La Fiscalía General de Brasil acusó al legislador Eduardo Bolsonaro de coacción, según un comunicado publicado el lunes, en un caso vinculado al que llevó a que su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, fuera condenado a 27 años de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado de principios de 2023.
Eduardo Bolsonaro "buscó reiteradamente subordinar los intereses de Brasil y de toda la sociedad a su propia agenda personal y familiar", dijo la fiscalía general en el comunicado.
Bolsonaro se trasladó a Estados Unidos a principios de este año en busca del apoyo del presidente Donald Trump para detener el proceso penal contra su padre. Se le atribuyó el mérito de empujar a la Casa Blanca a anunciar aranceles del 50% sobre la mayoría de los productos brasileños. Además, la Fiscalía denunció al productor de contenidos Paulo Figueiredo, cercano a la familia Bolsonaro, al que acusó de actuar desde Estados Unidos, informó el portal O Globo.
El ex presidente, padre de Eduardo Bolsonaro, no fue denunciado por la Fiscalía. Eso es porque no pudieron encontrar evidencia de que haya formado parte de la coacción a las autoridades judiciales brasileñas.
El fiscal general, Paulo Gonet, señaló que los nuevos hallazgos y el aumento de los delitos pueden llevar a que más personas sean denunciadas por el delito de coacción. Gonet también solicitó al Supremo Tribunal de Justicia (STF) que comunicara la denuncia al presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta. Según la Fiscalía, la comunicación a Motta debe realizarse "a efectos de una evaluación disciplinaria con repercusión sobre la ampliamente difundida postulación, por parte del primer denunciado (Eduardo), del cargo de líder de bancada en la Cámara parlamentaria, como forma de justificar su permanencia en el extranjero, desde donde desarrolla sus actividades ilícitas", agregó el medio de comunicación brasileño.
Cómo sigue la causa
Ahora, el STF decidirá si acepta o no la denuncia contra Eduardo Bolsonaro y Paulo Figueiredo. Si se acepta, se convertirán en acusados en una acción penal.
Según el fiscal general, la estrategia de los denunciados consistió en amenazar a los ministros del Supremo Tribunal de Justicia con la imposición de sanciones extranjeras, tanto para los magistrados como para el propio Brasil.
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