Mientras siguen las consecuencias del escándalo de los audios de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), presentaron una denuncia en la provincia de Córdoba contra su extitular Diego Spagnuolo por los delitos de “abuso de autoridad” y “violación de deberes de funcionario público" por haber montado un presunto "aparato" dirigido a rechazar pensiones por invalidez. Recientemente el gobierno de Javier Milei se jactó de haber eliminado más de 100 mil de estos beneficios tras realizar un relevamiento.
La denuncia fue impulsada por el abogado Pablo Olmos y quedó a disposición de la Fiscalía Federal Nº1 de Córdoba, conducida por Enrique Senestrari. “El delito tiene que ver con haber orquestado todo un aparato dirigido a rechazar de manera sistemática todas las pensiones por discapacidad que estaban siendo sometidas a un proceso de revisión”, explicó Olmos en diálogo con Radio Con Vos.
En su denuncia, el abogado cuestiona las modificaciones que tuvo el sistema de evaluación para determinar el grado de invalidez laboral y el otorgamiento de las pensiones no contributivas de las personas con discapacidad. Desde Andis se ordenaron auditorías médicas sobre beneficios ya otorgados a personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), pese a que, según la denuncia, no existía un marco legal vigente que permitiera establecer el grado de incapacidad laboral de los beneficiarios.
Otro elemento que señala Olmos fue “la falta de una notificación fehaciente a los beneficiarios de las pensiones” para evaluar el alta o baja de una pensión. “Esto lo que ha hecho, especialmente en el interior del país, es que los beneficiarios no se enteren y no pueda ir a las revisaciones”, criticó.
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Como fue el caso en Córdoba
Según el denunciante, la presentación también lleva un pedido cautelar para que "se reanude el pago normal de las pensiones hasta que se haga una auditoría como corresponde". “En el norte de la provincia de Córdoba, la gente hacía colas por días enteros para ver si la Andis le había mandado una carta. O sea, lejos estamos de que las cartas llegaran a los domicilios”, agregó.
Una de las trabajadores sociales que trabaja en la Junta de Certificación de la ciudad cordobesa de Cruz del Eje, Micaela López, advirtió sobre la "trampa legal" de este sistema de auditorías que se implementó en todo el país. “Acá está la trampa legal, les sacaron las pensiones solamente por no haberse notificado”, alertó López en diálogo con diario Perfil.
En ese sentido, la trabajadora -que realiza sus tareas en el Hospital Aurelio Crespo, uno de los 25 centros de la provincia donde se define la accesibilidad al sistema de pensiones- relató que "la gente se desesperaba" porque las cartas documento no llegaban a sus domicilios. “La forma de citar fue intencionadamente maliciosa”, planteó, y siguió: “porque estaban dirigidas a domicilios antiguos, cuando el Estado tiene plataformas de datos actualizadas, como Anses o Mi Argentina”.
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