Escándalo de las coimas: Stornelli avaló la denuncia del Gobierno y pidió investigar a Carnaval Stream y a Data Clave

El fiscal federal Carlos Stornelli lo hizo de nuevo. Sin una mínima investigación, el fiscal se hizo eco de la denuncia del Gobierno de que los audios del escándalo habrían sido fruto de un espionaje ilegal y este martes requirió medidas de prueba al juez Julián Ercolini para impulsar una investigación penal. Sugirió "diligencias” que apuntan a los medios de comunicación que difundieron los audios de las coimas: Carnaval Stream y Data Clave. Es decir, sin motivación alguna más que el pedido del Poder Ejecutivo, Stornelli decidió avanzar contra dos medios periodísticos. En un escueto dictamen, el fiscal pidió citar como testigo al denunciante Fernando Soto, mano derecha de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad, y recabar información sobre Carnaval Stream y Data Clave en la Inspección General de Justicia y el ENACOM. Para cuidar las formas sostuvo que “la investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista”. Lo cierto es que a pesar de esa “salvedad” en su dictamen avanzó contra dos empresas periodísticas sin ningún motivo más que el señalamiento de la Casa Rosada.

“A los fines de acreditar la materialidad de los hechos denunciados y la consecuente responsabilidad penal de quienes resultaren penalmente responsables”, Stornelli le pidió al juez distintas diligencias entre las que se destacan:

• “Se requiera al ENACOM que informe respecto de toda licencia, habilitación -si la hubiera- y contratos de transmisión vinculados al Carnaval Stream”.
   
• “Se requiera a la Inspección General de Justicia la remisión de copia de los legajos societarios completos vinculados a la o las personas jurídicas vinculadas al canal de streaming denominado ‘Carnaval’ y al Programa o Portal ‘Data Clave’ y, previo levantamiento del secreto fiscal, se requiera a ARCA toda información vinculada a facturación, contratos publicitarios, declaraciones impositivas y nómina de personal”.
   
• “Se requiera a la Cámara Nacional Electoral y a la Dirección Nacional Electoral, información a los fines de establecer si existen gastos de campaña declarados en relación con el canal de streaming ‘Carnaval’ y al portal/programa ‘Data Clave’".

El fiscal también pretende que se obtenga y preserve el programa de Carnaval Stream del pasado viernes en el que se difundieron los audios de Karina Milei. Y quiere que se cite a prestar declaración testimonial al denunciante Fernando Soto, “a fin que exponga en relación a los hechos denunciados y aporte todo material de interés que pudiera obrar en su poder, entre tal, la información que según refiere el texto de su denuncia se hallaría disponible”. Es una invitación al Gobierno a perseguir a las empresas de comunicación que dieron a conocer los audios del escándalo donde se escucha decir a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que en la ANDIS existe un sistema de recaudación ilegal que llega a Karina Milei, la hermana del Presidente, quien acapara el 3% de los retornos.

En pos de cuidar un poco las formas, el fiscal sostiene en su dictamen que no investigará periodistas, tal como había reclamado el gobierno. Pero avanza contra las empresas en las que trabajan esos periodistas. El amedrentamiento es claro.

Atento al exabrupto del gobierno, que pidió allanar los domicilios de los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial (y el secuestro de sus materiales de trabajo), Stornelli aclaró que “en la investigación no (se) podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad. Esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empece al análisis de las conductas ya efectuadas”. Hilando fino el fiscal considera que con una orden judicial fundada se podría analizar lo del ingreso al domicilio.

El dictamen no precisa quiénes son los “investigados” pero el fiscal decidió avanzar sobre las empresas de comunicación que dieron a conocer el escándalo que involucra a la hermana del Presidente, a su mano derecha Eduardo “Lule” Menem, al ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo y a los dueños de la droguería Suizo Argentina, entre otros. ¿Qué dice el fiscal? “Si bien en la denuncia se mencionan algunas personas, el devenir de la investigación determinará la existencia de un hecho delictivo así como la identidad de los presuntos autores, cómplices, encubridores y/o instigadores”, afirmó.

El gobierno, a través de Soto, había denunciado este lunes un “ataque de grupos paraestatales que buscan generar caos”. Consideró que la difusión de hechos de corrupción, que por ahora incluyen audios de Spagnuolo y de Karina Milei, fue “producto de una operación de inteligencia no institucional ilegal, cuidadosamente planificada para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia”. Es decir, que el origen del caso son tareas de espionaje ilegal. En el marco de esas tareas, el denunciante dijo que los involucrados en la maniobra son: los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, quienes difunden los audios; Pablo Toviggino, el dueño de Carnaval Stream, el medio en que se comunicaron los audios, de quien destacan en la denuncia  es “mano de derecha del Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y opositor declarado del Gobierno Nacional y de las ideas de la Libertad que reivindican el Presidente de la Nación y la Secretaría General de la Presidencia”; Pablo Jiménez, empresario de medios y responsable del portal Data Clave. Para el Ejecutivo “otro engranaje de esta maniobra golpista sería Franco Bindi, abogado ligado a agentes inorgánicos de inteligencia y pareja de la Diputada Nacional Marcela Pagano, quien desde hace meses conspira para debilitar y boicotear sistemáticamente el espacio político que le permitió acceder a su banca”. Tanto Rial como Pagano denunciaron amenazas en su contra en los últimos días. Pagano incluso realizó una presentación ante la Comisión Bicameral de Inteligencia.

A la hora de describir los hechos a investigar, Stornelli retoma lo denunciado por Soto y dice que son “presuntas acciones delictivas llevadas adelante por una organización criminal, mediante el desarrollo de actividades prohibidas y penadas por la Ley Nacional de Inteligencia (Ley 25.520) y de otras posibles conductas ilícitas a establecer, las que habrían consistido en la captación y obtención ilegal de supuestos audios de conversaciones y/o comunicaciones privadas que corresponderían a la Secretaria General de la Presidencia, Licenciada Karina Milei, mediante prácticas de espionaje ilegal, para luego procederse a su edición, manipulación, tergiversación y difusión clandestina, amplificándose a través de redes sociales y de ciertos medios de prensa que habrían sido elegidos deliberadamente, algunos intencionalmente y otros sorprendidos en su buena fe, todo ello con el propósito de desacreditar la imagen del Gobierno en ejercicio influyendo ilegítimamente en la opinión pública e instalando posibles falsas acusaciones, y también con el posible fin de alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica, influenciar en el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas (…)”. Como si todo eso fuera poco, el fiscal agregó que en la instrucción se procurará develar otra afirmación del denunciante para quien "lo ocurrido formaría parte de una trama más amplia, que involucra a la oposición kirchnerista en una campaña de desinformación para derrocar al Gobierno”. El enfrentamiento de Stornelli con el kirchnerismo es conocido.

En pos de intentar frenar la escalada del escándalo de las coimas, el fiscal agrega que “la maniobra que será objeto de estudio no debe limitarse a los audios mencionados de Karina Milei si no en la génesis de la operación que encuentra su puntapié inicial en supuestas grabaciones del mismo tenor efectuadas sobre otro entonces funcionario público”. La referencia implícita es Diego Spagnuolo. La génesis de esta causa que impulsa la Casa Rosada tiene por objetivo intentar derrumbar otro expediente que avanza a paso firme en Comodoro Py: el que investigan actos de corrupción en ANDIS y que está a cargo del fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello. En el marco de esa pesquisa hubo allanamientos a la ANDIS y a la droguería Suizo Argentina –que es señalada como el vehículo para instrumentar las coimas-. Los exfuncionarios de la ADNIS Spagnuolo y Daniel Garbellini y los empresarios Eduardo, Emmanuel y Jonathan Kovalivker están siendo investigados en esa causa. A todos se les secuestró sus celulares. Es decir que Picardi y Casanello se tomaron en serio la denuncia de coimas y no la entendieron como una operación de espionaje.

En el dictamen nada se dice de la insólita hipótesis de espías rusos involucrados en la maniobra denunciada. En la presentación judicial del lunes, Soto recordó que “el 18 de junio de 2025, la Secretaría de Inteligencia de Estado denunció la existencia de un grupo liderado por residentes rusos en la Argentina que estaría realizando acciones en función de los intereses geopolíticos de Rusia para influenciar a la población”. Concretamente, hizo referencia al grupo “La Compañía” y resaltó que “los hechos denunciados en el presente escrito revisten una marcada similitud con las actividades desplegadas por la organización desenmascarada por los servicios de inteligencia nacionales y podrían ser parte de una operación sistematizada de largo plazo”. Como si aquello fuera poco, vinculó a Bindi con “el régimen chavista” y con el presidente Evo Morales. Algo así como una mafia ruso-chavista detrás del caso Spagnuolo. Nada de esto se desarrolló en el dictamen del fiscal. Al parecer, Stornelli decidió hacer foco únicamente en las empresas periodísticas que están detrás de los programas que difundieron los audios del escándalo. Al menos por ahora. El mensaje parece claro. Ahora el juez Ercolini debe resolver el pedido del fiscal.

Tanto Stornelli como Ercolini son dos funcionarios judiciales que suelen jugar en tándem con el gobierno. Con su dictamen, Stornelli no defraudó a la Casa Rosada. En Balcarce 50 confiaban en su expertise: tiene experiencia en casos de espionaje ilegal, al estilo del denunciado por el gobierno ya que protagonizó como denunciante la causa Operación Puf, que creó la AFI macrista para derriba el caso D’Alessio donde el propio fiscal estaba denunciado por sus vínculos con ese agente ilegal de inteligencia también cercano a Patricia Bullrich. Ahora la incógnita es cómo actuará Ercolini.