El plan del Gobierno de iniciar una ronda de paritarias “por mérito”, es decir con una pauta salarial por debajo de la inflación y ajustes superiores sólo según el criterio del empleador, prevé otro condimento: que las mejoras podrán ser transitorias y no constituir una nueva base del ingreso definido por convenio colectivo. Se trata de la iniciativa que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, bautizó esta semana como “salarios dinámicos”, que anticipó en exclusiva El Destape a principios de mes y cuya implementación demandaría necesariamente del visto bueno de los sindicatos de cada actividad.
El mecanismo en preparación representa un paso más en el programa de paritarias a la baja que concretó el Ejecutivo este año con aumentos –en general trimestrales-, siempre con números inferiores al aumento del costo de vida de cada mes y eventuales recuperaciones parciales de lo perdido mediante sumas fijas no remunerativas. Así, al deterioro del poder adquisitivo de millones de trabajadores, se le sumó la caída de recursos tributarios destinados al sistema jubilatorio.
Los funcionarios a cargo de diseñar el plan le confirmaron a este medio que se buscará darles a los empleadores herramientas y garantías para ampliar el rango de discrecionalidad en los incrementos. La premisa será diferenciar entre trabajadores por su contracción a la tarea y capacidad productiva, y que los aumentos en el salario real puedan mostrarse como un premio a la dedicación por un plazo determinado y reversibles sin consecuencias para los empresarios.
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La iniciativa se enmarca en el impulso que los libertarios imaginan darle a una reforma laboral integral a ser debatida el año que viene en el Congreso con una composición eventualmente más favorable al oficialismo. Entre los proyectos en circulación figuran normas para flexibilizar y abaratar la contratación y el despido; ampliar la jornada laboral hasta 13 horas diarias; fraccionar las vacaciones; poner fin a la ultraactividad (el régimen que garantizar la vigencia de un convenio colectivo de trabajo más allá de su vencimiento y hasta la firma de uno nuevo por acuerdo de partes), y habilitar negociaciones individuales o locales a espaldas de los arreglos de alcance nacional.
También se buscará derogar el principio de irrenunciabilidad que impide la suscripción de acuerdos individuales o colectivos más desventajosos que los vigentes. Ese criterio es el que garantiza en la Argentina –o al menos promueve- la progresividad de las condiciones laborales y de las estructuras salariales.
En cambio, las paritarias “por mérito” y los aumentos de carácter reversible que alienta la administración de Javier Milei convertirían al vínculo laboral en un terreno de incertidumbre permanente para el trabajador, que en ese escenario quedará sujeto al criterio unilateral de su empleador para fijarle condiciones y subas efectivas.
La teoría libertaria es que, en un futuro contexto de inflación cero o controlada, los empresarios puedan contar con elementos para mejorar a gusto el poder adquisitivo de sus dependientes, y que lo harán con mayor entusiasmo con el personal que deseen retener. Ese análisis omite que en un contexto de deterioro del mercado laboral (desempleo en alza, reemplazo de trabajos calificados por puestos precarios, suba del empleo no registrado), ni siquiera los trabajadores mejor conceptuados tendrán una oferta suficiente para cambiar de empleador en busca de mejores ingresos.
Ya en diciembre del año pasado El Destape adelantó en exclusiva el tenor de la reforma laboral en planes del Ejecutivo. La base era un proyecto de ley de la diputada libertaria Romina Diez. Entre los avances que se anotó la actual gestión figura el lanzamiento del Consejo de Mayo con participación del presidente de la Unión Industrial, Martín Rappallini, y el sindicalista Gerardo Martínez, referente de la CGT. La convocatoria, que tuvo una nueva reunión esta semana, se planteó con una serie de objetivos entre los que se destacó avanzar por consenso en una reformulación de la normativa laboral.
Sin embargo, tras la última reunión, tanto Martínez como el Consejo Directivo de la CGT emitieron sendos comunicados para rechazar la iniciativa. “Ni dogmáticos ni obstruccionistas, creemos que ningún país crece y se desarrolla empobreciendo a sus trabajadoras y trabajadores”, señala el texto difundido por la central obrera de esta semana. En el escrito, los sindicalistas destacan que la reforma propuesta recoge el capítulo laboral del DNU 70/23 que la propia CGT logró frenar con un amparo en la Justicia laboral.
Además de esas negativas, la CGT tiene previsto renovar la semana próxima su Consejo Directivo, incluso el actual triunvirato de conducción. Más allá de que todo indica que la renovación se hará con el mismo esquema tripartito de líderes aunque con otros nombres, la convicción mayoritaria de los sectores de la central pasa por bloquear cualquier iniciativa parlamentaria reformista. Si a eso se le suma un eventual triunfo de la oposición este domingo, el escenario se hará pantanoso al extremo para el Gobierno con su plan ante el Congreso.
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