Un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) afirma que las fiscalías de Comodoro Py están en condiciones de implementar el sistema acusatorio a partir del 11 de agosto como pretende el gobierno nacional y que el pedido de más recursos que está realizando el procurador general interino, Eduardo Casal, es una excusa para no poner en marcha un nuevo procedimiento judicial que redistribuye el poder en los tribunales más políticos del país. Es decir, es una “máscara técnica” para no romper el statu quo de ese edificio.
“Ciertos sectores de Comodoro Py concentran un poder enorme y determinante para la calidad democrática, que es el manejo de la impunidad de los grandes casos de corrupción y criminalidad económica del país. La impunidad estructural de la patria empresaria está garantizada por Comodoro Py y el fuero penal económico. La implementación del sistema acusatorio no es una solución mágica, pero sí habilita una redistribución de ese poder en nuevos actores que, para los que hoy se sienten cómodos con esos manejos cuasimafiosos, implica un costo muy alto”, aseguró a El Destape Julián Alfie, director ejecutivo del INECIP.
El INECIP es una fundación presidida por Alberto Binder que buscar contribuir a la consolidación y fortalecimiento del Estado de Derecho en los países de América Latina y del Caribe. Según su página web, trabaja “en los procesos de transformación de los sistemas judiciales y de los sistemas penales ligados a la transición democrática, promoviendo –desde una perspectiva científica- la defensa de los derechos fundamentales de las personas. A través de esta tarea, el INECIP no sólo ha forjado los cimientos de lo que es hoy la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democratización de la Justicia, sino que ha alcanzado reconocimiento a nivel regional e internacional”.
En su informe “Radiografía de las fiscalías de Comodoro Py: ¿’Falta de recursos’ o falta de voluntad para el sistema acusatorio?”, el INECIP analiza las resistencias de los tribunales federales de Retiro a implementar el nuevo sistema procesal. De acuerdo a ese trabajo, “las fiscalías federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan con los recursos necesarios para implementar el Código Procesal Penal Federal de corte acusatorio”.
El informe señala que:
- “Los fiscales federales de la CABA tienen la carga de trabajo más baja de todo el país”.
- “Solo el 1 % de las condenas de Comodoro Py corresponden a delitos de alto impacto”.
- “El sistema acusatorio es imprescindible para optimizar el uso de los recursos y mejorar la actual tasa de 1 % de eficacia político-criminal”.
El estudio se conoce a la par que el procurador general interino, Eduardo Casal, envió al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, una nota en la que sostiene que “las condiciones actuales son insuficientes para el normal desempeño de este Ministerio Público Fiscal bajo el nuevo sistema procesal”. Casal se hizo eco del pedido que le elevaron los fiscales de Comodoro Py y del fuero Penal Económico y sostiene que faltan recursos técnicos, materiales y de personal.
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“La falta de recursos es la excusa detrás de la que se esconde una guerra de poder”
“Hay que ver la película entera y no la foto actual: la implementación del sistema acusatorio la intentó Alfonsín y falló, la intentó Kirchner y falló, la intentó Cristina y logró, al final de su mandato, aprobar el Código Procesal Penal, pero no logró ponerlo en vigencia, Macri lo frenó y sólo lo implementó en el distrito de Salta, Alberto ni lo intentó, y ahora Milei se enfrenta al foco central de esa resistencia que, desde su nacimiento durante el menemismo es Comodoro Py”, explica Alfie a este medio.
De acuerdo al director ejecutivo del INECIP, “la falta de recursos es la excusa” de los fiscales de Comodoro Py y de los tribunales en lo Penal Económico para no aceptar el cambio procesal que modifica de raíz el sistema de justicia. “Es la máscara técnica detrás de la cual se esconde una guerra de poder”, indica Alfie. Con el sistema acusatorio, los fiscales se transforman en los investigadores de las causas judiciales y los jueces pasan a ser solo los controladores de las garantías del proceso. También se modifican las formas del proceso y se pasa a la oralidad.
Al analizar la resistencia de los fiscales de Comodoro Py, Alfie compara la situación con lo que sucede en otros países de la región: “Lo llamativo es que no pasa lo mismo que pasó en los demás países de Latinoamérica que implementaron el acusatorio en estas últimas tres décadas (todos menos Brasil), en donde la resistencia es de los jueces, que pierden el poder de manejar los tiempos de las causas y determinar su avance o cierre. En este caso, paradójicamente, los que se oponen son los fiscales, que en los papeles son los que ‘ganarían’ el poder de dirigir la investigación”.
¿Por qué pasa esto? Según el director ejecutivo de INECIP “por la atomización de liderazgos que provocó la vacancia en la Procuración (Casal lleva casi 8 años de interino) y la existencia de un grupo de ‘barones’ de Comodoro Py que, apalancados por el espionaje ilegal y por sus vínculos carnales con sectores empresariales, se sienten más cómodos en el juego actual que en el juego más transparente que propone el nuevo sistema, con las audiencias orales, plazos perentorios, y una mayor responsabilización pública para los fiscales”. “Ese es el trasfondo –aclara-. Lo que el informe expone es que la falta de recursos no solo es una excusa, sino que es una muy mala excusa, porque es totalmente falsa”, agrega.
Según el informe “Radiografía de las fiscalías de Comodoro Py”:
- Las fiscalías federales de los tribunales federales de Retiro “son las que tienen la menor cantidad de casos ingresados al año por fiscal disponible”. Es decir “su carga de trabajo es, en términos estadísticos, la más baja de todo el país”.
- “El análisis más relevante para medir la carga de trabajo real del Ministerio Público en el nuevo sistema implica medir cuántas causas hay por cada litigante, incluyendo a fiscales y a potenciales auxiliares fiscales. Si se utiliza bien la figura del auxiliar, deberían ocupar ese cargo, por lo menos, quienes hoy integran el Agrupamiento Técnico Jurídico: todos los secretarios, los prosecretarios y subsecretarios de la PGN y los prosecretarios letrados de fiscalía general” por lo que “las fiscalías federales no sólo siguen siendo las que tienen la menor carga de trabajo del país, sino que, además, la desproporción con el resto de los distritos pasa a ser extrema”. En esa línea se señala que lejos de “la falta de recursos” que alegan “algunos sectores del Ministerio Público Fiscal de la Nación, en la Capital Federal parece haber un ‘sobrante de recursos’, en una desproporción desmedida respecto del resto del país que debería ser revisado por la Procuración General de la Nación”. En este sentido, Alfie abunda: “Si el Procurador hace lo que dice la ley, que es convertir a todo el ‘agrupamiento técnico jurídico’ (por ejemplo, a los ‘secretarios’ de las actuales fiscalías, que son abogados muy formados y experimentados) en ‘auxiliares fiscales’, que es prácticamente un litigante, habría más de 150 personas habilitadas legalmente a litigar. Cada una de ellas tendría un ingreso de 3 causas mensuales. ¡3 causas al mes! De ellas, más del 75% son causas irrelevantes, que en el nuevo sistema de desestimarían, archivarían o resolverían con una salida alternativa en cuestión de días”.
- También se indica en el informe que “uno de los argumentos para justificar esta desproporción de recursos en Comodoro Py, e incluso reclamar por su ampliación, es la presunta complejidad de los fenómenos criminales que debe abordar el distrito federal de la CABA” pero “lo cierto es que, de acuerdo a la limitada información pública disponible, actualmente Comodoro Py no enfrenta casos penales de mayor complejidad que los demás distritos y que justifiquen la extremada desproporción de recursos de la que goza”. En esta línea, el informe afirma que “apenas el 1,3 % de las sentencias condenatorias de Comodoro Py son por casos de alto impacto”, es decir, casos de trata de personas, lavado de dinero, narcotráfico o corrupción, entre otros. Y se agrega que “según los informes estadísticos elaborados por el propio Ministerio Público Fiscal de la Nación, el 73 % de los casos ingresados a las fiscalías federales con asiento en la CABA en 2023 fueron categorizados como casos ‘comunes’”.
- “La entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal de corte acusatorio en la Capital Federal no toma por sorpresa a nadie: el Código fue aprobado en el Congreso hace 11 años, en el 2014. Las nuevas leyes orgánicas, que permiten al Poder Judicial y a los Ministerios Públicos readecuar su organización interna, están vigentes desde 2015. Y hace más de un año el actual Gobierno adelantó que durante el 2025 y 2026 finalizaría su implementación”, se señala en el estudio.
- Desde el 2014 a la fecha, “el desempeño político-criminal de la Justicia Federal mantuvo su extrema e histórica ineficacia. Resulta grotesca y ofende la inteligencia de los lectores la amenaza del Procurador General interino del posible ‘colapso’ que causaría la implementación del sistema acusatorio. Comodoro Py se encuentra colapsado desde hace décadas, y su única posibilidad de mejorar está justamente en las herramientas que el nuevo modelo procesal y organizacional ofrece. El único riesgo para la eficacia de la justicia federal es perpetuar el sistema vigente”, se concluye.
Por todo esto, para Alfie “en términos de recursos humanos, la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py es de las más sencillas de la historia de las reformas procesales penales latinoamericana. Y eso sin contar el necesario traspaso de personal del juzgado a las fiscalías, que establece la ley y por algún motivo no están haciendo”
En lo que hace a la cuestión edilicia, también cuestionada por los fiscales de Comodoro Py, el director ejecutivo del INECIP señala que “es fácilmente resoluble”. “Hace unos días el diputado nacional Fernando Carbajal, ex juez federal, mostró cómo en Formosa y Chaco reacondicionaron una salita para convertirla en una sala de audiencias con muebles que tenían en el depósito. Con un poco de ganas, se puede hacer”, afirma.
“Luego hay otras excusas, como que tienen colapsada la Dirección de Apoyo Tecnológico que tiene las licencias UFED para abrir celulares, cuando hace semanas la propia titular le exigía públicamente al procurador interino, en el informe anual del MPF, que establezca prioridades porque le mandaban a relevar dispositivos cualquier causa irrelevante”, agrega Alfie en diálogo con El Destape. “No es un problema de falta de recursos, es un problema de gestión institucional. El sistema acusatorio está explícitamente diseñado para gestionar mejor los recursos limitados”, asegura.
Alfie toma como ejemplo lo que sucedió en otra provincias con la puesta en marcha del sistema acusatorio: “El año pasado anunciaban las mismas catástrofes y colapsos en los distritos federales del interior del país donde se implementó, y la experiencia demuestra que, lejos de colapsar, el nuevo sistema les permite sacarse de encima toda la hojarasca que hoy tienen las fiscalías federales y, de a poco, empezarán a enfocarse en casos realmente complejos, que hoy gozan de una impunidad preocupantemente en Argentina”.
“Lo preocupante –concluye Alfie- es que los fiscales que no forman parte de esos juegos espurios, lamentablemente se pegaron a esa jugada de los barones de Py, sin darse cuenta que aún sin nuevos recursos, los principales beneficiarios de esta reforma son los fiscales probos y, sobre todo, las segundas y terceras líneas que hoy trabajan muy bien y no tienen el reconocimiento adecuado por su trabajo y que en el nuevo sistema sí lo tendrían”.
La Carta de Casal al gobierno
El procurador general interino elevó una nota al ministro Cuneo Libarona, el pasado 9 de mayo, en la que puso de manifiesto la necesidad de mayores recursos para poder implementar el sistema acusatorio en Comodoro Py. El titular del Ministerio Público Fiscal se hizo eco de una serie de notas que recibió de parte de los fiscales de primera instancia de los tribunales federales de Retiro, de los fiscales ante la Cámara Federal de Casación, de los fiscales de juicio del mismo edificio y de los fiscales del fuero en lo Penal Económico, quienes consideran que no están dadas las condiciones técnicas ni de personal para implementar el sistema acusatorio a partir del 11 de agosto como estableció el gobierno de Javier Milei.
En aquellas notas, Casal le dijo a Cúneo Libarona que los fiscales de Comodoro Py y del fuero Penal Económico “en forma unánime alertaron sobre serias falencias estructurales, tecnológicas y humanas que, si no se resuelven rápidamente, podrían comprometer gravemente la implementación efectiva del nuevo sistema, como así también a las causas que actualmente tramitan ante esos fueros”.
“Las presentaciones coinciden en la falta de planificación integral, infraestructura adecuada y recursos humanos suficientes y, en su mayoría, instauran reclamos específicos de mejora inmediata en tecnología informática, conectividad y capacidad investigativa especializada, como así también en la necesidad urgente de equilibrar recursos humanos entre el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal de la Nación”, sostuvo Casal en su misiva al ministro de Justicia.
El procurador interino también le recordó al gobierno que decidió avanzar con la implementación del sistema acusatorio con “falta de previsibilidad” cuando esto “requiere de incontables esfuerzos de readecuación institucional para asegurar su éxito”. El procurador considera que “puede verse comprometida -como ya se remarcó en reiteradas oportunidades- la eficacia misma de la reforma y la posibilidad del Ministerio Público de cumplir adecuadamente con la misión encomendada”.
El informe del INECIP arroja datos que contraponen esa posición y afirma que lo que hay detrás es una resistencia a modificar el statu quo en los tribunales federales penales de la Capital Federal. Ante este escenario, el interrogante que se abre es qué sucederá a partir del 11 de agosto si el Poder Ejecutivo avanza con su plan de implementar el nuevo sistema acusatorio en Comodoro Py.
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