Las y los trabajadores de los distintos organismos de control del transporte salieron al cruce del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que busca la disolución y el recorte bajo el argumento de que existe una “duplicidad de funciones” entre distintos organismos descentralizados, como la CNRT y Seguridad Vial. “¿A quién le interesa que desaparezcan los controles o que no se investiguen los siniestros?”, se preguntaron en el comunicado en el que defendieron sus puestos de trabajo y la protección de los derechos de las y los usuarios. Además, denunciaron que los cambios beneficiarían a privados con acceso a estudios jurídicos y consultoras.
"El objetivo que tenemos para fin de año es hacer una limpieza muy fuerte. Dentro de ese proceso apuntamos a desregular", anticipó Sturzenegger durante una entrevista en el canal LN+. El ministro –procesado por el mega canje de 2001 y ex dirigente del Banco Central, entre 2015 y 2018- sólo atinó a adelantar que será el vocero presidencial, Manuel Adorni, el que dará mayores detalles sobre la iniciativa llamada “Proyecto Digesto” planeada luego de solicitar a todos los ministerios un listado de todas las leyes y normativas vigentes en el país.
En tanto, al ser consultado por cambios en el área de transporte como la posible disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), algo que hace tiempo es un rumor, el ministro respondió: "Es una refuncionalización del Estado. Es mucho más que Transporte".
Ante esa situación, las y los trabajadores del área encendieron las alertas y salieron al cruce con un extenso comunicado en el que destacan que “el control de las empresas de servicios públicos es siempre una función esencial del Estado”. Al margen de criticar la desregulación en distintos ámbitos, hicieron hincapié en el que, en caso de que falten los mecanismos de control necesarios en el área de transporte, se volverá una tarea difícil asegurar que las empresas cumplan con calidad y resguarden a usuarios y usuarias.
“Cómo se va asegurar que las empresas cumplan con la normativa que hace a la calidad y a la regularidad del servicio; de qué forma el Estado va a resguardar la protección de los derechos de los usuarios; cómo se va a controlar que todos los ciudadanos del país tengan acceso a los servicios y que sus derechos sean difundidos y respetados; quién va controlar la difusión que se brinde a los usuarios sobre estos servicios y los derechos que les asiste y fundamentalmente; quién va a velar por la seguridad en su prestación”, se preguntan para luego marcar que el Estado, a pesar de poder servirse del sector privado, “no puede nunca deslindar su responsabilidad de supervisar y controlar la prestación” de los servicios.
A continuación, también hicieron un desglose de las funciones de los organismos descentralizados que funcionan en esta órbita: la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la CNRT, la Junta de Seguridad en el Transporte y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, lo que definieron como un “sistema integral e integrado de control e investigación” que es “la herramienta adecuada para dar efectivo cumplimiento a los preceptos constitucionales enfocados en la protección de los derechos” de usuarios, usuarias y consumidores, garantizando su seguridad, la salud e intereses económicos.
Esos organismos –que monitorean el transporte ferroviario, naval, aéreo y automovilístico privado, estatal, de pasajeros y de cargas-, detallaron, se ocupan de una tarea fundamental como es la de producir informes sobre la gestión de servicios y nutren a los organismos de control interno y externo de la administración pública nacional sobre la gestión del transporte por parte del sector privado, lo que sirve en muchas ocasiones en informes periciales requeridos por la Justicia.
“Sin duda uno de sus cometidos más relevantes radica en advertir a las AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL y a la sociedad toda sobre las fallas o riesgos para los usuarios, que pueden ocasionar la inadecuada gestión de los prestadores de los servicios de transporte gestionados por los privados”, alertaron. En ese sentido, se manifestaron “sorprendidos” de que “no existan funcionarios” que adviertan “sobre las peligrosas consecuencias” de transformar o cercenar las competencias de estos organismos, “lo cual podría generar la obstaculización de la última valla de la defensa de los ciudadanos usuarios, beneficiando únicamente a las operadoras de esos servicios, los que pueden hacer uso de importantes estudios jurídicos y consultoras a los que las personas de a pie nunca podrán acceder, con los consecuentes resultados, que no escaparan de las responsabilidades que como funcionarios les podría caber”.
“No sobramos”, afirmaron y resaltaron que “el esfuerzo y profesionalismo” con el que llevan adelante sus tareas de control, fiscalización, auditorías e investigaciones.
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