Las falsas discusiones basadas en argumentos falaces han buscado tergiversar la percepción sobre las universidades argentinas. La cuestión no son los alumnos extranjeros, ni el “adoctrinamiento”, ni las auditorías; en realidad el meollo de todo esto reside en si queremos inclusión universitaria, investigación científica y tecnológica y la posibilidad de ascenso social de los sectores más postergados.
En definitiva lo que está en debate es qué sistema universitario queremos que la Argentina tenga: el que le ha dado los cinco premios Nobel o un sistema estructurado en privilegios de clases sociales. El gobierno nacional se ha propuesto reconfigurar el sistema educativo. Lo ha dicho, incluso, en campaña. Su objetivo es privatizarlo. En esa línea ha desplegado una serie de acciones en distintos niveles.
La falacia del hombre de paja es una falsa argumentación que se basa en rebatir razonamientos o principios que no están en el fondo de la cuestión ni son los que esgrime el adversario.
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El ariete común ha sido la desfinanciación. De allí sucedería una pérdida de calidad y una fuga similar a la que se dio tras la tristemente célebre Noche de los Bastones Largos. Aquella jornada, la dictadura de Juan Carlos Onganía corrió con la policía a los docentes de las principales casas de estudio del país. El resultado fue un retroceso de décadas en el desarrollo científico tecnológico nacional.
El hueso más duro que ha debido enfrentar es la universidad pública. El 70% de los argentinos confía en ellas. Esto ubica al sistema universitario como la institución con mayor respaldo social. Muy por encima de las empresas y su dirigencia, a los que se quiere presentar como el ideal a imitar.
¿Qué decir de las universidades públicas, siendo que están a primer nivel en el mundo, que son un factor de integración, que abren las puertas al ascenso social y que está presente, de una forma u otra, en casi todo el territorio nacional?
Aquí es donde entra a jugar la falacia del hombre de paja. Los ataques irán hacia problemas imaginarios que, además, exacerban las fibras más irracionales de la sociedad, cansada de su mala dirigencia y de que sus penurias sean recurrentes desde hace décadas.
La comunidad universitaria reclamó recomponer su presupuesto. El fin era mantener los niveles mínimos para enfrentar las consecuencias de la devaluación y la disparada de la inflación. Pero el gobierno nacional respondió con tres posiciones que, como la realidad ha mostrado, son falsas.
Veamos una por una.
La primera sostenía que los estudiantes extranjeros eran un gasto muy grande para la universidad y que deberían pagar arancel. Tanto es así que el Poder Ejecutivo, en los últimos meses del año pasado, sacó un DNU donde le exigía a las universidades públicas, desconociendo la autonomía universitaria, que a los extranjeros se les cobrara un arancel.
La verdad es que no existe un sólo estudiante nacido en otro país que curse en las universidades públicas que su inscripción pueda ser cancelada o dejada sin efecto ¿Por qué? Porque todos han debido sacar la residencia (temporal o permanente) y obtener el documento nacional de identidad argentino (DNI). Esos estudiantes pagan impuestos al consumir y la mayoría trabaja y alquila, como cualquier ciudadano argentino en otro país.
Por lo tanto, la realidad demostró que ese era un argumento totalmente falso. Cuando ese decreto salió no hubo un solo estudiante extranjero que dejara la universidad pública.
Otro argumento que han dado permanentemente tiene que ver con la bajada de línea ideológica, el adoctrinamiento en los claustros universitarios.
Eso es totalmente falso. Cualquiera que haya pisado una Universidad pública sabe que existe la libertad de cátedra. Una misma materia puede ser dictada por diferentes profesores que tienen posiciones ideológicas distintas.
En Económicas, por ejemplo, se forman economistas con ideologías liberales y otros con posiciones marxistas. Se aprende todo. Tanto es así que el ministro de Economía, Luis Caputo, ha estudiado en la universidad pública argentina, al igual que el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su pensamiento es diametralmente distinto.
El último elemento fueron las famosas auditorías. “La universidad no se dejaba auditar porque había negocios o negociados”, era la falacia.
La realidad le ha vuelto a dar un cachetazo. Durante el último semestre del año pasado han habido auditorías en 20 universidades públicas argentinas. Las casas de altos estudios han abierto las puertas y el Gobierno ha mandado a sus auditores. Al día de hoy, no existe una sola denuncia contra ninguna Universidad pública por el manejo de los escasos fondos.
Y bien digo escasos porque todos los trabajadores universitarios, tanto docentes como no docentes, han perdido, en promedio, un 70% de su salario lo que ha llevado a la fuga de grandes profesionales en todas las universidades nacionales, atentando contra la calidad educativa en nuestro país.
Ha quedado demostrado que todo eso que se decía es falso, mentiroso y con una clara intención de desprestigiar y estigmatizar al sistema universitario público.
**Secretario Adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN)
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