Tras la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Javier Milei internacionaliza su crisis política y se involucra en un conflicto diplomático por querer contrarrestar el escándalo de los audios de las coimas con una insólita denuncia de espionaje ilegal que amplió en los últimos días. Las novedades llegan desde Rusia y Uruguay.
Mientras en Casa Rosada aún se analiza el resultado de la contienda bonaerense y el Poder Ejecutivo analiza cambios para surfear la aguda crisis en la que quedó sumergido, este lunes el embajador argentino en Rusia, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, fue citado por la cancillería de Moscú para brindar explicaciones sobre la acusación de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich de que espías rusos pudieron haber realizado tareas de inteligencia ilegal en la Casa de Gobierno para grabar a Karina Milei en el marco del caso “audios de las coimas”.
A la par, se conoció que Fernando Soto, mano derecha de Bullrich, no contento con pedir el allanamiento de domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico ahora hizo una ampliación de denuncia en Comodoro Py, en el marco del mismo expediente en que se apuntó a la Federación Rusa, y cargó contra el canal de streaming uruguayo Dopamina por difundir audios de la hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia. Sostiene –sin pruebas- que se basan en un espionaje ilegal. La acusación no pasó desapercibida en el país vecino. Tuvo eco en los medios y la dirigencia política uruguaya en su conjunto reaccionó ante la acusación –otra vez insólita- del gobierno libertario. Diputados y senadores del Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional criticaron el accionar de la administración milesita, se solidarizaron con los periodistas atacados y respaldaron la libertad de expresión.
Según pudo reconstruir El Destape, incluso la embajada uruguaya en la Argentina brindó apoyo al fundador y co-director de Dopamina, el periodista Marcos Casas.
Reacción política en Uruguay tras denuncia de Bullrich a un canal de stream
En el marco de la censura previa que estableció el 1º de septiembre pasado el juez en lo civil y comercial federal Patricio Maraniello, quien prohibió difundir audios de Karina Milei en la Casa Rosada que podrían complicarla en el caso “audio de las coimas”, el medio uruguayo Dopamina decidió tomar la posta y hacer público parte del contenido periodístico que se prohibió en la Argentina. Por la difusión de algunos audios en el país vecino, el ministerio de Seguridad al mando de Patricia Bullrich decidió ampliar la insólita denuncia que hizo días atrás para intentar frenar la filtración que expuso un esquema de pago y cobro de coimas que llega hasta la hermana del Presidente. En esa presentación “original”, del 1º de septiembre pasado, el Ejecutivo sostuvo que los audios en que se escucha al exfuncionario Diego Spagnuolo describir un esquema de “retornos” se sostiene en tareas de inteligencia ilegal.
En ese marco, Soto, que es director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad Nacional, se presentó en Comodoro Py nuevamente y amplió la denuncia con la que se abrió la causa Nº 3604/2025, que tramita ante la fiscalía de Carlos Stornelli y el juzgado de Julián Ercolini. “Se ha difundido un nuevo audio, que también habría sido obtenido en forma clandestina e ilegal, publicado en la red social ‘X’ por el usuario ‘Dopamina - @estoesdopamina’, donde se publica un audio atribuido a la Secretaria General de la Presidencia de la Nación, licenciada Karina E. Milei, que mencionaría al Dr. Martín A. Menen, Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Nación. Dicho audio, cuya veracidad no podemos afirmar, habría sido obtenido en forma ilícita y clandestina en la oficina de la Presidencia de la H. Cámara de Diputados, tal como lo afirma el propio Dr. Martín Menem”, afirma Soto en la ampliación de denuncia. La mano derecha de Bullrich sostiene que la difusión en Uruguay “demuda la labor de un grupo de personas organizadas con fines claros de espionaje ilegal con el objetivo de dañar al Gobierno y provocar escándalo social, esta vez dirigido contra otro poder del Estado, el H. Congreso de la Nación”.
Los medios del Uruguay se hicieron eco de la noticia. El diario El Pais, por ejemplo, tituló este lunes: “Gobierno de Milei denuncia a un streaming de Uruguay por difusión de audios basados en ‘espionaje ilegal’”. La reacción de la clase política en el país vecino no se hizo esperar.
El senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini, tuiteó en la red social X: “La libertad de prensa (no) avanza: distópica y absurda denuncia, como la época que nos toca vivir. Mi solidaridad con @marcoscasas_ok y @ferkosak”. El dirigente del Partido Colorado, Diego Riveiro González, hizo lo propio: “Todo el apoyo y respaldo a @marcoscasas_ok y @ferkosak de @estoesdopamina. Como decía Don Frutos Rivera en 1838: ‘Las producciones de la imprenta libre son el freno de los malos mandatarios, la recompensa mejor de los que gobiernan bien y el vehículo más seguro para derramar la ilustración y educar a los pueblos. Pero este derecho inestimable vendría ser ilusorio si los que han de ejercerlo conservan el menor recelo de que la autoridad pueda reprimirlo…’”. Por su parte, el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva también se expresó en respaldo de sus connacionales: “Acá en este país se defiende la libertad de expresión. Mi partido ha dejado la vida por la libertad. No aceptamos de nadie un cercenamiento a la misma. El periodismo está para complicarnos la vida a los políticos, y eso a mi me encanta”.
Los abogados de Marcos Casas, el argentino Nicolás Rechanick y la uruguaya Andrea Valenzuela, manifestaron que la denuncia del gobierno de Mieli “carece de fundamento jurídico”. “La medida cautelar dictada en Argentina (por el juez Maraniello) tenía un alcance limitado: se aplica únicamente en territorio argentino y sobre audios grabados en la Casa Rosada en una fecha determinada”, añadieron.
Acto seguido, los abogados de Casas resaltaron que “la propia medida cautelar es violatoria de la Constitución argentina. Al prohibir la difusión de información sin analizar su contenido, configura un claro caso de censura previa, prohibida expresamente por el artículo 14 de la Constitución Nacional argentina y contraria a los estándares de la Corte Suprema argentina y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Los letrados también explicaron que no fueron notificados de la ampliación de la denuncia que hizo Soto. “Nos enteramos de la medida cautelar únicamente a través de la prensa. Además, tratándose de un medio con personería jurídica en Uruguay, cualquier notificación válida debería haberse canalizado mediante mecanismos de cooperación judicial internacional entre Argentina y Uruguay, lo que nunca ocurrió. Una orden judicial ilegal y sin notificación formal carece, en consecuencia, de destinatario legítimo”, señalaron.
Rechanik y Valenzuela indicaron que la labor de Dopamina “se limita a la difusión, no a la obtención del material. Nuestro medio no tuvo ninguna participación en la grabación ni en la obtención de esos audios. Lo único que hicimos fue difundir una pieza de interés público, en solidaridad con colegas argentinos a quienes se les intentó censurar, y amparados en la libertad de prensa”.
Para contextualizar lo bochornosa que fue la presentación de la mano derecha de Patricia Bullrich, explicaron: “La denuncia contra periodistas de un medio uruguayo no tiene antecedentes en la región y abre la puerta a un conflicto diplomático innecesario. En Uruguay, la libertad de expresión y el trabajo periodístico están protegidos constitucionalmente y cuentan con un sólido respaldo jurídico y social”.
Otro problema diplomático
Los conflictos diplomáticos por la misma denuncia insólita que hizo el gobierno de Javier Milei llegaron a Rusia. Tal como informó la agencia de noticias rusas Tass, el gobierno de Vladimir Putin “rechazó vehementemente la declaración de la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, sobre la presunta participación de Moscú en escuchas telefónicas en el palacio presidencial, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores”. En ese marco, este lunes el embajador argentino en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieyra, fue convocado por la cancillería rusa para comunicarle el malestar que causaron las declaraciones de Bullrich. “Se ha puesto en conocimiento del embajador de Argentina que la parte rusa rechaza rotundamente estas acusaciones de un miembro del gobierno argentino; se afirma que carecen de pruebas y, por lo tanto, carecen de fundamento”, se explicó en el cable de Tass.
Las afirmaciones de Bullrich provocaron una verdadera crisis diplomática a juzgar por las noticias que llegan desde Rusia: "Las declaraciones del funcionario argentino mencionadas anteriormente no contribuyen al mantenimiento de las relaciones amistosas y constructivas existentes entre nuestros países. Moscú lamenta que Buenos Aires no esté preparada para avanzar en la senda de su desarrollo progresivo", añadió el Ministerio de Asuntos Exteriores de acuerdo a lo difundido por la agencia de noticias rusa. Y se agregó que el gobierno de Putin “espera recibir a la brevedad explicaciones oficiales exhaustivas de la parte argentina sobre las inaceptables declaraciones de la ministra Bullrich”.
Además de las declaraciones de la ministra de Seguridad, en la denuncia que hizo el gobierno se había sostenido sin ningún elemento de prueba que parte de los audios filtrados pudieron haber sido tomados por una red de espías rusos. Así de delirante como se lee. En la presentación del 1º de septiembre, Soto recordó que “el 18 de junio de 2025, la Secretaría de Inteligencia de Estado denunció la existencia de un grupo liderado por residentes rusos en la Argentina que estaría realizando acciones en función de los intereses geopolíticos de Rusia para influenciar a la población”. Concretamente, hizo referencia al grupo “La Compañía” y resaltó que el presunto espionaje ilegal que denuncian como metodología para captar los audios difundidos “reviste una marcada similitud con las actividades desplegadas por la organización desenmascarada por los servicios de inteligencia nacionales y podrían ser parte de una operación sistematizada de largo plazo”.
Stornelli y el contraataque judicial de Milei
Con el único objetivo de obstaculizar el avance del caso “audio de las coimas” que impacta de lleno en Karina Milei, el gobierno denunció que se sostiene en escuchas ilegales. Lo hizo a través de una denuncia penal contra quienes resulten responsables de los hechos “vinculados con la producción, manipulación y difusión sistemática de grabaciones atribuidas a funcionarios y ex funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”, según se desprende de la denuncia. Es la carta que decidió jugar el gobierno para intentar frenar el escándalo que se abrió con la filtración de audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, a quien se le escuchar decir que en la ANDIS hay un esquema de coimas del que la hermana del Presidente recauda el 3%.
En el escrito rubricado por Soto se sostiene que como en una de las filtraciones se escucha a la propia Karina Milei, las maniobras denunciadas podrían haber sucedido en la Casa Rosada, lo que evidenciaría una severa falla en el servicio de inteligencia del Estado. Sin temor al ridículo, Soto sostiene en la denuncia que incluso podrían haber participado espías rusos en esta “operación”. Para amedrentar, el gobierno pidió a la Justicia que realice allanamientos en domicilios de los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial y en los medios de comunicación que difundieron los audios del escándalo como Carnaval Stream.
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El caso quedó en manos del fiscal federal Carlos Stornelli, quien, como informó El Destape, sin una mínima investigación se hizo eco de la denuncia del Gobierno y requirió medidas de prueba al juez Julián Ercolini para impulsar una investigación penal. Sugirió "diligencias” que apuntaron contra los medios de comunicación que difundieron los audios de las coimas: Carnaval Stream y Data Clave. Es decir, sin motivación alguna más que el pedido del Poder Ejecutivo, Stornelli decidió avanzar contra dos medios periodísticos. En un escueto dictamen, el fiscal pidió citar como testigo al denunciante Fernando Soto y recabar información sobre Carnaval Stream y Data Clave en la Inspección General de Justicia y el ENACOM. Para cuidar las formas sostuvo que “la investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista” por lo que descartó de momento allanar el domicilio de periodistas. Lo cierto es que a pesar de esa “salvedad”, el fiscal avanzó contra dos empresas periodísticas sin ningún motivo más que el señalamiento de la Casa Rosada.
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El dictamen que dio inicio a la pesquisa no precisa quiénes son los “investigados” pero Stornelli decidió avanzar igual sobre las empresas de comunicación que dieron a conocer el escándalo que involucra a la hermana del Presidente, a su mano derecha Eduardo “Lule” Menem, al ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo y a los dueños de la droguería Suizo Argentina, entre otros. ¿Qué sostuvo el fiscal? “Si bien en la denuncia se mencionan algunas personas, el devenir de la investigación determinará la existencia de un hecho delictivo así como la identidad de los presuntos autores, cómplices, encubridores y/o instigadores”, afirmó.
Entre esos “autores” y “cómplices” el gobierno no solo incluyó a espías rusos sino que ahora sumó a periodistas y medios uruguayos. El nivel de confusión en Casa Rosada es absoluto.
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