Quién paga el costo: el Gobierno ajusta en subsidios y salarios mientras crece el pluriempleo en el sector estatal

Con el envión electoral como respaldo, el gobierno de Javier Milei se prepara para profundizar el ajuste fiscal en la recta final del año. Con la mira puesta en alcanzar un superávit del 1,6% del PBI, los recortes recaerán sobre los mismos sectores: subsidios, obra pública y salarios estatales. Los números del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) muestran que, para llegar a la meta, ese gasto debería caer hasta un 16% real interanual en lo que resta del año, mientras la inflación sigue licuando las partidas presupuestarias.

A su vez, el equilibrio que el oficialismo exhibe como bandera se sostiene, en los hechos, sobre un Estado cada vez más chico y un mercado laboral más fragmentado. En el empleo público, el pluriempleo ya alcanza al 6 de cada 10 trabajadores, muchos de los cuales combinan sueldos depreciados con otras actividades para compensar una pérdida salarial acumulada superior al 30%. 

En paralelo, el Presupuesto 2026 anticipa la continuidad del recorte: partidas un 57% por debajo de los niveles reales de 2023 y una proyección inflacionaria difícil de sostener que esconde, en definitiva, un mayor ajuste. La promesa de orden fiscal se impone, una vez más, sobre la economía real.

Más ajuste: cómo terminará el 2025

Tras la buena performance electoral el Gobierno que encabeza Javier Milei buscará avanzar en una serie de medidas económicas que incluyen reformas estructurales (laboral, previsional, tributaria), privatizaciones y un mayor recorte de áreas clave del Estado. 

De hecho, de cara al cierre de este año, la administración libertaria buscará cumplir con la meta de un superávit fiscal primario del 1,6% del PBI, como uno de los pilares del programa en marcha. Al respecto, si se analiza la dinámica mensual de ingresos, gastos y superávit primario en lo que va del año es posible advertir que, de cara a estos últimos tres meses, el Gobierno buscará para llegar a esa meta, a partir de un mayor ajuste en subsidios a los servicios públicos, inversión en infraestructura y salarios estatales. 

En el acumulado de nueve meses, se observa que los ingresos tributarios descendieron 1% interanual en términos reales (considerando el efecto de la inflación), los no tributarios cayeron 5,8% y los ingresos totales bajaron un 1,4%. Por el lado del gasto, aquel que está indexado de acuerdo con la inflación tuvo un incremento real interanual del 18,4% mientras que el gasto no indexado bajó 10,3%, generando una suba del gasto primario total de 2,1%.

Así se desprende de un informe presentado por el IARAF desde donde señalaron que “teniendo en cuenta la dinámica posible de ingresos, tanto tributarios como no tributarios para el último trimestre, es posible determinar que el gasto primario debería bajar un 6% real interanual en lo que resta del año”. En otras palabras, el gasto primario real de 2025 debería ser prácticamente igual al de 2024, con una economía que va a crecer alrededor del 3,5%, según estimaciones privadas.

En ese esquema y partiendo de considerar que el gasto indexado sigue moviéndose automáticamente, resulta evidente que “el gasto que debe soportar una baja real mayor a la que viene trayendo es el gasto no indexado, integrado por salarios públicos, subsidios a la energía, subsidios al transporte, inversión real directa, transferencias no automáticas a provincias, entre otros”. Así las cosas, la contracción debería ser mucho mayor a la ya experimentada este año: “de venir bajando un 10% real interanual, debería bajar un 16% real interanual en el último trimestre del año". De este modo, "terminaría el año con una baja real del 11%”, indicaron. 

Caso salarios públicos: derrotero crítico

Diversos estudios dan cuenta de una tendencia creciente al pluriempleo en Argentina. Ello se encuentra está asociado, principalmente, a los problemas de ingresos de las y los trabajadores, es decir que, con un solo salario no alcanza, por lo que es necesario obtener otro empleo: se estima que más de 2.400.000 personas en nuestro país se encuentran en esa condición, representando el 16,6 % de la Población Económicamente Activa (PEA). 

Este fenómeno no es aislado, se enmarca en un deterioro generalizado de las variables del empleo en la Argentina: pérdida del poder adquisitivo, aumento del desempleo y la informalidad, retroceso de las normativas y de las protecciones laborales, y de la proliferación de ofertas laborales desreguladas. Asimismo, el pluriempleo suele articular trabajos de diferentes calidades, entre los cuales al menos uno se caracteriza por la precariedad, la informalidad o la baja remuneración. Es decir, en la mayoría de los casos existe una actividad principal que se complementa con otra u otras. Por ello, el pluriempleo tiene como principales efectos la extensión de la jornada laboral y la dilución de las fronteras entre los distintos trabajos, así como entre el tiempo laboral y el no laboral. 

En este marco, un informe puso el ojo en lo que ocurre puntualmente en el empleo público y mostró que el 64% de quienes trabajan en la administración pública posee otro trabajo. Entre quienes están atravesados por el pluriempleo, el 44% posee dos empleos, desciende al 17% con tres trabajos, y al 3% con más de tres. A su vez, el 71% señaló que está buscando otro trabajo. Este porcentaje se incrementa entre quienes poseen un solo empleo, llegando al 77%.

Los datos corresponden a un documento elaborado por la Fundación Germán Abdala (FGA) que indagó en cuántos trabajos se necesitan para un salario digno. La investigación de Emiliano Bisaro y Romina Piccirillo destacó que, si bien el pluriempleo es una realidad existente en el Estado desde hace mucho tiempo, en los últimos años se advirtió un incremento y una transformación en sus características dentro del ámbito estatal.

Esto ocurre en un escenario donde el gobierno de Milei viene perjudicando directamente a las y los trabajadores estatales a través de los despidos o bajas (retiros) que superan las 50.000 personas -sobre todo en empresas del Estado-, la pérdida salarial que ronda el 35%, y el desarme de políticas públicas, con la consiguiente desarticulación de las tareas estatales.

“Lejos de los supuestos acerca de un empleo público con estabilidad y solidez respecto a sus derechos e ingresos, los datos indican que el 52% posee un salario inferior al millón de pesos; mientras que, respecto a la relación laboral, solo el 58% se encuentra en planta permanente o transitoria”, indicaron los especialistas y remarcaron que “estas consecuencias no solo afectan a las personas trabajadoras, sino que también deterioran la calidad de las políticas públicas, al limitar la disponibilidad, la motivación y el compromiso en las tareas que el Estado debe garantizar”.

¿Dónde ocurre el prluriempleo? Junto al trabajo estatal aparecen otras actividades laborales: trabajo en casas particulares, empleo privado, emprendimiento propio e inversiones, prestaciones educativas, servicios profesionales, y trabajo en plataformas.  En detalle, el 35% de las personas encuestadas por la FGA trabaja, además, en emprendimientos propios o familiares de tipo comercial, productivo o de servicios, con distintos grados de formalización y un porcentaje similar brinda prestaciones educativas. El 14% trabaja como empleado o empleada en el sector privado, el 5% ofrece servicios profesionales (medicina, psicología, abogacía, rehabilitación, gestoría, producción de eventos) otro 5% trabaja en casas particulares y el 3% desarrolla tareas en plataformas como Rappi, Uber, Cabify u OnlyFans (las actividades de venta en línea fueron consideradas emprendimientos). El 2% complementa su empleo estatal con inversiones financieras.

La necesidad de complementar ingresos por la sostenida pérdida de poder de compra (se estima que en lo que va del gobierno libertario cada estatal perdió más de 8.000.000 de pesos de forma acumulada, según el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía -MATE-) afecta no solo el desempeño laboral sino también personal y familiar de las y los trabajadores.

Solo el 22% de quienes respondieron la encuesta manifestó poder conciliar sus actividades laborales con la vida familiar y personal. El 50% dijo que lo logra a veces, y el 28% afirmó que directamente no puede hacerlo. Es decir, resulta ampliamente minoritario el grupo que logra articular sus trabajos con otras esferas de la vida. En ese sentido, “el 60% trabaja entre 31 y 40 horas semanales en su empleo estatal, y el 22% más de 40. Es decir, para muchos, la segunda actividad laboral comienza después de una jornada completa”, puntualizaron. La complejidad cotidiana se acentúa si se considera que el 20% tiene tres o más empleos, y que el 59% posee personas bajo su responsabilidad.

Ajuste e inflación: qué puede pasar en 2026

La hoja de ruta que da cuenta de los ejes centrales del programa económico para el próximo año apuesta nuevamente a una profundización del ajuste fiscal en busca de un equilibro que, sin embargo, se sostuvo al momento a costa de la economía real. En ese sentido, el presidente Milei aseguró en la presentación del Presupuesto 2026 en septiembre pasado que, con el ajuste que busca implementar, se alcanzará “menor nivel de gasto sobre PBI de los últimos 30 años". El proyecto que envió el Ejecutivo y ya se debate en comisiones del Congreso prevé para diciembre de 2026 una inflación del 10,1%, un crecimiento del 5% y un dólar a $1.423. Además, se estima un superávit primario del 1,5% del PBI.

Según se señaló, el programa contempla aumentos en jubilaciones, educación, salud y pensiones por discapacidad superiores a la inflación proyectada. En relación, "el nuevo proyecto contempla el giro de 4,8 billones de pesos a universidades, un 8% de aumento en educación, un 17% en salud, un 5% en términos reales en las partidas de jubilaciones y un 5% del monto percibido per cápita por los pensionados por tema de discapacidad”. No obstante, la estimación de inflación oficial del 10,1% para 2026 resulta, cuando menos, dudosa si se tiene en cuenta que el Índice de Precios al Consumidor que mide Indec viene arrojando variaciones en torno al 2% mensual. 

Sobre ello, las cifras que proyecta el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central anticipan, a contramano del gobierno nacional, una inflación en torno al 19,5% para el 2026. Esto quiere decir que, en los hechos, la actualización de las partidas presupuestarias quedaría por debajo de la inflación que, además, podría dispararse si hay correcciones en el régimen cambiario actual, como prevén diferentes consultoras.

Asimismo, más allá de esos porcentajes, lo cierto es que no alcanzarían para revertir la pérdida de estos casi dos años de gestión: un ejemplo claro es el caso de las universidades ya que se debería destinar $ 4,6 billones en lo que resta de 2025 y $ 6,2 billones el año próximo para recuperar lo perdido en este tiempo e igualar el nivel de 2023 (el monto asignado se limita a 4,8 billones de pesos).

En esa línea, un informe advirtió que el Presupuesto 2026 debería tener un aumento global de 940% en todas sus partidas para mantener un mismo nivel de asignación presupuestaria real respecto de 2023. Así se desprende de un documento de la Fundación Éforo que resaltó que “la inflación acumulada en los años 2023, 2024 y 2025 rondará el 940% por lo que ese debería ser el nivel de incremento de las partidas en el inicio de 2026 si se quisiera mantener el nivel real del gasto público”. Por el contrario, las partidas presentan una mejora nominal del 411% (529 puntos porcentuales menos de los necesarios para estar en un nivel similar a los valores presupuestados de 2023)

Esto significa que el total de recursos para 2026 es un 57% inferior en términos reales al de 2023.

El rubro que menos se expandió en estos tres años fue el de Servicios Económicos, que comprende las asignaciones correspondientes a los subsidios generales de la economía financiados por el Estado nacional, como servicios públicos de transporte, agua, luz y gas. Esta partida está un 83% por debajo del nivel presupuestado en 2023. Un recorte similar se observa en el rubro de infraestructura y equipamiento, donde la disminución es del orden del 84% en términos reales, siempre respecto de 2023. Por su parte, la partida de Servicios Sociales se encuentra más del 50% por debajo del nivel necesario para igualar el volumen real de recursos asignados a la seguridad social en 2023.

“El Presupuesto 2026 muestra una profundización del ajuste fiscal a expensas de la inversión social (especialmente en seguridad social) y de la obra pública”, resaltaron los especialistas y agregaron que estos dos años -donde de forma inédita se prórrogo el Presupuesto de 2023-  estuvieron marcados "por el cumplimiento del equilibrio fiscal a partir de un ahorro significativo en múltiples áreas sensibles que afectan la vida de millones de argentinos”.