La reforma laboral volvió al centro de la escena política. No está motivada esencialmente para reordenar las relaciones entre capital y trabajo en la nueva fase del capitalismo digital y global, sino como condición fundamental de un programa económico que necesita, para neutralizar su resistencia, disciplinar a la fuerza de trabajo, al tiempo de mejorar la tasa de ganancia empresarial.
El Fondo Monetario Internacional alienta “reformas estructurales” —incluida la del mercado de trabajo— como parte de la aprobación de sus revisiones del acuerdo firmado con el gobierno de Milei. La consigna conservadora es la de siempre: abaratar costos, flexibilizar, “modernizar” para ganar “competitividad”. Esta es la partitura repetida de la ortodoxia, ejecutada en conjunto por el Gobierno y el bloque de poder empresarial y financiero local e internacional. La cuestión clave de este debate no es la reforma en sí, sino su carácter: progresiva o regresiva en términos de derechos y poder de negociación.
Tras la crisis financiera global en 2008, las oleadas de “flexibilización” —abaratamiento de despidos, expansión de contratos temporales, debilitamiento de la negociación sectorial— fueron regresivas para los trabajadores, con epicentro en el sur de Europa y América Latina. Luego de 2015 emergieron contramovimientos: salarios mínimos más altos, fortalecimiento de la negociación colectiva y primeras normas para regular las contrataciones en las plataformas. Con la pandemia COVID-19, en 2020, el péndulo se movió hacia medidas pro-trabajador (prohibiciones temporales de despido, teletrabajo regulado, subsidios al empleo).
Desde 2023, sin embargo, se observa un deterioro acelerado del espacio sindical y del derecho de huelga, fenómeno que la Confederación Sindical Internacional — la voz mundial de los trabajadores— describe como “caída libre” de los derechos en todas las regiones.
El rumbo liberal-libertario no deja dudas. El DNU 70/2023 intentó un paquete exprés que alteraba período de prueba, multas por no registración y reglas de huelga; buena parte quedó frenada en tribunales. La “Ley Bases” (27.742) insistió con esa agenda por otras vías, extendiendo herramientas de flexibilidad y creando un sistema alternativo a las indemnizaciones (“cese laboral”). Esta es la versión local de disciplinamiento por goteo: si no se logra por la ley general, se avanza por decretos, reglamentos y piezas sueltas.
En paralelo, el oficialismo niega que se busque ampliar la jornada de trabajo, pero, como viene adelantado el periodista Mariano Martín en El Destape, el proyecto del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, habilita por convenio el banco de horas y otros regímenes de organización de la jornada, con 12 horas mínimas de descanso entre jornadas. No es un detalle insignificante: el banco de horas cambia el tiempo como eje del derecho laboral y traslada el riesgo y adaptación productiva al trabajador.
¿Qué es “modernizar” el trabajo hoy?
Modernizar en el discurso conservador es un eufemismo para abaratar despidos y fragmentar la negociación con los trabajadores. Descartar el objetivo de disciplinamiento laboral sirve para rescatar el concepto “modernizar” como el sendero para adaptar instituciones a transformaciones reales del capitalismo contemporáneo. Esto implica debatir una reforma laboral con criterio progresista.
Por caso, se deben regular las normas de contratación en la economía de plataformas; en las empresas con automatización por tareas no se contrapone “empleos que desaparecen” vs. “nuevos sectores”, sino tareas que se automatizan y tareas que se crean. Hay efectos de desplazamiento (menos demanda de trabajo), pero también de “reinstalación” (nuevas tareas). La política pública tiene la misión de administrar ambos procesos.
Avanzar, además, en renovadas regulaciones. Uno de los desafíos es cómo regular el trabajo en plataformas. Se debe reconocer una relación laboral cuando hay control algorítmico. Es la vía para modernizar con derechos y pisos sectoriales, no para pulverizarlos.
La reforma laboral cuando es progresiva combina nuevos pisos salariales y el reconocimiento de nuevas formas de negociación colectiva. El economista jefe de la Confederación Sindical Internacional, Daniel Kostzer, explica que las reformas laborales “pro-mercado” y “pro-competitividad”, en realidad, tienen el objetivo de disciplinar a la fuerza de trabajo, sea individual o colectivamente.
Señala que los casos de Grecia, España y Portugal mostraron cómo las reformas de ajuste —prioridad al convenio de empresa, abaratamiento de despidos, recorte de ultraactividad— degradan salarios y poder sindical; aunque luego, ante la escasa efectividad de estas reformas, esos países recompusieron pisos salariales y formas de negociación colectivos.
La negociación como columna vertebral
Investigaciones de la OCDE revelan que sistemas laborales coordinados y con alta cobertura favorecen la creación de empleo, el aumento de la productividad y el alza de los salarios. No es ideología; es simplemente evidencia empírica: para las y los trabajadores, la negociación sectorial multiplica cobertura, establece clasificaciones, licencias y formación que una pyme no podría obtener sola, y amortigua los ajustes en contextos inflacionarios y crisis económicas. Para los empleadores, nivelar el campo de juego evita la competencia desleal por salarios a la baja; además, hace previsible negociar una vez por año a nivel de cámara, en lugar de cientos de paritarias dispares.
Para el Estado, es una herramienta de política de ingresos y de formalización laboral. En Argentina, el régimen de convenios por actividad con homologación estatal explica el motivo de que la negociación alcanza a la gran mayoría del empleo registrado. Esto es un activo estratégico de estabilidad sociolaboral que el gobierno de Milei pretende erosionar.
Sturzenegger afirma que no se tocará la jornada de trabajo de ocho horas. Pero el banco de horas que propone permite estirar picos de trabajo y compensar luego con francos, licuando horas extras y volviendo el tiempo imprevisible. En una economía con salarios deprimidos, desempleo en alza y aumento de la informalidad, esta medida es profundamente desigual.
¿Cómo sería una reforma laboral progresista en Argentina?
Con la evidencia internacional comparada, especialistas del mercado laboral identifican los siguientes ejes para una reforma anclada en derechos, productividad y formalización:
- Actualizar la negociación paritaria por ramas sectoriales que fijen pisos de salarios, jornadas, licencias y formación.
- Regulación de plataformas con acceso a datos con transparencia de criterios, derecho a explicación y revisión humana. Evita la pseudoautonomía y el “control sin patrón”.
- Jornada con previsibilidad y salud que descarta el banco de horas y establece un esquema de compensaciones obligatorias, límites estrictos a la disponibilidad y protección de cuidados. La productividad no se obtiene por agotamiento, sino por organización y tecnología.
- Sistema de protección frente a despidos que combine indemnización con opciones de fondo sectorial de cese en actividades de alta rotación negociadas en paritarias, con aportes tripartitos y reglas antielusión.
- Salario mínimo vital y móvil con regla: un mecanismo explícito de actualización (inflación pasada + variación de salarios + productividad tendencial), pactado en Consejo del Salario.
- Formación y reconversión por tareas: un derecho formativo financiado vía fondos paritarios (empresas + Estado) para reubicar trabajadores en tareas no automatizables. Esto implica menos ajuste y más formación.
- Inspección laboral con enfoque de cadena: mirar al dador de marca y no solo al subcontratista.
- Corresponsabilidad en cuidados: licencias familiares extendidas, derecho a desconexión y organización del tiempo libre. El objetivo es una productividad sostenible.
- Teletrabajo con costos a cargo de quien manda: desconexión, compensación de gastos, prevención de riesgos psicosociales, protección de datos personales.
- Instituciones para pymes: ventanilla única laboral, simplificación administrativa y paritarias sectoriales que reduzcan costos de transacción (una negociación por rama en vez de cien por empresa), con asistencia técnica pública. La negociación paritaria por sector es propyme, no su enemiga.
La modernización laboral que ofrece el mileísmo coincide con la cartilla del FMI y con el anhelo histórico del establishment: disciplinar a la fuerza de trabajo.
La reforma laboral es política
La modernización laboral que ofrece el mileísmo coincide con la receta del FMI y con el anhelo histórico del establishment: disciplinar a la fuerza de trabajo. Kostzer explica que el eslogan “reforma laboral” suele ser el atajo para debilitar indemnizaciones, diluir la jornada de ocho horas y recentrar el poder de mando en la empresa. En una economía atravesada por plataformas y tercerizaciones, esa “flexibilización” no corrige desajustes: consolida asimetrías.
La actual fase del capitalismo global está modificando cómo se produce. Esto no implica aceptar que se pase a una etapa de sobreexplotación del trabajador. Si el Estado se retira, decide quién tiene más poder de mercado; si el Estado regula con sindicatos y cámaras, el incremento de la productividad se comparte y el desarrollo económico es menos frágil.
La reforma laboral que impulsa Milei —por DNU, por capítulos de la Ley Bases y por el proyecto de reforma laboral que se tratará en sesiones extraordinarias— es regresiva: diluye la protección del trabajador, flexibiliza las relaciones laborales en forma unilateral, debilita la negociación sectorial y busca trasladar riesgos al trabajador.
La economía argentina necesita otra cosa: consolidar instituciones para que la productividad se distribuya y el cambio tecnológico no se pague con precariedad. Una reforma laboral progresista que avance en lo que la evidencia recomienda: fortalecer la negociación paritaria, actualizar el piso salarial, reconocer nuevas formas de trabajo para avanzar en renovadas relaciones laborales sin demoler derechos.
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