La Bicameral de Inteligencia analizó el espionaje ilegal a opositores y el desmanejo de la SIDE: las medidas que tomará

Las filtraciones que dan cuenta de que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) estuvo realizando tareas de espionaje ilegal llegaron a la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI), que se reunió este martes. Según pudo reconstruir El Destape, los legisladores nacionales que integran la comisión parlamentaria -que tuvo presencia completa- trabajaron sobre el Plan de Inteligencia Nacional, que como informó este medio habilita a la ex AFI a realizar un control social sobre distintos actores de la sociedad en pos de reforzar el relato oficial sobre la realidad, algo absolutamente ilegal. La bicameral también hizo foco en la persecución a dirigentes políticos, sociales y sindicales opositores y a periodistas. Hubo “preocupación” y una coincidencia generalizada sobre el desmanejo que hay en la SIDE, que quedó expuesto en el alto nivel de filtraciones.

El encuentro de la bicameral comenzó a las 15.30, puntual, y se extendió por dos horas. Contó con la presencia de todos los integrantes de la comisión que preside el senador radical Martín Lousteau. Según la reconstrucción que hizo El Destape, se acordó que:

• En dos semanas, aproximadamente, se aprobarán las observaciones y señalamientos al Plan de Inteligencia Nacional y se las enviarán a la SIDE, que conduce Sergio Neiffert.
   
• Se preguntará a la SIDE por el informe que reveló el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, en el que se da cuenta de que la SIDE  hizo espionaje ilegal a dirigentes políticos, sociales y sindicales opositores. Por ejemplo, se filtró que entre las víctimas de la SIDE estuvo el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien ya hizo una presentación penal en la Justicia en pos de que se investiguen los hechos difundidos en los medios. La bicameral pretende que la ex AFI ratifique o nieguen la existencia del parte de inteligencia que provocó un nuevo escándalo en materia de inteligencia.
   
• Se enviará a la central de inteligencia una nota pidiendo informes sobre la contratación de Tactic Global LLC que hizo el gobierno de Javier Milei para que actúe como lobista de la SIDE en los Estados Unidos, algo insólito y que no tiene antecedentes. Tactic es una firma vinculada al presunto espía Leonardo Scatturice y según la documentación que se hizo pública debería actuar como  “enlace” entre la Presidencia de la Nación argentina y la de EEUU. La empresa tenía como objetivo coordinar reuniones y asesorar a la central de inteligencia. Todo indica que desde la bicameral pedirán que la SIDE envíe el expediente administrativo de esa contratación y se formularán algunas preguntas.
   
• También se pedirá la derogación de un decreto que establece que la inteligencia que haga la Policía Federal quedará fuera de la órbita de control de la bicameral.

Entre las novedades que hubo este martes también se destaca la confirmación de que Iván Matías Cheang, el joven que aparece en varias marchas en contra del gobierno como si estuviera infiltrado y hasta protegiendo a libertarios fue agente policía. El joven ya había dado cuenta de su pasado en diálogo con Ari Lijalad en El Destape pero ahora esa información quedó confirmada oficialmente.

Denuncias por espionaje ilegal

El periodista Hugo Alconada Mon publicó el pasado 3 de agosto en La Nación una nota titulada “Reporte secreto. La SIDE redacta informes sobre las actividades políticas de la oposición, sindicatos y grupos de jubilados”. Entre las víctimas de ese accionar ilegal de los servicios de inteligencia el periodista mencionó al gobernador Kicillof, al presidente del consejo provincial del PJ bonaerense Máximo Kirchner, a Sergio Massa, al diputado nacional Facundo Manes y al ex intendente Néstor Grindetti, además de organizaciones sociales y sindicales. El reporte está en línea con el mentado Plan de Inteligencia Nacional de la SIDE.

De acuerdo a lo publicado por La Nación, en un parte de inteligencia titulado “Hechos previstos 09JUL25”, la SIDE detalló cuáles eran las actividades políticas de dirigentes peronistas, radicales, de la izquierda y especialmente de La Cámpora. El informe fue fechado un día antes, 8 de julio, cuando estaba por vencer el plazo para presentar las alianzas que competirán en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. “Redactado por la Agencia de Seguridad Nacional, uno de los cuatro organismos que conforman la SIDE bajo el mando de Sergio Neiffert, el reporte también detalló diversas actividades públicas −todas lícitas− que se llevarían a cabo el miércoles 9 y días posteriores, como protestas gremiales, convocatorias callejeras y hasta actos culturales, además de actividades de colectivos de jubilados, personas con discapacidades, entre otros”, informó Alconada Mon. Allí se precisaban los horarios, recorridas y lugares específicos de concentración de cada manifestación.

En el parte de inteligencia también se refería que “el jefe político del espacio ‘Para Adelante’, Facundo Manes, mantuvo un encuentro en su domicilio con el ex intendente de Lanús, Néstor Grindetti”. Diego Kravetz, quien fue designado como subsecretario de inteligencia en la SIDE por el gobierno de Javier Milei, trabajó justamente con Grindetti en Lanús, lo que evidencia la interna que actualmente sacude a la agencia de inteligencia.

Varios de los actores mencionados en el artículo decidieron hacerse eco de la noticia y recurrir a los tribunales. El gobernador Axel Kicillof fue uno de ellos. El mandatario provincial realizó una presentación ante la justicia federal de La Plata, que quedó radicada en el juzgado a cargo de Alejo Ramos Padilla.

En su presentación, el gobernador Kicillof explicó que se anotició por notas periodísticas de “supuestas maniobras de espionaje ilegal por parte de funcionarios y/o personal de la SIDE contra mi persona, entre otros”. El mandatario se cuidó de no apuntar directamente contra el Presidente y pidió se abra una investigación “con urgencia” por “lo presuntamente ocurrido”, que definió como algo de “gravedad”. Kicillof solicitó a la Justicia que “proceda a la instrucción del sumario y a la producción de las medidas de prueba conducentes para el esclarecimiento de los hechos y la atribución de las responsabilidades penales correspondientes”. El juez federal Ramos Padilla ya ordenó certificar la existencia de otros expedientes abiertos por el mismo tema en otras jurisdicciones.

Al igual que Kicillof, el miércoles pasado las dos CTA denunciaron los hechos que se narraron en La Nación ya que las centrales gremiales también aparecían como objetivos de inteligencia. Las centrales sindicales hicieron la presentación de manera conjunta. A diferencia del gobernador, Hugo Yasky y Hugo Godoy, Secretarios Generales de la Central de Trabajadores de la Argentina de los Trabajadores y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, realizaron la denuncia ante los tribunales federales de Comodoro Py y directamente apuntaron al presidente Javier Milei y al jefe de la SIDE, Sergio Neiffert. El caso quedó radicado en el juzgado federal Nº 10 a cargo de Julián Ercolini.

En el escrito, las dos CTA afirmaron: “La finalidad aparente de estos informes sería la anticipación o el mapeo de las acciones de las organizaciones y las estrategias electorales de distintos espacios opositores y sindicales. Tal práctica se encuentra claramente prohibida por la Ley de Inteligencia Nacional, constituyendo un grave acto de espionaje ilegal y violación de la privacidad de los ciudadanos y dirigentes involucrados”.

El primero de los presuntamente espiados que concurrió a tribunales tras la nota de La Nación fue el diputado radical Facundo Manes. El legislador nacional se presentó el lunes en Comodoro Py y reclamó que los hechos que lo mencionan como víctima de un espionaje de la SIDE se investiguen en el marco de la causa que le inició al asesor estrella de Milei, Santiago Caputo, por amenazas luego de que lo increpara violentamente en el Congreso tras la Asamblea Legislativa de este año. “Se denuncia el hecho publicado en La Nación y se solicita que se investigue su existencia como un elemento de prueba de la coacción de la amenaza”, explicó a El Destape el abogado de Manes, el prestigioso jurista Andrés Gil Domínguez. El juzgado realizó una consulta para determinar si hay otras investigaciones abiertas por el mismo tema. Todo indica que habrá discusiones sobre la competencia territorial de estas causas. Es decir, dónde se deberá investigar.

En esa línea, la Comisión Bicameral de Inteligencia ya comenzó a tratar el tema.