Un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) reveló que en el primer semestre del 2025 hubo 1.251 heridos o detenidos en movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires, un número superior al de todo el 2024. Así, quedó expuesta la decisión del Gobierno nacional de ejercer la represión para acompañar el ajuste económico que lleva a cabo desde diciembre de 2023.
Para elaborar el informe, la Comisión Provincial por la Memoria monitoreó las distintas protestas que hubo desde que Milei es Presidente de la Nación. El documento se presentó en el anfiteatro de la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) nacional, ante militantes políticos, sindicales y de derechos humanos.
"Todo lo relevado a lo largo de estos 18 meses de trabajo, de monitoreo sobre las movilizaciones sociales, permite dar cuenta de la profundización del proceso represivo y la intensificación de la violencia estatal ejercida sobre los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad federales y de la Ciudad de Buenos Aires", sostuvo la CPM en el informe, y continuó: "Además, permite advertir que se trata de prácticas sistemáticas que dan cuenta de una política planificada para limitar el ejercicio del derecho a la expresión y la manifestación pública de determinados sectores, movimientos sociales, políticos y sindicales, así como también de grupos particularmente vulnerables representados por las diferentes organizaciones de jubilados y jubiladas que se reúnen, en las inmediaciones del Congreso de la Nación, a fin de reclamar por sus derechos cercenados o suprimidos".
Además, señaló que hubo un "incremento exponencial de los hechos de represión que ocurrieron en 5 de cada 10 movilizaciones en el primer semestre de 2025, contra 3 de cada 10 movilizaciones durante 2024", hecho que "da cuenta de la decisión del Gobierno nacional de profundizar el camino represivo por sobre el diálogo y la construcción democrática". "Este incremento trajo aparejado el crecimiento de las personas heridas y afectadas por la violencia estatal, que pasaron de 1.216 en todo el 2024 a 1.251 en apenas seis meses del año 2025, es decir 35 personas más. La gravedad de las lesiones padecidas por el fotoperiodista Pablo Grillo, mediante un disparo de granada de gas lacrimógeno efectuado por fuera de todos los protocolos y directo a su cuerpo, y el rápido cierre sin sanción alguna del sumario administrativo que investigó su conducta por parte del Ministerio de Seguridad, muestran además que se trata de decisiones adoptadas en los máximos niveles de decisión política del Ministerio de Seguridad de la Nación", añadió.
Asimismo, la Comision Provincial por la Memoria señaló: "A esto se suma el incremento de personas que padecieron detenciones arbitrarias, pasando de 93 en todo el año 2024 a 130 durante medio año del 2025; detenciones que se desplegaron sobre la creciente militarización del espacio público, duplicando y hasta triplicando la cantidad de efectivos sobre los manifestantes en las movilizaciones".
El 12 de marzo de 2025: ataque a Pablo Grillo y un punto de inflexión en la represión de la protesta
El 12 de marzo, a la típica protesta de jubilados frente al Congreso se sumaron distintos sectores de la sociedad, como sindicatos, movimientos sociales, partidos políticos e hinchas de clubes de fútbol. En esa jornada, la represión, además de más de 100 detenidos y más de 600 heridos, dejó al fotoperiodista Pablo Grillo en terapia intensiva, tras recibir el impacto de una granada de gas lacrimógeno lanzada por un gendarme.
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En el informe, la CPM describió a la jornada del 12 de marzo como "la represión más brutal" y explicó: "Durante la jornada del 12 de marzo se registró el despliegue represivo más grande de los monitoreados hasta la fecha por el equipo de la CPM, con una totalidad de 672 personas heridas. Entre los casos que revisten mayor gravedad en esa jornada se encuentra el de Jonathan Leandro Navarro, que perdió la visión de un ojo por el impacto de balas de goma, y el del fotógrafo Pablo Grillo".
"Grillo fue afectado por el impacto de una granada de gas lacrimógeno arrojado por un efectivo de la Sección de Empleo Inmediato de GNA, identificado posteriormente como Héctor Jesús Guerrero, que le provocó un traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica. A raíz de esta lesión, permaneció 83 días en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y actualmente se encuentra realizando un proceso de rehabilitación neurológica en el Hospital Manuel Rocca", recordó la Comisión, y profundizó: "La Comisión Provincial por la Memoria presentó denuncia penal por estos hechos, acumulándose en el Juzgado Federal N° 1 de Comodoro Py, a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría, en el marco de la causa CCC Nº 12670/2025. En dicha investigación este organismo aportó un informe en el que se reconstruye la secuencia en que Pablo Grillo fuera lesionado y la posible identificación del ejecutor del disparo, en base a prueba audiovisual de registros propios producidos en las labores de monitoreo".
Luego, sobre este apartado, concluyó: "El registro de heridos y sus lesiones es realizado por la Comisión Provincial por la Memoria, en conjunto con el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) y la Posta de salud y cuidados del Frente de Izquierda Unidad, en las manifestaciones donde se monitorea de manera presencial; en los casos que el monitoreo se realiza de manera indirecta, el relevamiento se obtiene de la información construida por estas organizaciones o difundidas en medios de comunicación y redes sociales".
La presentación del informe
El informe de la Comisión Provincial por la Memoria se presentó el martes en la sede de ATE, ante cientos de personas. Participaron de la exposición Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la CPM; Víctor de Gennaro, vicepresidente del CPM; Roberto Cipriano García, secretario Ejecutivo de la CPM; Sandra Raggio, directora General de áreas de la CPM, y Juan Irrazábal, presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
Además, dio una declaración el titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, desde la sede del sindicato que conduce. "Es muy importante la difusión pública de este informe. Nos tiene que servir para reafirmar nuestra lucha y a un Gobierno que utiliza a las fuerzas de seguridad para intentar acallar a quienes se deciden enfrentar las políticas de ajuste y saqueo, le tenemos que responder con institucionalidad. Frente a la actuación ilegal del Gobierno, nuestra respuesta tiene que ser el ejercicio de todos nuestros derechos constitucionales. A la represión, huelga y movilización", expresó Aguiar.
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