La cara más inhumana del ajuste salvaje que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei tiene hoy como víctima a uno de los colectivos más sensibles de la sociedad: el de la discapacidad. Miles de familias sufren día a día los problemas ocasionados por un atraso sin precedentes de los nomencladores de profesionales que, a menudo, se dan por vencido y dejan de prestar sus servicios. Eso significa que muchas personas se quedan sin sus terpias o tratamientos, resignando calidad de vida.
El rechazo al veto de la Emergencia de la Cámara de Diputados, sumado a un fallo judicial que sienta un precedente calve, hacen pensar que quizás no todo está perdido. Pero mientras se aguarda una resolución sobre la norma y la burocracia se mueve con sus tiempos, las urgencias de aquellos que conviven con alguna discapacidad se mueve a otro ritmo. Entre Ríos no está exenta de este drama y por eso decenas de asociaciones salen a la calle todos los días, pidiendo no solo que se activen mecanismos a nivel nacional, sino que también se de una respuesta en el territorio.
"Es la primera vez q se llega a este nivel de emergencia. Siempre ha sido un problema el pago a término, es una lucha eterna y en todos los casos se ha abonado a los 90 días. Pero que un nomenclador no se actualice por casi un año es algo que no tiene precedentes, estamos ante situaciones que a esta altura son de vida o muerte", explicó a El Destape, Amarú Méndez, titular de la ONG Neurocea. La dirigente lleva más de una década peleando por derechos del colectivo, desde que supo que su hijo que hoy tiene 14 años padece Asperger: "Un transportista está cobrando 541 pesos el kilómetro, cuando subió la nafta cuatro veces en tres semanas. Es imposible, los prestadores también tienen una familia, un alquiler, servicios, cuentas, hijos. No pueden estar regalando su trabajo y encima esperar que les paguen a los tres meses con un valor irrisorio".
Méndez aseguró que el anuncio del vocero Presidencial, Manuel Adorni, de una mejora en las prestaciones, fue "humo" y "quedó en la nada". "Formalmente no se ha comunicado. Lo peor es que nadie del oficialismo nos ha recibido, hay una reticencia insólita a escuchar lo que tenemos para decir. No queremos que compartan nuestro punto de vista, pero al menos que nos digan por qué no se puede concretar lo que pedimos", resaltó. Y acotó: "Están totalmente negados. La sensación es que no importan las personas con discapacidad, para ellos son un número nada más. Se están vulnerando derechos, es un acto de deshumanización. El Estado debe estar para este sector y hoy lo está dejando de lado".
Días atrás, Méndez y titulares de más de una decena de entidades vinculadas al colectivo se reunieron con el bloque de diputados provinciales justicialistas. Allí solicitaron que se le de curso a un proyecto ingresado desde el espacio donde se declara la Emergencia Provincial en Discapacidad, con el objeto de brindar herramientas desde el gobierno que hoy conduce Rogelio Frigerio. "Estamos convencidos de que hace falta, no es un capricho, esto va más allá de toda ideología política, lo que está pasando es sumamente delicado", subrayó la titular de Neurocea. Hasta el momento la iniciativa pasó a comisiones, pero no parece haber vocación política por parte del oficialismo para que se trate.
En Entre Ríos no existe un registro certero de personas con discapacidad. Es un reclamo de larga data el de tener un mapa completo que habilite a entender, zona por zona, principales patologías y necesidades. Como máximo, existen algunos relevamientos informales en centros de salud y hay un número de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), brindados por el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), pero no mucho más.
Desde el organismo mencionado se aclaró, por el contrario, que se han mejorado los servicios prestados. Fue a través de la diputada oficialista Noelia Taborda. "Los avances que se han alcanzado en materia de discapacidad en nuestra provincia son concretos y visibles. Entre Ríos cuenta hoy con 17 juntas evaluadoras activas, más de 77.000 personas con Certificado Único de Discapacidad, políticas territoriales sostenidas y un trabajo articulado con sectores de salud, educación, transporte y desarrollo social", indicó la legisladora. Y agregó: "El Iprodi viene desarrollando una política pública activa, cercana y con capacidad de escucha. Y eso solo es posible cuando hay una decisión política clara, como la que sostiene el gobernador, de trabajar todos los días por una provincia que no deje a nadie afuera".
“La situación es crítica. Si bien hay una ley que garantiza prestaciones, en muchos casos se debe apelar al recurso de amparo. En ocasiones esos procesos se pierden y hay que pagar, en un contexto donde lo económico es muy complicado”, indicó Nadia Gasparín, directora de Neurodiversidad San Benito, otra de las ONG que viene peleando por la Emergencia.
En diálogo con El Destape, la dirigente resaltó que la norma del Congreso se precisa de forma urgente: “El sistema que se rige por el nomenclador está estancado desde diciembre. Un apoyo de Psicología paga 12 mil pesos, por ejemplo. Eso lleva a los profesionales a ir cortando o avisar que el año que viene dejarán de prestar servicios. Tienen que pagar consultorios, materiales, servicios. Es lógico”.
Gasparini dijo que los centros de día, donde también se atiende a personas con discapacidad, también están sumamente afectados por el recorte: “Precisamos la emergencia para garantizar lo mínimo”. Y cerró: “El gobierno no desconoce el reclamo, pero niega la emergencia porque para ellos las personas con discapacidad son un gasto. Para la familias, en cambio, siempre será una inversión en salud y autonomía”.
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