Giro en la investigación por la desaparición de Loan: el ex comisario tuvo un rol esencial

En las últimas horas, El Destape pudo confirmar que la Cámara Federal de Corrientes resolvió quitarle la imputación  de "encubrimiento" al ex comisario Walter Maciel y a la ex empleada municipal, María Victoria Caillava por amenazas en la causa que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña, el pequeño con paradero desconocido desde el 13 de junio del 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio. Según indicaron fuentes judiciales a este portal, se modificó la calificación al ex jefe policial y ahora lo imputan como "partícipe necesario" de la sustracción y ocultamiento del menor. Por este motivo, seguirá con prisión preventiva.

En el extenso fallo, al mismo tiempo, ratificó los procesamientos de todos los imputados por la sustracción y ocultamiento del pequeño correntino de cinco años. De esta manera, los jueces resolvieron los pedidos de los abogados defensores e hicieron lugar a la solicitud de María Victoria Caillava y de Walter Maciel, revocando la acusación que pesaba sobre ambos por "amenazas".

Sin embargo, el Tribunal dio un paso más y cambió la calificación contra el ex comisario de la localidad correntina de 9 de Julio que hasta ahora estaba procesado por “encubrimiento agravado” y consideraron que por su accionar debe quedar procesado como "partícipe necesario" de la sustracción y ocultamiento de Loan.

Asimismo, el documento que lleva la firma de los jueces Selva Spessot, Ramón Luis González y Mirta Sotelo, confirmó las prisiones preventivas y los procesamientos para Antonio Benítez, Laudelina Peña, Daniel Ramírez, Carlos Pérez y Victoria Caillava que seguirán detenidos en distintos penales federales mientras que Walter Maciel seguirá con su prisión preventiva pero con el cambio de calificación.

Además, confirmaron el procesamiento de Mónica Millapi y avalaron que siga con prisión domiciliaria en Neuquén. De esta forma, los jueces avalaron los procesamientos que dictó la Jueza Cristina Pozzer Penzo el 4 de diciembre pasado. 

Frente a las apelaciones y a la imputación que ahora pesa sobre el ex comisario Maciel, los jueces consideraron que “del análisis del caso surge que colaboró con el resto de los imputados antes de que se iniciara la ejecución del delito de sustracción del menor” y detallaron que es por esto que “se excluye la posibilidad de encuadrar su conducta como encubrimiento agravado”. En este marco, llegaron a la conclusión de revocar el procesamiento que podría mostrar una involuntaria acusación por delitos que no pueden coexistir y procesarlo formalmente como “partícipe necesario”.

También explicaron la revocación del procesamiento por amenazas, ya que la propia Laudelina Peña se desdijo de las acusaciones, “lo que debilita la base fáctica en relación a ese delito”, explicaron.

Los magistrados consideraron que las prisiones preventivas se sustentan en los riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de la investigación y avalaron la consideración de la jueza Pozzer Penzo, señalando que “los imputados, en libertad, podrían alterar pruebas y contactarse con los otros involucrados”.

Igualmente hicieron un apartado con respecto a Mónica Millapi ya que la querella, entonces representada por el abogado Juan Pablo Gallego, había cuestionado la prisión domiciliaria alegando riesgos procesales: en este punto, consideraron que no hay cuestiones que ameriten que se pronuncien en este momento, aunque consideraron que su situación de prisión domiciliaria se lleva adelante desde el 4 de diciembre de 2024 sin que se haya registrado o reportado algún incumplimiento.

En otro tramo de la resolución, los jueces hicieron un detalle de los embargos preventivos dispuestos en la causa. Según el expediente, se mantiene el embargo sobre los bienes de Millapi, Ramírez, Laudelina Peña y Benítez hasta cubrir la suma de un millón de pesos cada uno. Por el lado del ex comisario, el embargo dictado por la Justicia es de 8 millones de pesos y en el caso de Pérez y Caillava, la suma es de 20 millones de pesos por cada uno. En esa línea, consideraron que los embargos aplicados tienen que ver con asegurar las costas del proceso y la indemnización civil aunque destacaron que “no se contempla una pena pecuniaria en el delito en cuestión”.

Ante la acusación, la Cámara Federal destacó que la jueza describió el delito de "sustracción y ocultamiento del menor", como una sustracción del entorno de la familia y un ocultamiento alejándolo de la zona de búsqueda. Ese tipo de acusación los convierte en delitos permanentes, lo que hace que la acción penal no prescriba mientras Loan siga desaparecido. Ahora, ante este extenso fallo, resta esperar si los defensores cuestionan la acusación o si, de a poco, la causa avanza hacia un posible juicio oral.