El Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich impuso un nuevo régimen laboral en las cárceles federales que restringe la cantidad de población que podrá recibir un salario a cambio del trabajo que realicen. La resolución 429/2025 publicada en el Boletín Oficial fue promocionada por el organismo como “Vagancia cero en las cárceles” y dice que se llevará a cabo este plan con la idea de “eliminar privilegios”.
En su artículo 1°, la resolución establece: “Se podrá asignar la realización de prestaciones personales para labores generales del establecimiento o comisiones como única ocupación al CINCO POR CIENTO (5%) de las personas privadas de la libertad alojadas en establecimientos dependientes del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL que no lleven a cabo actividades con objetivos productivos a los fines de la reinserción social”.
Según los datos dados a conocer por el organismo conseguidos a partir de un “diagnóstico administrativo” realizado en 2024, hasta ahora, era el 61,28% de la población la que recibía una remuneración a cambio y aseguraron que “sólo el 38,72% del total de internos que percibió sumas de dinero en concepto de peculio realizó alguna actividad con objetivos productivos a los fines de la reinserción social”. Mientras que el resto recibió dinero en concepto de “fajina” que a entender del Ministerio de Seguridad “en muchos casos, implicó un plan social encubierto sin ningún tipo de contraprestación”.
Como resultado, el Gobierno nacional dispondrá la baja de la entrega del pecunio (es decir, la remuneración) cuando se supere el tope del 5% de la población del establecimiento que lleve a cabo tareas.
Esas personas, además, “en forma exclusiva, deberán cumplir un mínimo de OCHO (8) horas diarias y se les otorgará peculio, que será distribuido conforme se establece en el artículo 121 de la Ley N° 24.660 y sus modificatorias, y no tendrá en consideración el salario mínimo vital y móvil”, determina el artículo 2. En tanto, quienes no entren en ese 5% -que no está especificado cómo serán electos para trabajar- deberá cumplir con esas obligaciones como parte de su régimen de convivencia, sin recibir una retribución económica, tal como ya se establecía en la Resolución 1346/2024, normativa que había sido el primer paso para los cambios en el régimen laboral en ésta área.
La idea, aclaró el Ministerio en un comunicado, es “terminar” con lo que llamaron “esquema de subsidios encubiertos dentro de las cárceles”.
“No vamos a aceptar que se cobre por no hacer nada. Se terminó la injusticia de premiar a quien incumplió la ley con el dinero de los que trabajan todos los días. Distinguir entre quienes cumplen y quienes no es el primer paso para recuperar una sociedad ordenada y segura”, afirmó Bullrich.
Cierre de los centros de estudiantes en las cárceles
Entre las diferentes políticas que impulsa Bullrich en las cárceles federales, también, dispuso el cierre de los centros de estudiantes, pese a que está ampliamente comprobado cómo la educación funciona efectivamente como una herramienta de inserción de esta población, que es de las más vulnerables que existen. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por ejemplo, apuntó que “hay menos reincidencia” entre quienes estudian en los penales.
En la última semana, la ministra recibió un revés respecto a esta propuesta cuando el juez Mariano Iturralde hizo lugar parcialmente a un habeas corpus colectivo presentado por la Procuración Penitenciaria y le ordenó al SPF que permita que las y los estudiantes permanezcan en los centros educativos.
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