Envalentonados con el resultado electoral de las legislativas y un aparato comunicacional al servicio de los intereses empresarios, el gobierno de Javier Milei avanza en una fuerte flexibilización laboral, la cual busca imponer bajo la retórica de “modernización”. Sin embargo, se esconde un programa que persigue abaratar el trabajo, facilitar el despido, descentralizar y fragmentar la negociación colectiva y limitar el poder de los sindicatos. Todavía no hay una presentación formal del oficialismo, más allá de lo que dejaron trascender por algunos medios, mientras referentes del peronismo iniciaron reuniones con técnicos y especialistas. Desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) presentaron un documento con diez propuestas de políticas públicas para reformar las relaciones laborales con ampliación de derechos.
“La experiencia internacional —y la propia historia argentina— demuestra que las reformas flexibilizadoras no generan más empleo ni reducen la informalidad, por el contrario, amplían la desigualdad y precarizan el trabajo”, señala un informe del Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas (IPYPP). “Bajo el argumento de crear empleo y resolver la informalidad, eliminar la 'industria del juicio' y vincular los salarios con la productividad se oculta un programa orientado a abaratar el trabajo, reducir el costo del despido, debilitar la negociación colectiva y limitar la capacidad de acción de los sindicatos”, agrega la CTA.
“Las reformas laborales pueden incidir en la calidad del empleo, pero no lo crean; y el empleo no depende únicamente del crecimiento, sino del modo en que ese crecimiento se organiza. No es lo mismo una expansión basada en el mercado interno y en el desarrollo industrial que una sustentada en el endeudamiento, la valorización financiera y el extractivismo exportador”, detalla en su introducción el documento con la propuesta de CTA. La experiencia posterior a la salida de la convertibilidad muestra bien esa tensión. Entre 2003 y 2007 la economía creció a tasas récord y el empleo aumentó de manera significativa, incluso bajo la vigencia de un régimen de doble indemnización por despido sin justa causa. Por lo cual, existe margen para una propuesta de reforma laboral que no cercene derechos.
Propuestas de reforma laboral
1. Renta Básica Universal: Si la relación capital-trabajo ha sufrido una transformación tan profunda, entonces los dispositivos encargados de distribuir el excedente también deben modernizarse, avanzando hacia su universalización y sumándolos con los mecanismos tradicionales de distribución, como la negociación colectiva. Se propone la implementación de un ingreso básico universal, equivalente al valor de una canasta alimentaria, para todos los/as trabajadores/as que hoy no dispongan de ingresos registrados, en una primera etapa. Este ingreso no debe concebirse como un subsidio asistencial, sino como un reconocimiento a la contribución colectiva a la producción de valor en la sociedad contemporánea financiado con rentas extraordinarias, utilidades del capital y grandes patrimonios. Este ingreso garantizaría un nivel mínimo de vida y fortalecería el poder negociación de la clase trabajadora en su conjunto.
En esa primera etapa, se prioriza a los sectores laborales más desfavorecidos, y su ampliación al resto de la población depende de la consolidación previa de una reforma tributaria fuertemente progresiva. Una universalización del ingreso carecería de sentido distributivo si el Estado no cuenta con la capacidad efectiva de gravar a los sectores de mayores ingresos y patrimonios. La arquitectura completa del esquema Renta Básica Universal incluye la articulación con una asignación universal por hijo para la población menor de 18 años (eliminando condicionamiento y segmentaciones existentes) y un haber mínimo garantizado para las personas mayores, conformando un sistema integral de protección a lo largo de todo el ciclo de vida.
2. Área de Economía Pública y Social: La recomposición de una infraestructura pública para la reproducción social ampliada requiere la creación de un Área de Economía Pública y Social, capaz de movilizar inversión y generar empleo a partir de la mano de obra disponible y deseosa de insertarse en el mercado laboral.
Este espacio debería coordinar un plan federal de inversión social gestionado de forma participativa por organizaciones del trabajo, universidades, pymes, cooperativas y el Estado. Las prioridades de esta agenda serían el fortalecimiento de la red de hospitales y del sistema de salud pública, el reacondicionamiento y construcción de viviendas, la conformación de una red pública de cuidados —guarderías, geriátricos y espacios recreativos—, la recomposición de la infraestructura cultural —bibliotecas populares, centros culturales, clubes de barrio—, el fortalecimiento del sistema educativo en todos sus niveles y redespliegue territorial de la población. Esta área permitiría articular la inversión estatal con el trabajo disponible, revalorizando el empleo vinculado al cuidado, la educación, la salud y la cultura como los pilares de una nueva política de desarrollo centrada en la vida.
3. Reducción de la jornada laboral: La reducción del tiempo de trabajo es una reivindicación histórica que vuelve a adquirir sentido en la etapa actual. En varios países como Francia, Italia,Dinamarca, Islandia, Bélgica, Países Bajos e incluso Chile y Colombia se están ensayando experiencias de jornada semanal reducidas— entre 35 y 40 horas— sin pérdida salarial, con resultados positivos en productividad y bienestar.
Sin embargo, el debate no puede limitarse a modifiar un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo cuando casi la mitad de la población ocupada se encuentra fuera de su cobertura ya que una reducción legal de jornada solo alcanzará a una porción minoritaria. Una efectiva disminución del tiempo de trabajo requiere garantizar ingresos que compensen la disminución.
4. Seguro de empleo y formación: Como parte del problema de las jornadas excesivas y del desafío de distribuir mejor el tiempo, puede impulsarse un sistema de seguro de empleo y formación que permita reducir sustancialmente el tiempo de trabajo, combinándolo con períodos de capacitación, sin pérdida del nivel salarial. La formación continua debe concebirse como un derecho y no como un privilegio ni una responsabilidad individual. Su financiamiento podría articular los fondos de capacitación profesional ya existentes, las contribuciones empresariales y la participación estatal, orientando la política formativa hacia los sectores estratégicos de la economía.
Este seguro podría incorporarse como una nueva institución dentro del sistema de seguridad social y de los convenios colectivos de trabajo, otorgando a cada trabajador y trabajadora el derecho a ejercer la opción de destinar parte de su tiempo laboral a la formación profesional, con cobertura salarial y previsional garantizada. De este modo, el aprendizaje permanente se integraría al ciclo laboral como un componente estructural de la seguridad social y como instrumento de redistribución del tiempo y las oportunidades de empleo. La clave es que la reducción del tiempo de trabajo no implique pérdida salarial, ya que el cambio tecnológico amplía la productividad y genera un excedente que debe ser redistribuido socialmente, no apropiado como ganancia privada.
5. Mesas de concertación sectoriales: El discurso oficial insiste en que las normas laborales han sido un obstáculo para que las empresas crezcan y mejoren sus bene#cios. Pero esa lectura omite un dato histórico elemental, que la economía argentina lleva cinco décadas atravesada por una estrategia de desigualdad, marcada por una regresividad distributiva que se profundizó en gobiernos de orientación liberal y que solo logró atenuarse, sin revertirse, en los períodos populares.
Desde la última dictadura cívico-militar que reestructuró el capitalismo argentino, el poder económico local logró concentrar la productividad y apropiarse del excedente, asfixiando al resto del tejido productivo y deteriorando sistemáticamente el ingreso del trabajo. En este contexto, no resulta casual que el oficialismo proponga atar los salarios a la productividad. Dado el grado actual de concentración, esa fórmula equivale a congelar la distribución regresiva del ingreso, consolidando como “equilibrio” un esquema donde unos pocos capturan la mayor parte del valor generado por toda la economía. Precisamente por eso, cualquier discusión seria sobre productividad debe partir de reconocerla estructura real de poder económico, sus niveles de integración multisectorial y el modo en que operan para fijar precios y apropiarse del excedente.
El objetivo de las mesas de concertación sectoriales es justamente romper esos islotes de productividad concentrada, transparentando la información económica de los grandes grupos con presencia en sectores estratégicos y fortaleciendo la negociación colectiva. En una economía tan concentrada como la argentina, la productividad se define a lo largo de cadenas de valor donde unos pocos actores capturan el excedente económico mientras los restantes trasladan los costos hacia el trabajo. Estas mesas deberían acceder a balances y estructuras de costos, discutir la formación de precios y negociar la distribución y el destino del excedente, que podría canalizarse hacia mejoras salariales, fondos de formación y empleo, o mecanismos de inversión social. Sin esta mirada integral, la productividad se convierte en una excusa para justificar la reducción de costos laborales, cuando el verdadero desafío consiste en democratizar la información, la decisión y la apropiación del excedente económico.
6. Regulación de las relaciones de dependencia encubiertas como no asalariadas: El caso emblemático es el de los/as repartidores/as de las empresas que administran plataformas digitales. Una reforma laboral que busque proteger a los/as trabajadores/as de plataformas debería partir del reconocimiento explícito de que se trata de una relación laboral de dependencia, encubierta bajo formas de autonomía aparente.
En consecuencia, el Estado debe avanzar en la creación de un régimen que garantice la universalización de los derechos laborales que protegen al resto de los trabajadores en relación de dependencia, que integre a este segmento al sistema de protección laboral y de seguridad social, adaptando las reglas clásicas a las nuevas formas de organización algorítmica del trabajo. Ello implica garantizar derechos básicos —salario mínimo, cobertura por riesgos, licencias pagas, jubilación, derecho a sindicalización y negociación colectiva— y establecer mecanismos específicos de transparencia sobre los algoritmos de asignación y evaluación, que hoy funcionan como formas de control empresarial.
7. Una regulación efectiva de las relaciones de subcontratación laboral: El proceso de tercerización laboral en Argentina, si bien está regulado por la Ley de Contrato de Trabajo, se aplica en condiciones desiguales e inequitativas para las y los trabajadores comprendidos bajo ese régimen. Esto se evidencia especialmente cuando el trabajo subcontratado se desarrolla dentro de la empresa principal, donde conviven trabajadores que realizan tareas de similar calificación pero bajo marcos protectores distintos,según pertenezcan a la firma principal o a una contratista.
Por ello, resulta imprescindible revisar el régimen de subcontratación dentro de una agenda de reforma laboral orientada a la inclusión. Cuando las tareas subcontratadas resulten necesarias para el funcionamiento habitual de la empresa principal debe garantizarse la aplicación del convenio colectivo de la actividad principal y las mismas condiciones de salario y protección.
8. Un Seguro Colectivo Universal Autogestionado para el trabajo sin patrón: El universo de trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios para múltiples clientes, sean empresas o consumidores finales, es decir que en ninguno de los casos establecen una relación laboral de dependencia con una empresa capitalista determinada, en la actualidad adopta en nuestro país diferentes formas. Desde el profesional o el trabajador de oficio que desarrolla su actividad de forma independiente, como quienes conforman las actividades de la denominada economía popular, social y solidaria constituye un conjunto numeroso y heterogéneo, pero atravesado por un rasgo común: la ausencia de tutela laboral frente a cualquier contingencia.
9. Política integral de cuidados: La organización social del cuidado sigue siendo uno de los núcleos más persistentes de desigualdad. Por eso, cualquier reforma laboral con perspectiva de derechos debe incluir una política integral de cuidados, que contemple licencias igualitarias, guarderías, espacios para el cuidado de personas o compensaciones equivalentes. La redistribución del tiempo de cuidado entre géneros, familias, empresas y Estado es condición para garantizar la participación plena de las mujeres en el trabajo y para hacer efectivo el derecho al cuidado.
10. Salario Mínimo Vital y Móvil equivalente a la canasta de un trabajador/a sin carga de familia: Debe quedar definida por la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Empleo para garantizar “la satisfacción de las necesidades básicas del trabajador y su familia, entre las que se destacan alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestimenta, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”. Sin embargo, ese mandato legal nunca se cumplió de manera efectiva.
Esa iniciativa—concebida como programa de empleo público con participación de organizaciones del trabajo, universidades, pymes y cooperativas— puede actuar como referencia efectiva para la fijación del salario mínimo, al establecer remuneraciones acordes a las necesidades reales de reproducción del trabajo. De este modo, el salario mínimo dejaría de ser un parámetro simbólico y se convertiría en un piso material de ingresos garantizado por el Estado y anclado en el valor del trabajo socialmente necesario.
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