El Consejo de Administración de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), organismo que representa a más de 230 sociedades de gestión colectiva de derechos en más de 120 países, expresó su profunda preocupación ante las recientes medidas adoptadas por el Gobierno argentino que modifican de manera sustancial el sistema de gestión de derechos de autor.
En una resolución oficial, CISAC instó a las autoridades nacionales a “velar porque los titulares de derechos continúen disponiendo de un sistema de gestión colectiva eficaz”, tras la entrada en vigencia de los decretos 765/2024, 138/2025 y 150/2025. Estas normativas desregulan el sistema vigente hasta ahora, permitiendo que nuevas entidades —o incluso los propios autores— gestionen individualmente los derechos sobre sus obras.
La organización advirtió que estos cambios podrían afectar gravemente la protección de los creadores y debilitar a las sociedades históricas que operan en Argentina, como SADAIC, AADI CAPIF y ARGENTORES, todas miembros de CISAC. Según remarcaron, estas entidades “actúan con los más altos estándares de transparencia, responsabilidad y buen gobierno”, y cumplen un rol clave en la defensa del patrimonio cultural y los derechos económicos de los artistas.
“El nuevo marco competitivo podría funcionar en detrimento de los titulares de derechos si no se establecen los controles necesarios”, alertaron. También señalaron que la proliferación de sociedades de gestión podría fragmentar el mercado, dificultando el monitoreo y la recaudación de regalías, y poniendo en riesgo la sustentabilidad económica de los creadores.
CISAC recordó que la Constitución Argentina, en su artículo 17, reconoce expresamente la propiedad intelectual, y que la Ley 11.723 garantiza el derecho exclusivo de los autores sobre sus obras. “La gestión colectiva ha sido un modelo eficaz y probado en Argentina, que permite a los autores acceder a una remuneración justa y a ejercer sus derechos de forma libre y segura”, subrayaron.
El reclamo internacional se suma a los cuestionamientos locales de entidades como SADAIC, que advirtieron que las medidas son “claramente perjudiciales” y que alteran un sistema que funcionaba de manera eficiente. “No entendemos la necesidad de cambiar lo que funciona bien”, expresó la entidad, que administra derechos de autores argentinos y representa a más de 130 sociedades extranjeras ante plataformas como Spotify, Netflix, TikTok e Instagram.
En este contexto, tanto organismos nacionales como internacionales coinciden en que los decretos impulsados por el Poder Ejecutivo abren la puerta a una posible desprotección de los creadores y a una pérdida de control sobre el uso y la remuneración de sus obras. La comunidad artística, en alerta, reclama que se revisen estas decisiones para no poner en riesgo los derechos culturales y económicos de miles de autores e intérpretes.
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