Un cliente fue víctima de una sofisticada trampa digital que le costó casi $3,5 millones, pero lo más indignante fue la respuesta del banco: lo culparon a él por la pérdida. Sin embargo, la Justicia dio un golpe sobre la mesa y emitió un fallo sin precedentes que podría cambiar el futuro de la seguridad bancaria en el país.
La historia comienza en junio de 2024, cuando un usuario ingresó a su home banking y se topó con una alerta que parecía oficial. El cliente del BBVA fue engañado por una ventana emergente apócrifa que imitaba una actualización de datos de seguridad de la entidad bancaria. La pantalla le indicaba que debía actualizar la seguridad de su cuenta, y poco después, recibió un mensaje de texto con un código y una advertencia: "No comparta esta información con nadie". Confiado en que estaba protegiendo su dinero, ingresó el código y en segundos, su cuenta fue vaciada.
El banco decidió omitir las quejas del usuario. A pesar de los insistentes reclamos, la entidad se encargó de culpar al cliente por haber realizado el procedimiento, sin dar explicaciones sobre el origen del mensaje ni las vulnerabilidades de su propio sistema. Sin embargo, la Justicia se encargó de revertir la situación. La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Formosa determinó que el banco había incumplido su deber de seguridad y ordenó la restitución de la suma exacta: $3.499.458.
El fallo, que podría sentar un precedente histórico en casos de ciberfraude, fue impulsado por el abogado Carlos Robles y se basó en la Ley de Defensa del Consumidor y las normativas del Banco Central. La Justicia aplicó el principio de "in dubio pro consumidor", es decir, en caso de duda, se favorece al usuario. El banco, incapaz de demostrar que la estafa fue culpa del cliente, ahora se ve obligado a devolver la millonaria suma.
Las medidas para evitar ciberestafas
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa emitió una alerta ante el creciente número de denuncias relacionadas con estafas en la venta domiciliaria de planes de ahorro. El titular de la cartera, José Leonardo Gialluca, informó que en los últimos meses recibieron numerosas consultas de ciudadanos afectados por empresas de otras provincias que comercializan estos planes bajo la modalidad de venta directa en barrios de la ciudad y del interior provincial.
Estos planes, que prometen la adquisición de vehículos, motovehículos y electrodomésticos, causaron graves inconvenientes a los consumidores. En muchos casos, las empresas les hacen firmar contratos que incluyen una autorización para que se realicen cobros mediante débito automático de sus haberes, tanto del sector público como privado.
Estas firmas, en su mayoría originarias de provincias como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, utilizan las redes sociales y un ejército de vendedores para captar clientes, ofreciendo “cómodas” facilidades de pago y promesas de entrega de los productos en la cuarta cuota. Sin embargo, muchas personas se encuentran con dificultades a la hora de resolver problemas, ya que estas empresas no tienen sucursales u oficinas en la provincia.
Los contratos firmados en estos casos son de adhesión, lo que significa que los consumidores rara vez comprenden completamente el alcance y las consecuencias de lo que están firmando. La modalidad de venta “casa por casa” también fue criticada, ya que la información proporcionada por los vendedores es escasa y a menudo engañosa.
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