el sindicato advirtió por el riesgo de continuidad de la marca tradicional. En diálogo con El Destape, Rodríguez contó que la empresa adeuda "el 3% de los sueldos de mayo, la totalidad del salario de junio y el aguinaldo". En ese sentido, el delegado gremial afirmó que no existe "ningún plan de pagos sobre la mesa" por parte del empresariado y detalló que solo se depositan "aleatoriamente porcentajes de 100 mil o 200 mil pesos, como mucho".
Además del reclamo por los sueldos, los trabajadores denuncian la retención de aportes correspondientes a obras sociales, cuotas alimentarias y prepagas, poniendo en jaque la cobertura de salud y el cumplimiento de obligaciones esenciales para cientos de familias. El delegado de Atilra aseguró que "dentro de la fábrica sigue todo igual: cero producción, cero entrada de materia prima, y cero entrada de insumos".
El conflicto laboral se produce en las plantas de Suardi, Lehmann y Clason. La desesperación es palpable entre los empleados, muchos de los cuales llevan décadas en la empresa y se encuentran al borde de la jubilación. Rodríguez remarcó que lo que se lleva adelante es "una flexibilización laboral", ya que el Gobierno le otorga "vía libre a los empresarios para que ajusten a su gusto", de modo que esto "se lleva adelante en cada rubro". "No pudieron llevar adelante la reforma laboral, pero sí la están llevando adelante a través de los Ministerios", señaló en declaraciones para este medio.
El decreto N° 847/2024, establecido en septiembre pasado, fija las bases para el Sistema de Cese Laboral. Este decreto, a su vez, había reglamentado los puntos de la reforma laboral sancionados en la Ley Bases a fines de junio de 2024. Entre otros, allí se había establecido un sistema de indemnizaciones por despido a través de un "fondo de cese" que se iría engrosando con aportes del empleado o del empleador y el empleado.
Los trabajadores denuncian la falta de respuesta y el desinterés del Ministerio de Trabajo provincial de la gestión de Maximiliano Pullaro, y del Gobierno nacional. Rodríguez, que tiene 23 años de antigüedad en la empresa, afirmó que la última reunión que tuvieron en la Secretaría de Trabajo, desde el Ministerio pidieron "que las partes busquen nuevos canales de diálogo, desentendiéndose totalmente del tema". Con ese panorama sombrío fueron citadas las autoridades del gremio por parte de la Secretaría de Trabajo a una audiencia que será vía zoom este viernes a las 11:30.
Según los registros actualizados del BCRA, la empresa acumula es cheques rechazados por más de $1.300 millones, un dato que grafica la delicada situación financiera que atraviesa. Aunque gran parte de los rechazos previos fueron regularizados, como ocurrió a comienzos de año, el nuevo salto en la mora refleja problemas estructurales de caja y una pérdida de credibilidad financiera que hoy aleja a posibles proveedores y entidades de crédito.
Meses de conflicto en Verónica: el reclamo de los diputados santafesinos
La crisis llegó a la Cámara de Diputados de Santa Fe y la comisión de Asuntos Laborales se reunió para tratar el tema. El diputado provincial Joaquín Blanco dijo que la "situación es gravísima, de total incertidumbre de continuidad de los puestos laborales, y abandono de la gerencia y los patrones con respecto al destino de la empresa". El socialista pidió en aquella reunión de hace dos semanas que la firma láctea no se desguace y que la Justicia no deje caer a Verónica.
Su par, el diputado provincial Carlos Del Frade, se pronunció en la Cámara y compartió un presunto desvío de fondos y de especulación detrás de la caída de la producción. Ahora, el legislador reclamó: “Les comunicarán por zoom que serán despedidos. Una brutal crueldad que no debe ser permitida ni mucho menos naturalizada”. “Convocan a los trabajadores por zoom al anuncio que les harán desde la Secretaria de Trabajo de la Nación que dejarán 200 familias santafesinas en la calle. Es una obscenidad, una falta de respeto total”, agregó.
Desde el gremio advirtieron que preparan nuevas medidas de fuerza y evalúan avanzar con denuncias en el fuero penal tributario, ante posibles incumplimientos en aportes y retenciones. En simultáneo, la Comisión de Asuntos Laborales de la Legislatura santafesina se reunió con delegados para seguir el caso y evitar que la situación derive en un desguace total de la empresa.
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