El 18 de diciembre de 2024 una brutal represión en un cruce fronterizo ilegal de la localidad salteña de Aguas Blancas terminó con el homicidio de un joven bagayero de 27 años llamado Fernando Gómez. Después de varios meses de investigación y reconstrucción, el fiscal federal subrogante, Marcos Romero, y la jueza de Garantías Ivana Hernández imputaron a cinco suboficiales pertenecientes al Escuadrón 20 de Orán de la Gendarmería Nacional por “homicidio en riña agravado por el uso de arma de fuego”. La acusación pesa por igual contra los sargentos Néstor Ortiz y Jonatan Franco y los cabos Marcelo Vega, Mauro Cuña y Andrés Vásquez.
Según la investigación, en la madrugada de ese 18 de diciembre, mientras un grupo de bagayeros llegaba a la localidad de Aguas Blancas tras el paso ilegal conocido como “Coca Quemada”, cerca de los márgenes del Río Bermejo, fueron alertados por mujeres denominadas “campaneras”. Éstas les avisaron que un escuadrón de Gendarmería preparaba una redada, un operativo que, según denunciaron los trabajadores, se realiza en fechas cercanas a las distintas fiestas y en donde los uniformados secuestran bultos que luego desaparecen, una modalidad de “cobro de peaje” que desde hace años denuncian en la región.
Fue allí, donde se produjo un enfrentamiento entre los Gendarmes y los trabajadores informales donde se efectuaron varios disparos. Dos de ellos, afectaron a Fernando Gómez.
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Según la autopsia, Gómez recibió disparos de “dos municiones esféricas de plomo” que le afectaron la tráquea y un pulmón, y que, posteriormente, le provocaron la muerte. Este ataque derivó en un nuevo enfrentamiento donde los compañeros y amigos de la víctima arrojaron piedras contra un puesto de Gendarmería y nuevamente fueron reprimidos. Pese a las excusas de los uniformados, la investigación determinó que los proyectiles que provocaron la muerte de Fernando fueron disparados por una escopeta que al momento de la represión sólo portaban los oficiales de dicha fuerza de seguridad.
Por su parte, el informe oficial de Gendarmería detalló que durante esos incidentes sólo dos efectivos “realizaron 10 disparos con munición anti-tumulto (no letal) con el fin de liberar la zona”. El mismo informe, que la justicia considera que está plagado de mentiras, sugiere que Gómez fue baleado por otros trabajadores informales, aunque ninguna pericia se acerca a esa hipótesis y además, argumentan que esa pelea fue por la mercadería que transportaban y no ante el control de Gendarmería. Además, desde la fuerza aseguraron que en ese control hallaron bultos que tenían hojas de coca, cigarrillos de contrabando y cocaína aunque ese secuestro no fue formalizado por la Justicia.
Ante la conmoción por el crimen del joven y frente a los reclamos de Justicia, el interventor de la localidad de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, anunció la construcción de un alambrado para evitar el paso de bagayeros y acusó a Bolivia de utilizar estos pasos ilegales para el tráfico de cocaína hacia Argentina. Esos argumentos más la defensa de los Gendarmes y la instalación de las hipótesis del contrabando y la pelea entre trabajadores ilegales fue apoyada por la Ministra Patricia Bullrich, que además viajó a Aguas Blancas para iniciar la construcción del alambrado, cuya instalación fue ficticia y los postes instalados duraron pocas horas.
Sin embargo, esa visita se hizo conocida por el reclamo del padre de un Gendarme que pidió aumento para los uniformados porque con el sueldo no pueden ni siquiera mantener a sus hijos. Ante el reclamo, la Ministra ensayó una respuesta y argumentó que “todos hacemos esfuerzos” y le aseguró un aumento escalonado que rodaba el 2% por tramo. De todos los anuncios y promesas, sólo el incremento salarial fue recibido por los Gendarmes, que todavía reclaman incrementos por la indumentaria y pertrechos que ellos mismos deben comprarse.
Mientras tanto, la política de represión que proclama la ministra Bullrich vuelve a tener a un escuadrón de Gendarmería investigado por un homicidio. Ahora, la Justicia espera la incorporación de nuevas pruebas que permitan establecer la responsabilidad de cada uno de los cinco suboficiales imputados con el objetivo de que el crimen sea resuelto en un futuro juicio oral.
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